Por derechos humanos, para evitar que Europa aperciba a España o porque, como reconoce Grande-Marlaska, la transposición de la directiva se realizó de modo “no correcto”. Hay presos que cumplen dos veces castigo por el mismo delito.
Históricamente, cada primer sábado después del día de Reyes se celebraba en Bilbao una manifestación contra la dispersión de los presos. Una vez finalizada esta política penitenciaria de excepción —el 23 de marzo de 2023—, en 2024 volvió a convocarse la movilización. El acento se ponía en reclamar el fin de todas las políticas de excepción —no solo la dispersión—, y que se aplique sobre los presos de ETA la legislación ordinaria de una vez por todas. Es decir, que decaigan las condenas a más de 40 años, que puedan acceder a juzgados de proximidad y que se les compute el tiempo pasado en las cárceles francesas.
Por ello, más de 70.000 personas volvieron a recorrer la calle Autonomía. Fuera de Euskal Herria no se entendió qué eran esas “otras políticas de excepción”, y lo único que saltó a los medios es que la actriz Itziar Ituño portó la pancarta, junto con otras personalidades de la cultura vasca. Recibió críticas feroces y le cancelaron contratos.
La actriz, como el resto de escritores, sindicalistas, músicos y políticos de casi todo el espectro político de Euskal Herria —a excepción de PP y Vox— que iban en la cabecera reclamaban igualdad de trato, algo que distintos gobiernos españoles han evitado con la introducción de enmiendas como la de la ley 7/2014. Esta norma debía trasponer una directiva europea de 2008 para acomodar la legislación española y que todas las sentencias condenatorias penales dictadas en distintos Estados europeos tuvieran los mismos efectos en España. Es decir, que se compute el tiempo cumplido en prisiones de otro país por hechos conexos a condenas emitidas por los tribunales españoles. O más resumido aún: que por el mismo delito no se cumpla castigo dos veces.
La enmienda que impidió trasponer adecuadamente la directiva europea la introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy, y el PSOE la avaló con su abstención en el Congreso. Aunque su aplicación es de alcance general, su afectación es muy concreta: se aplica a delitos cometidos hasta 2010 —ETA cesó su actividad en 2011—. Por ello, la Asociación de Víctimas del Terrorismo levantó la voz esta semana después de que el PP y Vox aprobaran corregir la enmienda de 2014 en el Senado. En el orden del día, este punto estaba remarcado en negrita, para que no hubiera sorpresas luego.
Según los cálculos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, 44 personas condenadas por pertenencia a banda armada, entre otros delitos, podrían beneficiarse de la correcta aplicación de la directiva. En la manifestación de Bilbao a esto no lo consideran un “beneficio”, sino un cumplimiento de los Derechos Humanos, que coloca detrás de la misma pancarta a personas que en su día apoyaron a ETA junto con otras que la condenaban.
A pesar de los gritos y aspavientos del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien el tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo apercibió hasta en seis ocasiones por hacer la vista gorda en sendos posibles casos de tortura, admitió ayer que el cambio propuesto en el proyecto de ley diez años después —y dieciséis años tras la directiva europea— supone “simplemente trasponer una normativa de la Unión Europea” que en su día se hizo de modo “no correcto”. Aprovechó el momento para criticar la “desgraciada instrumentalización” de las víctimas de ETA que ha hecho la derecha. Víctimas como Maria Jauregi o Consuelo Ordóñez también han criticado la instrumentalización.
Otro político que está muy lejos de defender un indulto a presos de ETA —lo que vendría a ser las excarcelaciones inmediatas que auguran la Asociación de Víctimas del Terrorismo— es el lehendakari Imanol Pradales. En la apertura del año judicial, que tuvo lugar el miércoles, expresó que en “Euskadi creemos en la justicia, pero no en una justicia revanchista. Tampoco en una cuyo último fin sea buscar venganza. Eso no es hacer justicia”, en clara referencia al apoyo que el PNV va a dar a la correcta transposición de la directiva europea.
En 2003, el Gobierno de Jose María Aznar introdujo una modificación penal que también buscaba un trato diferente hacia los presos de ETA. La ley 7/2003 para el cumplimiento íntegro de las condenas establece el tope de las condenas cuando estas se refunden. En los delitos ordinarios, cuando al menos dos de ellos tienen más de 20 años de condena cada uno y la suma exceda los 40 años, se limita el tiempo en cárcel a 40 años. Para los delitos tipificados como terrorismo, con un delito superior a 20 años, ya se aplica el límite de 40 años. Son diez años más que en delitos ordinarios.
El Pleno del Congreso de los Diputados del próximo lunes 14 deberá votar sobre la enmienda para la transposición correcta de la directiva europea. Quizá se convoque para ello una votación excepcional, antes de mediodía. Hasta la fecha, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no ha apercibido a España por este asunto, pero una sala de la Audiencia Nacional ha pedido consejo sobre este asunto y es previsible que Europa se pronuncie en breve, si España no lo enmienda antes.