Tanto el Protocolo de Kioto como el sistema europeo de comercio de derechos de emisión están en vigor desde 2005, pero el consumo de combustibles fósiles, en especial el de carbón, ha aumentado. La razón son los precios baratos del carbón, el gas y el petróleo debido, entre otras cosas, a la explotación -problemática desde […]
Tanto el Protocolo de Kioto como el sistema europeo de comercio de derechos de emisión están en vigor desde 2005, pero el consumo de combustibles fósiles, en especial el de carbón, ha aumentado. La razón son los precios baratos del carbón, el gas y el petróleo debido, entre otras cosas, a la explotación -problemática desde el punto de vista medioambiental- de combustibles no convencionales procedentes de arenas bituminosas o extraídos la fracturación hidráulica.
El comercio de derechos de emisión y los otros dos mecanismos «flexibles» de Kioto fueron otras tantas falacias desde el principio. En las negociaciones de Kioto de 1997, la Unión Europea se había pronunciado a favor de límites máximos claros para las emisiones, pero EEUU y Japón se impusieron. Los principales partidarios del comercio de derechos de emisión fueron BP y Shell, dicho sea de paso.
No debemos olvidar que al final de las arduas negociaciones del Protocolo de Kioto, el comercio de derechos de emisión fue visto como una solución transitoria que debería ser reemplazada en 2020. Ahora se declara como única opción. Esto no debe quedar así.
La UE instaló un sistema parecido al mismo tiempo. Pero dado que se expidieron demasiados certificados a las empresas, el comercio de derechos de emisión no ha servido como incentivo para inversiones en tecnologías con emisiones menores o libres de emisiones de CO2. Así, los precios para una tonelada de CO2 deberían estar entre 20 y 30 euros. A mediados de noviembre de 2015 el precio está en los ocho euros.
Pero lo que es aún peor: algunos estudios de 2012 muestran que la mayor parte de las compras de certificados de emisión la realizaron inversores financieros que los comercian para ganar dinero. Estos inversores se benefician más en la compraventa si hay grandes fluctuaciones. Y no tienen un interés directo en la reducción de las emisiones de CO2. El sistema, sin embargo, se basa precisamente en que no sólo haya precios bastante altos, si no que estos también sean estables y las empresas puedan planificar.
Los otros dos llamados «mecanismos flexibles» del Protocolo de Kioto permiten a los contaminadores en los países industriales liberarse de los esfuerzos en política climática invirtiendo en otros países del Norte Global o del Sur Global. A esto se le llama «aplicación conjunta» o «mecanismos de desarrollo limpio». De cara a los países en desarrollo esto es impúdicamente imperial, porque los proyectos climáticos a menudo están en contra de los intereses de la población local. Es por ello que en muchos lugares ha surgido la resistencia local. El investigador de política climática Achim Brunnengräber habla con mayor precisión de «comercio moderno de indulgencias», porque las empresas más ricas y poderosas del Norte pueden seguir contaminando gracias a que apoyan proyectos muchas veces dudosos en otras partes.
Lo último en política climática internacional, las «contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional» (en inglés INDC, a mediados de diciembre todos conoceremos el término), es una nueva ronda de voluntarismo no vinculante. Hoy podemos ver qué significa «voluntarismo» observando el escándalo de Volkswagen en Alemania.
Desde el punto de vista político no se trata de negociar eternamente límites máximos sino de terminar con unos métodos de producción que son destructivos.
Por eso hay que constatar que con su lógica neoliberal el comercio de derechos de emisión y los otros dos «mecanismos flexibles» consolida el sistema económico basado en los combustibles fósiles (y nucleares). Las alternativas están siendo bloqueadas. Mientras en la política climática existan mecanismos flexibles y presuntamente conformes al mercado, estará asegurado ante todo el poder de las empresas mineras, el de los grupos energéticos e industriales el de los gobiernos que los sostienen.
Una reforma fundamental de la economía energética y de la economía en general no debe ser sometida a los intereses de actores con poder de mercado. Los éxitos reales en política climática y contra el cambio climático, como la ley alemana de promoción de las energías renovables, fueron implementados contra la resistencia inicial de la industria.
El abandono de la energía del carbón actualmente en la agenda política de Alemania necesita un debate político concreto en Alemania. Por eso son importantes los debates críticos públicos y los movimientos locales de resistencia contra las iniciativas de fracturación hidráulica o la construcción de centrales térmicas de carbón. El movimiento Ende Gelände (terreno final) a favor del cese de la extracción y explotación de carbón se está perfilando como el sucesor legítimo del movimiento antinuclear.
Y existen muchas iniciativas que ya hoy viven un modelo de prosperidad diferente: abandonando el automóvil, los alimentos procedentes de las fábricas de carne y de la agricultura industrializada y otras más.
Se trata de reconstruir fundamentalmente el modelo de producción y el estilo de vida, se trata de una transformación social y ecológica. Que esta transformación no se haga a expensas de los débiles, sino que se piense en lo social y lo ecológico conjuntamente con las cuestiones de poder y de propiedad: ese es el punto de inserción específico de la política progresista.
En el ámbito internacional esto significa ofrecer alternativas a medio plazo para los países cuya economía se basa en la extracción y comercio de petróleo, gas y carbón. Se trata por lo tanto de una economía mundial ecológica y solidaria.
Ulrich Brand es catedrático de Política Internacional en la Universidad de Viena
Traducción del alemán: Olivia van Riesen
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