Una noticia que gran parte de los medios de información españoles (incluyendo catalanes) consideran como extraña o paradójica es que un gran número de barrios populares que votan a En Comú Podem en las elecciones generales, donde se eligen a los miembros de las Cortes Españolas, voten, en cambio, a Ciudadanos en las elecciones autonómicas […]
Una noticia que gran parte de los medios de información españoles (incluyendo catalanes) consideran como extraña o paradójica es que un gran número de barrios populares que votan a En Comú Podem en las elecciones generales, donde se eligen a los miembros de las Cortes Españolas, voten, en cambio, a Ciudadanos en las elecciones autonómicas catalanas, donde se eligen a los miembros del Parlament de Catalunya. Puesto que ambas formaciones políticas están, en realidad, en polos opuestos en el abanico político del país (tanto en Catalunya como en España), tal comportamiento se presenta como extraño, comportamiento que algunos tertulianos de fórums conocidos han incluso definido como esquizofrénico. E incluso en algunos círculos un pelín pedantes que existen en algunos ámbitos universitarios, lo han catalogado de irracional, un signo de inmadurez del electorado popular.
En realidad, si uno es capaz de aplicar objetividad en el análisis, es extraordinariamente fácil de entender por qué tales barrios populares votan a En Comú Podem en las elecciones españolas y a Ciudadanos en las catalanas. Para entenderlo, sin embargo, hay que comprender primero dos cosas. Una es que en Catalunya y en España existen clases sociales, es decir, burguesía, pequeña burguesía, clases medias y clases trabajadoras. La imagen sobre la estructura social de Catalunya más extendida hoy en este país es que la mayoría de catalanes son y se sienten de «clase media», observación que se presenta como obvia, carente de ideología. De esta manera se clasifica a la población en tres sectores (las clases altas o ricos, las clases medias, la mayoría, y las clases bajas, los pobres). Esta visión de la composición social de Catalunya es una enorme simplificación, lo cual no es un obstáculo para que se repita constantemente, habiéndose convertido en un dogma reproducido en la sabiduría convencional del país (que es el conocimiento que la estructura de poder desea que la población haga suyo y lo reproduzca) que se distribuye a través de los mayores medios de comunicación.
Hay clases sociales en Catalunya y en España. Y las políticas de los partidos gobernantes, tanto en Catalunya como en España, han favorecido a unas clases a costa de otras.
La evidencia muestra claramente que, aun cuando cada clase social ha ido variando en su composición, las clases sociales descritas anteriormente continúan existiendo y actúan en muchas ocasiones de una manera predecible, como es el caso del comportamiento diferencial entre las elecciones españolas y las catalanas. Según las encuestas actuales de apoyo electoral a distintas formaciones políticas, parece ser que en las elecciones españolas el mayor adversario de la mayoría de la clase trabajadora catalana (que constituye el principal sector de las clases populares en Catalunya) es el partido conservador-neoliberal (las derechas) que representa mayoritariamente los intereses de las clases más pudientes: el Partido Popular.
Esta observación parecería partidista, pero no lo es. La evidencia científica muestra de manera abrumadora el enorme impacto negativo que han tenido las políticas públicas impuestas (y digo impuestas pues no estaban en sus programas electorales) por el gobierno del Partido Popular en la calidad de vida y bienestar de las clases trabajadoras de los distintos pueblos y naciones de España, incluyendo las catalanas. Tanto las reformas laborales como las medidas de austeridad, con los recortes del gasto público (políticas iniciadas por el PSOE bajo el mandato del presidente Zapatero y expandidas por el gobierno Rajoy), han tenido un impacto devastador, que continúa a pesar de las proclamas de recuperación. Los datos así lo muestran. En 2017, los salarios siguieron estancados; la remuneración siguió manteniéndose constante. En realidad, tener un trabajo ya no es garantía de poder salir de la pobreza; el 70% de los hogares no percibió en 2017 efectos positivos de la recuperación económica; el 28% de la población española sigue en riesgo de pobreza y exclusión social; la pobreza laboral se cronifica con un 14,1% de la población empleada en situación de pobreza; continúan sin recuperarse casi la mitad de los 3,8 millones de empleos perdidos entre 2007-2014; la gran mayoría de nuevos puestos de trabajo son temporales, el 57% de los empleos creados desde el II trimestre de 2014 hasta hoy lo son (con un período de contratación cada vez menor, con el tipo de contrato más frecuente inferior a 15 días, y una cuarta parte de menos de 7 días) y así un largo etcétera. Por no hablar de la brecha salarial de género que sigue manteniéndose en unas cotas elevadísimas del 14,9%.
Ahora bien, a la vez que tales reformas de claro corte neoliberal están dañado al mundo del trabajo han tenido un impacto muy positivo en los beneficios empresariales, que han aumentado considerablemente. De nuevo, los datos son abrumadores. Las rentas del trabajo como porcentaje del PIB en España han continuado bajando (20.000 millones de euros al año) a costa de un gran incremento de los beneficios: las rentas derivadas de la propiedad han continuado aumentando. La llamada recuperación está muy sesgada a favor de las rentas superiores a costa de las rentas de las clases populares. Los datos así lo demuestran.
Es lógico y muy racional, por lo tanto, que, como protesta ante esta realidad, las víctimas de estas políticas en Catalunya, que es sobre todo la mayoría de la clase trabajadora, votaran en las elecciones legislativas españolas del 2015 a la fuerza política que lleva a cabo una oposición mayor y más creíble hacia dicho gobierno, es decir, a En Comú Podem. Y el hecho de que, según las encuestas actuales, tal coalición continuaría siendo la fuerza política mayor votada en Catalunya en las estatales en los barrios populares parece reflejar que dicha formación política continúa siendo percibida por las clases populares como la más crítica con el partido causante de su malestar a nivel del Estado.
¿Por qué votan, en cambio, a Ciudadanos en las catalanas?
Ahora bien, las mismas encuestas electorales muestran que en las elecciones catalanas el adversario principal de las clases populares no es la derecha española, sino la derecha catalana que ha gobernado Catalunya durante la gran mayoría del periodo democrático. Es Convergència, rebautizada dos veces en el periodo de dos años, que antes con la colaboración de UDC (la derecha cristianodemócrata), y ahora con la colaboración de ERC y también la CUP, ha gobernado Catalunya durante más de treinta años. Esta derecha ha seguido políticas públicas neoliberales que han dañado también claramente el bienestar de la clase trabajadora. Las reformas laborales (aprobadas en las Cortes Españolas también con los votos de las derechas catalanas), así como los recortes del gasto público (de los más acentuados en España) han antagonizado claramente a tales clases populares. El gobierno convergente (y sus aliados) lideró en España los recortes del gasto sanitario; Catalunya tiene el gasto público educativo más bajo de toda la Unión Europea (con un 2,8%) y muy lejos de lo que marca la Ley de Educación catalana (un 6%). Catalunya es también una de las regiones europeas con mayores desigualdades sociales, incluyendo desigualdades de género (las mujeres catalanas cobran por término medio un 26% menos que los hombres). El trabajo ha dejado de ser un pasaporte de ciudadanía que garantice una vida digna a los catalanes y las catalanas: más de medio millón de trabajadores no tienen un salario que les permita tener tal tipo de vida, habiendo aumentado la pobreza laboral, hasta un 12% en 2016. En Catalunya hay, pues, 385.000 trabajadores pobres que continúan creciendo en su extensión y profundidad en la pobreza. Un tanto semejante con la infancia en situación de pobreza severa. Los infantes que viven en familias con ingresos menores a 6.444 euros anuales, ha aumentado en Catalunya un 23% entre 2013 y 2015, pasando de un 7,7% (212.431) de los niños catalanes en 2013 al 11,7% (261.970) en 2015. Catalunya es también la comunidad autónoma en la que se han practicado más desahucios: el 21,5% de todos los ejecutados en España (sólo en el segundo trimestre de 2017). Entre 2011 y 2016 la población con sobrecarga de gasto para la vivienda (quienes dedican más del 40% de su renta a cubrir los costos de la vivienda) se ha incrementado significativamente, especialmente entre los jóvenes. La gran labor realizada por el Ayuntamiento de Barcelona, el ayuntamiento con mayor sensibilidad social en España con el mayor crecimiento del gasto social por habitante, queda limitada por la falta de apoyo del gobierno catalán independentista y del partido gobernante en España para resolver éste y los otros graves problemas sociales.
¿Dónde está la recuperación?
Cada uno de estos datos, entre muchos otros, cuestiona la imagen de recuperación que los portavoces del gobierno independentista trasmitieron durante las elecciones. Ahora bien, el punto final que ha incrementado el antagonismo de las clases populares respecto a las derechas gobernantes ha sido la conversión de dicha fuerza política (y del gobierno catalán que preside) al independentismo, lo cual ha dividido de una manera muy marcada a la población catalana según su identidad nacional, lo que, obviamente, representa una amenaza hacia la clase trabajadora, la mayor parte de la cual es de habla castellana. De ahí que este gobierno independentista fuera percibido en las elecciones del 21D como el adversario número uno para la mayoría de la clase trabajadora catalana y otros componentes de las clases populares.
Y de ahí se explica que el partido al que apoyaron electoramente sea el partido que es percibido como el máximo adversario de dicho gobierno independentista, que no es En Comú Podem sino Ciudadanos. Ciudadanos nació en Catalunya y desde el principio fue percibido como un partido contrario al nacionalismo catalán, y ha hecho de su clara hostilidad hacia el independentismo catalán su marca. Es lógico y predecible, por lo tanto, que las clases populares lo voten en las catalanas. En el comportamiento electoral el «estar en contra» cuenta tanto como el «estar a favor». Y el adversario mayor varía de una elección a otra.
La difícil situación de las izquierdas no independentistas en Catalunya
Pero en este voto a Ciudadanos hay una crítica a las izquierdas no independentistas, incluyendo a En Comú y a Podem (que estuvieron separados durante la mayor parte del periodo preelectoral). La dirección de Podem tomó una posición cercana a la CUP y a ERC, lo que alienó a grandes sectores de los votantes y de los inscritos de Podem (la máxima autoridad de Podem), que es el grupo de votantes más concienciado políticamente de Podem; tal es así que a la primera oportunidad que tales inscritos tuvieron de votar, expresaron su claro rechazo hacia dicha línea política. El voto no pudo ser más masivo en contra de la opción seguida por la dirección anterior del partido. Su claro rechazo a la línea política independentista explica la dimisión del Secretario General un día antes de conocerse el resultado de la elección, al ver la participación tan masiva de los inscritos, para los cuales era difícil de entender y apoyar la deriva de Podem hacia el independentismo. En este sentido, no es cierto que fuese Pablo Iglesias el que expulsara a la dirección de Podem, como tendenciosamente se ha presentado en los medios. Fue la máxima autoridad de Podem Catalunya -los inscritos-, en una votación masiva sin precedentes, los que eligieron un cambio. Esta es la realidad ignorada por los medios de información independentistas próximos a la dirección anterior de Podem.
Por otra parte, parte de la coalición En Comú intentó apostar por recuperar al «independentista frustrado», mostrando las falsedades y limitaciones del famoso «procés». La mayoría de la coalición Catalunya En Comú-Podem, sin embargo, intentó conseguir el apoyo de las clases populares, criticando al gobierno independentista por su aplicación de las políticas responsables de la enorme crisis social de Catalunya, claramente reflejada en el hecho que el 40% de los catalanes no viven ya mejor que sus padres. En esta estrategia se criticó la utilización de las banderas (la estelada por los independentistas y la borbónica por parte de los monárquicos) para ocultar las responsabilidades que tanto el gobierno español como el catalán tenían en haber creado la enorme crisis social, y fue este énfasis en el tema social, acentuado en la segunda parte de la campaña, lo que permitió una ligera recuperación. El nuevo Podem dio su total apoyo a esta estrategia. Ahora bien, el mensaje «patriótico» español, que era la defensa de la identidad española en Catalunya, lo ganó Ciudadanos.
Hay todavía mucho por hacer
Y ahí está el desafío de las izquierdas no independentistas. Como he indicado en un artículo reciente (ver «Lo que no se ha contado sobre las elecciones catalanas», Público, 05.01.18), uno de los mayores problemas que las izquierdas (incluyendo las catalanas) tienen en el tema nacional es presentar una visión alternativa de lo que es España, siendo la visión actual monárquica la heredada de la dictadura. La visión de España en la calle es la visión monárquica de España. Y ahí está el problema, pues es ello lo que hace posible que un partido de derecha «dura» como Ciudadanos pueda canalizar el sentido de pertenencia e identidad españoles, presentándose como el defensor de la unidad de España frente a los separatistas. En realidad, tal como mostré en aquel artículo, las propuestas políticas neoliberales de Ciudadanos son de las más duras de la bancada neoliberal, y afectarían todavía más negativamente la calidad de vida y bienestar de las clases populares, desfavoreciendo las rentas del trabajo a costa de favorecer las rentas del capital. Pero esto quedó ocultado por el propio Ciudadanos y por la mayoría de medios de información españoles en Catalunya, favorables al crecimiento de dicho partido.
Y este es el reto de las izquierdas no independentistas catalanas: el de expresar su «españolismo» sin promover la visión de España heredada del franquismo. La alianza a favor del 155 era también la alianza de los partidos monárquicos y de los partidos a favor del 135 (que exige como prioridad del Estado el pago de los intereses a la banca); aunque Ciudadanos no votó a favor del artículo 135 porque no estaba en el Congreso en el momento de su aprobación, sí que ha dado apoyo político a los partidos que impulsaron su reforma. El reto de las izquierdas era presentar otra visión de España, contraponiendo la España de la austeridad con la España social, y la visión monárquica con la visión republicana. La ausencia de esta última alternativa permitió a las derechas monopolizar el símbolo, confirmando así el famoso dicho de Gramsci, de que quien controla la bandera, lo controla prácticamente todo.
En este aspecto, la ausencia de la recuperación de la memoria histórica ha tenido un coste enorme. No ha habido plena conciencia de ello por parte no sólo de las nuevas izquierdas, sino de todas las fuerzas democráticas. Esta es la causa de que Ciudadanos continúe ganando frente al independentismo, porque han monopolizado la visión de España, al no haber una alternativa a la visión monárquica de ésta, encontrándose así las izquierdas no independentistas en un callejón sin salida. De ahí que conceptos como la plurinacionalidad sean muy importantes. Pero ellos deben formar parte de una nueva concepción de España que vaya más allá de la configuración del Estado y que tiene que ver con la propia concepción de lo que es patria o nación. La lucha para redefinir España pasa en parte por la recuperación de la memoria histórica y de la cultura republicana. Y, por otra, por la propia redefinición de lo que es patria y nación. Y ahí hay mucho por hacer.