Entre los elementos que se estaban discutiendo en el diálogo social abierto al comienzo de la legislatura actual y que, de momento, al interrumpirse éste, está en una situación de suspensión, está el de la reclamación por parte empresarial de la bajada de las cotizaciones sociales, recibida con buena predisposición gubernamental que, en los estertores […]
Entre los elementos que se estaban discutiendo en el diálogo social abierto al comienzo de la legislatura actual y que, de momento, al interrumpirse éste, está en una situación de suspensión, está el de la reclamación por parte empresarial de la bajada de las cotizaciones sociales, recibida con buena predisposición gubernamental que, en los estertores del comienzo del verano, prometió una bajada de un punto y medio a repartir en dos ejercicios y una reticencia de los sindicatos CCOO y UGT, aunque no frontal.
La idea publicada por parte empresarial era la de reducir de forma permanente hasta cinco puntos las cotizaciones empresariales a la vez que se ‘compensaba’ parte de esa pérdida recaudatoria elevando los tipos de IVA.
Por su parte, el Gobierno rechazaba, por diferentes interlocutores, la subida de los tipos de IVA en el actual periodo de caída del consumo, que podría agravarla y arañaba una reducción de medio punto en la cotización de accidentes y prometía un punto adicional para el ejercicio próximo.
Los mencionados sindicatos alertaban del peligro de poner en riesgo la financiación global del sistema de seguridad social, la inoportunidad de la propuesta para lograr un acuerdo definitivo en el cacareado diálogo social pero eludían una confrontación con la alternativa gubernamental.
¿Qué significan las cotizaciones sociales?
Tal y como están dispuestas en nuestro ordenamiento son, entre otras cosas, las que aseguran y dan derecho a devengos (futuras prestaciones) de los trabajadores en casos de jubilación, accidentes o desempleo. Son parte, pues, del salario indirecto del trabajador.
Su simple reducción arrastraría una menor cobertura presente y futura de las prestaciones devengadas, aunque sólo fuera porque afectarían al tamaño del fondo de reserva.
La reducción simple sería un atentado a los derechos de los trabajadores.
Dicho lo anterior y acercándonos a la problemática subyacente de empresarios y estudiosos de la economía que simplifican las cotizaciones sociales como costes del trabajo y que la reducción de las mismas, abarataría el coste global del trabajo haciendo por este método más competitiva a las empresas (¡focalizando en ese factor lo que no se busca suficientemente en otras estrategias empresariales!) comprobaríamos que en otros países el método utilizado es que sean los impuestos los que, por ley, sufraguen los derechos de devengos de los trabajadores. Es decir, que en lugar de cotizaciones proporcionales a la cantidad de salarios empleados en la economía, total o parcialmente se utilizan los impuestos para cubrir esos devengos. Y esto que tiene una cierta lógica y que puede ser, como todo, objeto de discusión, está en contradicción con el Pacto de Toledo (separación de fuentes en la obtención de los ingresos para gastos contributivos -pensiones, por ejemplo- realizables con cotizaciones sociales y los gastos universales -sanidad, por ejemplo- vía impuestos).
Esta era una de las críticas fundamentadas del Pacto de Toledo dado que esa separación de fuentes, y aunque se garantizaba un mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones, implicaba dos cosas:
-Una, por lo menos formalmente, un desestimiento del ‘Estado’ sobre la cobertura de las pensiones si no se hicieran correcciones actuariales oportunas que igualasen las prestaciones de la población asistida con las contribuciones y devengos de los contribuyentes de esas cotizaciones.
-La otra consecuencia de esa separación de fuentes es que el monto de las prestaciones ‘contributivas’ se desligaba del crecimiento económico.
Las correcciones ‘actuariales’ habidas desde la firma del Pacto de Toledo han sido, qué casualidad, reducciones de los devengos o aumentando las restricciones para obtener en el futuro prestaciones de los actuales contribuyentes. Como se han hecho en años que ha crecido la economía, y se ha reducido la participación de los salarios en la Renta Nacional, a pesar del incremento del número de los trabajadores ocupados, y las cotizaciones son un porcentaje de los salarios, se demuestra la segunda implicación de estar desligadas las prestaciones y devengos del crecimiento económico.
Aún más, la generosa visión social liberal de los distintos gobiernos ha hecho que hubiera una competición de reformas fiscales a la baja en los tipos de los impuestos directos o su simple eliminación, empeorando la redistribución del crecimiento económico. Aplaudidas por los estamentos empresariales menos consecuentes.
Y ahora, nos dicen que viene el lobo y algunos empresarios reclaman reducciones de cotizaciones sociales y, para vestir el desaguisado de ciertas incompetencias, para compensar, que se suban los tipos del impuesto de consumo que afecta a toda la población.
Lo propio, para empezar a dialogar sería que hubiera dos correcciones, una al Pacto de Toledo asegurando que el Estado y el conjunto de sus ingresos -en los que un sistema fiscal sin un fraude relevante y con un marcado nivel progresista de obtención- garantizaría el conjunto de las pensiones y la otra, que esa reducción de salario indirecto de los trabajadores se compensase con una bolsa de impuestos, en los que los impuestos directos fueran el grueso de la reforma y que, por lo tanto, habría que hacer una reforma fiscal para bascular el peso de quienes pagan los impuestos, recreando un impuesto de grandes fortunas o el de sociedades de cartera, el IRPF… antes que exclusivamente fijarse en el IVA.
La salida a la crisis puede ser hecha para que al final todo siga igual, buscando en la precarización laboral y salarial una competitividad aunque sea temporal, sin cambiar pautas de modelo económico, crecimiento y de redistribución de la renta o buscando unos cambios que cambien los desequilibrios actuales para hacer permanente una senda de desarrollo más eficiente y justa.
Santiago González es economista. Trabaja en el Área de Acción y Solidaridad Internacional de la Unión Sindical Obrera (USO)