La democracia municipal está desde hace tiempo en el punto de mira de reformas legislativas profundamente regresivas. Ya en los primeros años de la crisis, desde algunos círculos empresariales se reclamó la supresión de ayuntamientos. Y si hace unos meses el Gobierno anunciaba una llamada Ley de Racionalización, ahora responde con una reforma de la […]
La democracia municipal está desde hace tiempo en el punto de mira de reformas legislativas profundamente regresivas. Ya en los primeros años de la crisis, desde algunos círculos empresariales se reclamó la supresión de ayuntamientos. Y si hace unos meses el Gobierno anunciaba una llamada Ley de Racionalización, ahora responde con una reforma de la legislación electoral ante el riesgo de que las próximas elecciones municipales hagan inviables los consensos bipartidistas o abran la posibilidad a que los gobiernos locales se conviertan en aliados de la ciudadanía contra las políticas de expolio. De un lado, la guerra emprendida contra la sociedad por la Troika y sus grupos financieros, dirigida hacia lo que queda del sector público municipal con la deuda como coartada, y de otro, la democracia, la lucha por el derecho público a la ciudad, este sería en resumen dos grandes líneas que se confrontan en el escenario municipal.
En el camino hacia la destrucción social de Europa dirigido por la Troika, ha sido ya fijado el próximo objetivo: los ayuntamientos, junto con sus bienes y servicios, son lo siguientes en la escalada financiera contra la sociedad. La enorme acumulación privada de riqueza, derivada de la especulación que ha llevado a la crisis global de estos años, necesita encontrar nuevos espacios para la valorización y su objetivo ahora apunta hacia la autonomía local. Ya en 2011, el Deutsche Bank, en su informe a la Comisión Europea «Beneficios competencias y crecimiento«, indicaba que los Ayuntamientos ofrecen el mayor potencial de privatizaciones. Esta es la verdadera razón que mueve la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el último asalto ordenado desde los poderes financieros para expoliar los ayuntamientos y neutralizar el riesgo de que por su cercanía a la gente y a los escenarios del malestar social, puedan convertirse en un aliado para la práctica democrática y la concreción de poderes ciudadanos frente a la dictadura financiera.
Sin embargo, el expolio de los ayuntamientos no es algo reciente. Desde los años 90 y en particular en los últimos 15 años se viene produciendo con el concurso de varios factores:
El Pacto de Estabilidad Presupuestaria y Crecimiento Interno con las distintas medidas anuales que de él se derivan, que impusieron a los Ayuntamientos los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados por el Estado de acuerdo con la UE. Las consecuencias de ello van desde la limitación de las posibilidades de contratación de personal, abriendo incluso la posibilidad de despidos colectivos, hasta el deterioro planificado de los servicios, para favorecer campañas ideológicas de desprestigio de lo público, pasando por la una reducción drástica de la capacidad de inversión y la limitación del gasto corriente hasta el punto de poner en riesgo el propio funcionamiento. En resumen: la propia lógica del Pacto conlleva un proceso forzado de endeudamiento, incremento de los tributos locales, privatizaciones de servicios públicos municipales y enajenación de patrimonio.
El segundo factor, agente del expolio municipal, han sido los recortes en la financiación que, en vez de reorganizar el gasto eliminando el despilfarro y las corruptelas, llevaron a la reducción en los servicios que se prestan, sin orden de prioridades ni programación de necesidades.
Un tercer factor de impacto fue la aprobación del Pacto Fiscal con el objetivo suscrito en el ámbito europeo de disminuir al 60% en veinte años la relación deuda/PIB. Ello supone una reducción anual drástica del 3,3% con un coste de más de 50.000 millones de euros al año. Si a esto se añaden las medidas para constitucionalizar la doctrina neoliberal, el cuadro final queda claro. El objetivo es colocar a los Ayuntamientos contra la pared desde el punto de vista económico y obligarlos a poner todo su patrimonio a disposición del lobby bancario y financiero. Esto es lo que esconden las modificaciones de la legislación local promovidas en los últimos tiempos, algunas de ellas particularmente agresivas, como la que actualmente impulsa el Gobierno del PP, en España.
El territorio se ha convertido en instrumento de la valorización financiera mediante la continua recalificación de suelo, favorecida por una normativa que permite emplear las plusvalías urbanísticas en gasto corriente de los ayuntamientos. Por otro lado, los históricos déficit de financiación y los objetivos de estabilidad presupuestaria han resultado unos eficaces aliados de los intereses especulativos para obligar a los municipios a poner a disposición de la especulación inmobiliaria cada vez mas suelo, como fórmula perversa de obtención de ingresos. En está lógica expropiatoria han estado también las obras faraónicas – ya se trate de bases militares, mega proyectos, infraestructuras o eventos- que han servido para consagrar el territorio a los intereses de los poderes financieros y la especulación inmobiliaria.
Si estamos de acuerdo en que lo que está ocurriendo es un proceso enorme de expolio, puede deducirse que ahora las modificaciones legislativas tratan de impedir que los pueblos y ciudades se conviertan en marco adecuado para ensayar formas de organización y protesta que permitan la reapropiación, por la sociedad, de la democracia y los bienes comunes. Esto sitúa a los gobiernos municipales frente a una disyuntiva: deberán decidir si son los ejecutores últimos de un proceso de privatizaciones que desde la Troika baja a los gobiernos y continúa hasta los ayuntamientos, o se ponen de parte de sus habitantes y se confrontan radicalmente a ella.
Los procesos de urbanización están estrechamente vinculados a la reproducción y absorción de excedentes de capital a escala goegráfica cada vez mayor y se lleva a cabo siempre a costa de la desposesión de sus habitantes ( Harvey). Eso convierte a los barrios y los territorios de la vida cotidiana en los escenarios del conflicto social. Reivindicar el derecho a la ciudad y construir formas de poder ciudadano en la toma de decisiones sobre los procesos de urbanización, no sólo significa hoy responder al poder de los especuladores confrontado a los derechos ciudadanos, sino que sitúa lo local como espacio desde el que articular resistencias frente al proyecto de la Troika, creando y recreando el profundo cambio de valores que otro modo de producir, vivir y consumir requiere. Hay algo que a estas altura no puede obviarse, para responder a los modelos cada vez mas autoritario y presidencialistas, aliento de la pasividad social y la financiarización, los movimientos sociales debe trabajar con urgencia en definir las líneas de un municipalismo cooperativo y solidario para promover desde la base, modelos alternativos en los que las relaciones políticas, económicas y sociales tengan como objetivo la igualdad, el crecimiento sostenible, el federalismo, la tolerancia, el internacionalismo, la paz y la reorientación del tipo de división internacional e interior del trabajo que hemos heredado.
Ese otro municipalismo, activo en la lucha contra el expolio capitalista, requiere que la ciudadanía recupere los ayuntamientos para convertirlos en aliados de la gente y en herramienta que ayude a la auto-organización de las iniciativas ciudadanas. La desobediencia tanto al Pacto de Estabilidad, que acordaron los dos grandes partidos castigados en las urnas, como a la reforma local que pretende aplicar estrictamente las disposiciones de una Troika impugnada en las urnas, en la calle y en los centros de trabajo por las distintas mareas, deben ser el núcleo de alianzas sociales y ciudadanas que mas allá de las aspiraciones electorales o de la mera articulación de coaliciones con ese fin, sepan combinar unidad y diversidad en torno a un programa para construir ciudades de los derechos humanos para todas, dando vida a experiencias de democracia participativa, impulso al protagonismo de los movimientos sociales y a una alternativa de desobediencia a los planes de estabilidad y austeridad.
María Dolores Nieto Nieto y Francisco Sánchez del Pino. Asamblea Local de Izquierda Unida en Jaén
Nota: El presente artículo es la IV parte de un trabajo colectivo mas extenso. (Puede descargarse documento completo en este enlace)
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