La periodista Ann Louis Bardach publicó un artículo en el Washington Post que revela la hipocresía del gobierno de George W. Bush en su «guerra contra el terrorismo». Bardach ha escrito sobre el terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles desde hace casi diez años y últimamente se ha visto acosada por el FBI y […]
La periodista Ann Louis Bardach publicó un artículo en el Washington Post que revela la hipocresía del gobierno de George W. Bush en su «guerra contra el terrorismo». Bardach ha escrito sobre el terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles desde hace casi diez años y últimamente se ha visto acosada por el FBI y el Departamento de Seguridad Interna para que entregue los materiales de su investigación periodística.
Lo más asombroso es el argumento para justificar ese proceder. Los agentes alegaron a la reportera que «no encontraban» sus datos sobre Posada. Y en efecto, resulta que Héctor Pesquera, quien fuera jefe de la oficina de la FBI en Miami, ordenó cerrar y destruir el expediente de Posada en 2003. La decisión puede parecer sorprendente, máxime en un periodo en que Posada había estado particularmente activo en sus trajines anticubanos(entre ellos las bombas colocadas en centros turísticos de La Habana y el intento de asesinato de Fidel Castro en Panamá), pero no para quien conozca que Pesquera era amigote de los jefes de la ultraderecha cubana en Miami y que su hijo era el oficial a cargo del caso de Posada. Más aun, Pesquera fue quien según confesión propia realizó esfuerzos inauditos para convencer a sus jefes de que los 5 antiterrorristas cubanos que actuaban en el sur de Florida eran «un peligro para la seguridad nacional» y condenarlos sin pruebas a varias cadenas perpetuas en un tribunal manejado por la mafia terrorista de Miami. Para apresarlos, se basó inescrupulosamente en informaciones sobre las actividades de esos grupos aportadas por los servicios de seguridad de La Habana al propio FBI con el fin de que procediera contra estos. Mientras tanto, en las mismas narices de Pesquera se entrenaban en el vuelo de aviones, sin ser detectados, los autores del atentado del 11/s.
Pesquera fue también responsable de la investigación a varios líderes contrarrevolucionarios que confesaron que las armas de alto calibre que les fueron encontradas a bordo de un yate en aguas de Puerto Rico tenían el propósito de atentar contra la vida de Fidel Castro. Sus investigaciones fueron tan rigurosas que los acusados resultaron absueltos y acaso ello explique su ascenso a jefe del FBI en Miami, donde la mafia anticubana hace y deshace a su antojo.
Pero eso no es lo peor, sino que, como señala Bardach, el FBI y la CIA poseen un dossier sobre las actividades paramilitares de Posada en los últimos 45 años -claro, al servicio de la CIA- sin que ningún gobierno de Estados Unidos se haya decidido a procesarlo.
Posada entró a Estados Unidos ilegalmente desde México. Washington se hizo el loco y desmintió denuncias formuladas por Fidel Castro sobre la presencia ilegal del sujeto en Miami, hasta que este, con el mayor desparpajo, convocó a una rueda de prensa en la que anunció que pediría asilo político en Estados Unidos y las autoridades se vieron forzadas a detenerlo.
A partir de entonces han tratado al terrorista como un inmigrante ilegal. La Ley Patriota no es para él. Pero ahora Bush está contra las cuerdas por que un juez de inmigración de Texas ha dado de plazo hasta el 1 de febrero para que el gobierno presente de una vez su caso contra Posada o de lo contrario lo ponga en libertad. Posada lleva casi un año y medio en una celda migratoria y el juez se apoya en una resolución de la Corte Suprema que prohíbe mantener a un inmigrante ilegal en reclusión más de seis meses a menos que el gobierno lo acuse de terrorista.
No es difícil imaginar lo que hay tras la actitud encubridora de Washington con Posada. Este sabe demasiado sobre las actividades de la CIA en América Latina, de los grupos terroristas anticubanos que operan desde el sur de la Florida y de la sempiterna complicidad de la familia Bush con ellos. Cualquier acción en su contra enfurecería a la decaída base política bushista de origen cubano en el Condado de Dade, donde tampoco faltan los que saben mucho sobre los Bush. Aparte de los riegos políticos para la familia imperial, un juicio serio contra Posada tendería a convertirse implícitamente en un proceso contra la política agresiva de Washington hacia Cuba.
Sin embargo la decisión del juez texano deja las cosas muy claras: o el gobierno de Bush acusa a Posada de «terrorista» o de «peligro para la seguridad nacional» de aquí al 1 de febrero, o deja en libertad al architerrorista y queda escandalosamente evidenciado como su cómplice y protector. No caben medias tintas.