«Si alguien protege a un terrorista; si alguien apoya a un terrorista; si alguien alimenta a un terrorista, es también culpable como los terroristas.» – George Bush (26 agosto 2003). La presión del New York Times para que Bush no otorgue asilo a Luis Posada Carriles y lo extradite a Venezuela o, en su defecto, […]
«Si alguien protege a un terrorista; si alguien apoya a un terrorista; si alguien alimenta a un terrorista, es también culpable como los terroristas.» – George Bush (26 agosto 2003).
La presión del New York Times para que Bush no otorgue asilo a Luis Posada Carriles y lo extradite a Venezuela o, en su defecto, lo someta a un tribunal internacional, ha fructificado, pues al fin Washington ha admitido que Luis Posada Carriles es un terrorista: el FBI y la CIA han asegurado que Posada Carriles participó en el atentado al avión de Cubana en 1976 (La Prensa, 11 de mayo de 2005). El diario neoyorquino ha dicho en su editorial del 10 de mayo que, «en nombre de la credibilidad, la consistencia, y la justicia para las 73 víctimas, a Luis Posada Carriles, el principal sospechoso del atentado en 1976 a un avión civil de Cubana, no se le debe otorgar asilo político en Estados Unidos», añadiendo que «debe ser arrestado y extraditado para juicio, no sólo por el ataque al avión civil, sino por otros ataques terroristas que ha reconocido haber planificado, incluyendo uno en 1997 que mató a un hombre de negocios italiano» en La Habana.
El gobierno de Bush sufre los embates de una presión que desnuda su doble discurso en la «guerra contra el «terrorismo». Si otorga el asilo, pondrá al presidente al borde de su descalificación («impeachment») pues habría violado las leyes de Estados Unidos al mentir. No olvidemos que el Senado casi remueve a Bill Clinton de la presidencia, no por mantener relaciones con una becaria sino por haberles mentido. Si se otorga el asilo, se confirmará el doble estándar de Estados Unidos — como ha sugerido el presidente Ricardo Lagos de Chile — quien advirtió que «Posada Carriles debe ser condenado». En Estados Unidos y Canadá, cientos de miles de personas han solicitado a sus gobiernos rechazar el asilo y extraditarlo a Venezuela o a un tribunal internacional. Así, Bush estará en aprietos con la comunidad internacional, la OEA, la ONU, Cuba, Venezuela y Panamá.
Cuba había afirmado que, de ser juzgado en sus tribunales, la pena no excedería 20 años, pero ahora ya no lo reclama. En contraste con el amable trato a Posada Carriles en Estados Unidos, Bush somete en Guantánamo a cientos de «sospechosos» de terrorismo a infames torturas y paradójicamente castiga en sus cárceles a cinco jóvenes cubanos que lo arriesgaron todo para impedir actos terroristas contra su patria. En Venezuela no existe la pena de muerte ni se practica la tortura, por lo que Posada Carriles no podrá acogerse a la Convención contra la Tortura para eludir la extradición. Si Estados Unidos no extradita a Posada Carriles a Venezuela, cuyo petróleo le es esencial, se agriarán aún más las relaciones con el gobierno de Hugo Chávez y Sudamérica en general. Si la OEA cumpliera con su propia Carta, tendría que enrostrarle a Estados Unidos la violación de sus convenciones, así como las de Naciones Unidas, que prohíben el apoyo y asilo a tales delincuentes.
Las leyes de Estados Unidos castigan con 35 años de prisión a quien dé protección o refugio a terroristas, en tanto que la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (28 de septiembre de 2001) a iniciativa de Estados Unidos, quien la redactó, dispone que «todos los Estados deberán abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo, activo o pasivo, a entidades implicadas en actos terroristas». Como se sabe, Posada Carriles y sus cómplices son miembros de una organización terrorista creada por Washington para actos contra Cuba y su guerra en Centroamérica.
Y Panamá, ¿por qué Panamá? Porque la presidenta Mireya Moscoso habría indultado a un terrorista en violación de la Constitución y el Derecho Internacional y, careciendo de base legal el perdón presidencial, sólo cabe que la Corte Suprema de Justicia declare la inconstitucionalidad del acto; que el gobierno de Patria Nueva reclame la devolución de Posada Carriles y su grupo a Panamá para que continúe el proceso legal que se interrumpió el 24 de agosto de 2004, y que se abra causa criminal contra la exmandataria. Pero la corrupción que corroe a la Corte Suprema de Panamá no permite abrir ninguna esperanza.
Ante la falta de alternativas legales y la inconveniencia de que Posada Carriles destape su complicidad con el gobierno de Estados Unidos ante un tribunal que no esté bajo su control, no es descabellado pensar en la posibilidad de que su fiel colaborador se esfume, sufra un infarto o tenga un destino siniestro.