Llegó la hora de la verdad y como era de esperar el gobierno de España, alumno aventajado de Europa, no ha def raudado a nadie: se han presentado los presupuestos generales más austeros de la historia democrática de nuestro país en consonancia con la tónica general de rigor exigida desde Bruselas. Recortes y tijeretazos de […]
Llegó la hora de la verdad y como era de esperar el gobierno de España, alumno aventajado de Europa, no ha def raudado a nadie: se han presentado los presupuestos generales más austeros de la historia democrática de nuestro país en consonancia con la tónica general de rigor exigida desde Bruselas. Recortes y tijeretazos de toda índole que se extienden a la mayoría de las carteras ministeriales y además no escatiman en medios a la hora de cumplir con los objetivos de déficit fijados para finales de este año en curso. Sin embargo, y a pesar de la extrema dureza del ajuste presupuestario, una de entre todas las medidas adoptadas por el gobierno merece un aparte: la amnistía fiscal brindada a todos aquellos capitales no declarados que decidan tramitar su regularización con la Hacienda Pública.
Esta medida, tachada de excepcional según el ministro Montoro, resulta harto paradójica habida cuenta de las declaraciones enhestadas el 7 de junio del año 2010 por la entonces portavoz del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. En palabras de Cospedal lo que es impresentable es que la salida que tenga el Gobierno para colocar la deuda sea dando una amnistía fiscal a aquellos que han defraudado a Hacienda. Nosotros claro que estamos en contra de ese tipo de amnistías fiscales porque, francamente, si se les está diciendo a los ciudadanos que pagan sus impuestos, que les van a subir los impuestos y, a aquellos que defraudan, se les va a dar una amnistía, es tan injusto, es tan antisocial y es tal barbaridad que desde luego el Partido Popular está en contra. A tenor de estas afirmaciones, ¿a qué se debe este repentino cambio de actitud? Si lo que hace un año y medio el PP criticaba con dureza, ahora se trasforma en una medida excepcional para salir de la crisis, ¿a qué deberíamos atenernos? ¿Dónde situar el listón de la Verdad cuando lo negro se convierte en blanco y lo blanco deviene negro? Desde el Gobierno no dudan en amoldar su respuesta al contexto generalizado de una crisis económica que no deja ningún otro margen de maniobra: como recalca Montoro, se trata de medidas de carácter excepcional adoptadas para salir de la crisis en un marco general de extrema urgencia.
Pero la aplicación de esta amnistía fiscal junto con la presentación de los presupuestos generales más exiguos de la democracia española y las medidas de austeridad pergeñadas durante los cien días del gobierno de Mariano Rajoy, se entroncan dentro de una dinámica discursiva mucho más acerba y fatalista que trata de infundir en la ciudadanía un sentimiento de frustración e inexorabilidad en lo relavito a las reformas aprobadas por el gobierno a modo de un cortafuegos para luchar contra la crisis. Haciendo gala de los sibilinos manejos de todo poder político establecido, el gobierno del Partido Popular ha sabido desgranar una justificación de las reformas, enfatizando, por encima de todo, la necesidad de realizar un esfuerzo colectivo y acatar los paquetes de medidas adoptadas hasta ahora porque, aunque no gusten a nadie, éstas equivalen a una especie de fait accompli y de remedio doloroso pero, en definitiva, ineludible.
Y para alcanzar este propósito no dudan en explayar sus reformas recurriendo a los retruécanos colegados a las premisas de una estudiada retórica de la expiación necesaria : nosotros somos los mayores culpables de esta situación porque hemos estado viviendo demasiado tiempo por encima de nuestras posibilidades reales y ahora, por lo tanto, no cabe sino purgar este pecado afrontando el futuro sin contemplaciones y, mal nos pese, aceptando las reformas impuestas por el gobierno. A trueque de justificar las reformas, el gobierno del Partido Popular se escuda tras la postilla de un discurso redentor conjugado magistralmente con la herencia socialista, la cifra de los 4.750.000 desempleados y la retórica de la expiación necesaria. Se nos piden sacrificios, responsabilidad y sensatez de cara a las reformas, porque según avala el Presidente del Gobierno, es un momento difícil, creo que la gente entiende las decisiones y las cosas que tenemos que hacer […] Nosotros hemos tomado decisiones que afectan a mucha gente. España necesita moderación, sensatez y equilibrio. Debemos explicar las medidas. Si son percibidas como justas y equitativas, estoy convencido de que no va a ver tensión social porque creo en la madurez, el equilibro y la sensatez del pueblo español (El País, 24-02-2012). Y toda oportunidad semeja propicia para fustigar los oídos de una ciudadanía que inmersa en la vorágine de la mayor depresión económica de Europa, espera soluciones por parte del gobierno.
Sin embargo, estas inyecciones de retórica falsaria encaminadas a amortiguar el descontento social que ya han comenzado a promover algunas de las reformas aprobadas por el nuevo gobierno, no son lo que el país necesita. Ahora, no es el momento de rifirrafes y de justificaciones ad hoc sino todo lo contrario: es el momento de consensuar una actuación rápida, eficaz, conjunta y capaz de frenar cuanto antes la sangría del desempleo y potenciar el crecimiento con medidas ajustadas a tales fines. Y en esto, el gobierno del Partido Popular, formando piña alrededor de la reforma laboral, parece caminar en sentido opuesto. Los nuevos presupuestos generales son buena muestra de ello: ni se incentiva el empleo y ni se reactiva el crecimiento. La reforma laboral y los presupuestos generales tan sólo presionan el mundo del trabajo a la baja y facilitan el despido contando siempre de antemano con la enorme reserva de desempleados dispuestos a aceptar cualquier trabajo sea al precio que sea. Se pisotean los convenios laborales en pro de una flexibilización laboral que acabará postrando la voluntad del trabajador a la voracidad del mercado y el capital privado. Es por ello, según escribe Joseph Ramoneda que la reforma se inscribe en una política económica con un objetivo principal: que al salir de la crisis nos encontremos, como por arte de magia, con un sistema económico cambiado con las rentas salariales disminuidas, con mayor nivel de desregularización, con un Estado que sea menos providencial para los ciudadanos y más bancos y más empresas y con la privatización de servicios públicos avanzada (El País, 16-02-2012). Las reformas aprobadas hasta ahora entran dentro de esa dinámica de renovación estructural apuntada por Joseph Ramoneda y que, como ya advirtió el gobierno avant la lettre y en vísperas de la huelga general del pasado 29 de marzo, nadie ni nada conseguirá detener. El gobierno está decidido en llevar hasta el final su plan de reformas porque como ya advirtió el presidente Mariano Rajoy en su discurso de investidura la España que dejamos atrás no va a volver, y esta vieja nación tendrá que rejuvenecer su actitud, recuperar flexibilidad y fortalecer sus estructuras para competir por un puesto de primera fila en el nuevo mundo.
En esta coyuntura, ni la huelga general del pasado 29 de marzo – tachada de pecata minuta – ni el batacazo de las elecciones andaluzas y asturianas, han conseguido amilanar la voluntad del gobierno. La ministra de empleo, Fátima Bánez asegura que se sentará a dialogar con los sindicatos, pero, añade: no se modificará un ápice la columna vertebral de la reforma laboral . Una forma menos visible y prepotente de advertir a los sindicatos que una vez ideado el proyecto de reforma, nada ni nadie conseguirán frenarlo. Cualquier otra propuesta que se aleje de la senda de la austeridad trillada en Bruselas, carece de todo fundamento sólido porque, nos aseguran, el futuro inmediato de Europa, y sobre todo de España, pasan única y exclusivamente, por la aplicación a ultranza de las fórmulas de rigor presupuestario. Pero de nuevo restalla la duda, ¿cuáles son los criterios sobre los que se basa esta asunción de la ortodoxia económica europea? ¿De dónde proceden los informes y estudios que determinan la necesidad de aplicar este tipo de medidas de austeridad para salvar a Europa de la recesión económica? ¿No cabría la posibilidad de proponer una estrategia menos exigente? ¿Una estrategia adaptada a las condiciones particulares de cada país y garante de incentivar la economía con una aplicación progresiva y escalonada de medidas encauzadas a luchar contra la crisis sin postrar a los países en apuros a la agonía de soportar el peso de unas exigencias a todas luces ineficientes? En este sentido la táctica luctuosa de Europa, bien arropada por el gobierno del PP, es un fracaso porque ésta se afianza únicamente en su férreo e inquebrantable apego a una ortodoxia económica asentada sobre los vagarosos principios de una remozada y locuaz «teología» neoliberal que, abandonando el patrón socialdemócrata del keynesianismo, se empeña en hacernos creer que ésta es la única vía posible para zanjar una crisis derivada de los desmanes de la finanza unidos al despilfarro y la nefasta gestión de nuestro gobernantes.
Y para acallar los reproches de la oposición cuando las aguas suben demasiado revueltas, al gobierno le basta despachar el discurso con el exordio apocalíptico del infierno dantesco que se abrirá bajo nuestros pies si no cumplimos a rajatabla con los mandatos de Bruselas. So pena de sufrir el castigo ominoso derivado de un rescate económico, no nos queda sino apretarnos los cinturones y esperar a que escampe la tormenta. Mas, las amenazas del abominable y demoledor castigo del fuego eterno, no parecen tan ineludibles como nos las pinta la retórica de la expiación necesaria. ¿Qué ocurriría si tomásemos como modelo para salir de la crisis alguna de las diversas soluciones abrazadas en tres países (Argentina, Islandia y Finlandia) frente a sus respectivas recesiones económicas? La primera, Argentina, suspendió el pago de su deuda externa en 2001 y desde entonces el país se ha rehecho espectacularmente hasta el punto de triplicar su PIB entre el período 2003-2011. La segunda, Islandia, se negó a rescatar a la banca, suspendió pagos de deuda, responsabilizó judicialmente a las entidades financieras y acabó sentando en el banquillo de los acusados al ex presidente Gear Heerade. Y por este camino, Islandia ha logrado contener el desempleo, crecer al 2.9%, proyectar cifras de crecimiento para el próximo año en torno al 3% y mantener el déficit fiscal en el 0.5%. El tercero y último, Finlandia, que exhibiendo un modelo económico alternativo a la ortodoxia europea, ha optado por reforzar el estado del Bienestar y proteger aún más a los trabajadores y los desempleados (La Vanguardia, 09-03-2012). Estos tres casos son el vivo ejemplo de las alternativas paralelas a una salida de la crisis que Bruselas, leal comando del BCE y el FMI, intenta presentarnos como única y exclusiva.
Por todo ello, espera mos que el Gobierno nos ofrezca alternativas más factibles que la mera verborrea, gárrula y locuaz, de esa misma retórica de la expiación necesaria pregonada desde la cancillería Europea. La estrada de la austeridad y el rigor presupuestario, se han convertido en una escabrosa obsesión que no hace sino agravar la situación y apretar un poco más la soga al cuello de una ciudadanía viviendo la mayor crisis económica e institucional de la democracia en España.
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