Se denunciaron los casos de violación a los derechos económicos, sociales y culturales, así como la violencia de género que sufren. Hablaron los especialistas del ámbito nacional e internacional.
En Buenos Aires, ante una Plaza de Mayo colorida por las banderas de Ecuador, Brasil, Chile Bolivia, México y Ucrania, se realizó el primer tribunal de mujeres migrantes y refugiadas, una jornada auspiciada por la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas (AMUMRA) y Migrantes, Refugiados/as y Desplazados/as (MIREDES).
Natividad Obeso, Presidenta de AMUMRA y coordinadora de MIREDES con voz firme y ante un público de alrededor de 200 mujeres vestidas con remeras blancas, brindó sobre el escenario un testimonio que refleja el sentido de la celebración del tribunal. «En los casos de las migrantes, las condiciones de pobreza en nuestros países de origen nos obligan a migrar. Muchas mujeres en el mundo debemos dejar nuestras familias para salvarlas del hambre. Salimos irregularmente hacia distintos destinos para buscar mejores oportunidades. También salimos mujeres perseguidas y reprimidas por regímenes políticos autoritarios», dijo Natividad.
«Sin embargo, al llegar a nuevos destinos no es sencillo obtener el estatus de Refugiada. A partir de los años ’80, y principalmente en los ’90, las mujeres de varios países latinoamericanos debimos migrar a Argentina. Al llegar a este nuevo país nos encontramos con un mundo distinto al que habíamos imaginado», agregó.
«Y todo es más complicado al no tener documentación -continuó-. En muchos casos, las mujeres migrantes no logramos superar las situaciones de pobreza que vivíamos en los países de origen. En otros, las condiciones de trabajo que nos imponen son inhumanas y los empleadores se aprovechan de nuestra situación irregular, llegando a maltratarnos física y emocionalmente, amenazándonos con denuncias a la policía».
Tras los aplausos, las mujeres entonaron de pie el himno que una escritora boliviana creó para todas las mujeres que viven en condición de migrantes.
Más tarde llegaron los testimonios de quienes viven en carne propia la injusticia y la discriminación. Así, una mujer del Perú dijo que «Luego de trabajar durante un año y medio como empleada doméstica sufrí un accidente por el que estuve internada durante dos meses. Al rehabilitarme y aún con dificultades me restablecí en mi trabajo y al mes mi patrón me despidió sin darme explicaciones. No fui indemnizada. Ahora estoy desempleada al igual que mi marido y no sé como voy a mantener a mi familia.»
Una mujer boliviana, aclarando su nerviosismo, habló sobre la explotación que sufría en las quintas donde trabaja junto a su familia, y recordó «hace cuatro meses entraron a mi casa unos hombres. Nos maniataron y golpearon con furia a mi marido llevándose los pocos pesos que teníamos. Al día siguiente fuimos a hacer la denuncia y en la comisaría nos dijeron que no la podían tomar por ser indocumentados».
«Otras dificultades con las que nos encontramos los inmigrantes, son la revalidación de títulos obtenidos en países de origen para ingresar al sistema educativo o para acceder a becas» relató una joven boliviana. Una compatriota recordó la forma en que fue ignorada por la Comisión Católica y el ACNUR (el Alto Comisionado de Naciones Unidad para los Refugiados) cuando fue a pedir ayuda para acceder a medicamentos para su hijo que sufre de broncoespasmos.
Antes de cerrar la exposición de los testimonios y dar paso a las palabras del jurado, Natividad Obeso agregó que «las mujeres migrantes y refugiadas somos reiteradamente víctimas de los traficantes, de la trata de personas y de los abusos sexuales. En nuestros hogares, además, frecuentemente sufrimos violencia por parte de nuestros cónyuges, y por lo general no tenemos redes familiares a las que recurrir. Cuando queremos regularizar nuestra condición migratoria, los mayores obstáculos los encontramos en los altos costos de las tasas para realizar los trámites documentarios en nuestros consulados, y también en funcionarios insensibles.»
Entre las conclusiones que hicieron los miembros del Tribunal, Adrián Albor, Docente de UBA y asesor de Organizaciones de Derechos Humanos afirmó que «todos los seres humanos tienen derechos que le asisten aún cuando tienen condición de residencia ilegal. La constitución Nacional reconoce esos derechos como jornadas limitadas de labor, licencias por maternidad, indemnización por despido arbitrario, entre otros derechos. Si un policía no quiere tomarles una denuncia argumentando que son indocumentados sepan que quien está delinquiendo es ese policía. Ustedes no son ilegales, les quieren hacer creer que lo son pero ustedes tienen derechos y deben reclamarlos.»
Lina Cahuasqui, activista en Derechos Humanos del Comité Andino de Servicios en Ecuador exhortó a los inmigrantes a valerse de los servicios que deben ofrecer las instituciones políticas y los organismos de derechos humanos. Remarcó la importancia de la solidaridad y la unidad de los migrantes y refugiados y agregó «El derecho por el quetenemos que luchar es el derecho a tener derechos».
El Walter José Candela, Juez Subrrogante del Juzgado Nacional en lo Correccional N° 5 de la Capital Federal, destacó el grado de vulnerabilidad en que se encuentran los migrantes y como este factor facilita el abuso. Remarcó que si bien Argentina es un país que tiene sus puertas abiertas a los inmigrantes por los Tratados Internacionales que se amparan en la declaración de los Derechos Humanos, y toda una serie de leyes en esta materia, se evidencia un problema de instrumentación de esas normas y de comunicación dentro de las instituciones. Las barreras linguísticas son un obstáculo y las organizaciones que deberían dar respuesta y contención a los migrantes no están trabajando como deberían. De esta manera resulta difícil que se dé una solución concreta y tangible.» Candela concluyó con la propuesta de crear una oficina en la Defensoría General que se haga cargo de los reclamos de migrantes y refugiados donde se lleve un registro de las violaciones a los derechos humanos que se cometen.
Beinuz Szmukler Presidente del Consejo Consultivo Continental de la Asociación Americana de Juristas y profesor de Filosofía en Florencia (Italia), hizo hincapié en la importancia del acercamiento a los medios de comunicación por parte de los movimientos de migrantes y refugiados. «La opinión pública tiene una mirada distinta de lo legal. Es importante que trabajen sobre los medios, que mantengan contacto con los periodistas y el proceso de distribución de la noticia. Luchar desde los procesos mediáticos va a crear en la conciencia de la opinión pública la empatía psicológica por su causa, despertando el sentido de la solidaridad y la integración», sostuvo.
En tanto, Carmen Espinoza Miranda, Directora del Programa de Economía del Trabajo (PET) de Chile, enfatizó que en estos años de trasnacionalización empresarial los migrantes y refugiados expulsados de sus países por pobreza, persecuciones políticas, guerras o catástrofes no deberían ser vistos como un problema sino como una necesidad por sus aportes a los países receptores. Responzabilizó a los organismos de la ONU por no cumplir con sus fines así como a los funcionarios de los países de origen y receptor. Por otra parte manifestó que «no debe perderse de vista la responsabilidad de los consulados que dificultan la actualización de los documentos y no gestionan en su favor la aplicación de las leyes de protección».
El cierre de la jornada se realizó tras la exposición de un video y con el color y ritmo de las danzas típicas de Perú y Bolivia que realizaron jóvenes inmigrantes. Todos juntos, chicos, jóvenes y activistas de las organizaciones se subieron al escenario mirando hacia delante, sonriendo y cantando mientras las banderas flameaban a sus espaldas. El frío de la noche se hacía sentir, pero las mujeres sentadas en el centro de Plaza de Mayo hacían más cálido el espectáculo con sus aplausos. De fondo resonaba el himno de las mujeres migrantes: «Conforme venimos marchando, marchando luchamos también por los hombres, pues son nuestros hijos y nosotras, nuevamente, sus madres…».