Privatización a marchas forzadas

En efecto, no hace falta ser un avispado analista para darse cuenta de que nuestro Gobierno no posee (a pesar de que se llene la boca con el nombre de «España» y de «los españoles») ningún proyecto de país, simplemente se limitan a ser los ayudas de cámara de los intereses de las grandes corporaciones, de los bancos, de la clase empresarial, de los grandes agentes económicos. ¿Y cuál es el gran objetivo de toda esta ralea? Pues está muy claro: privatizar (es decir, hacer pasar a su propiedad privada) todo lo que se pueda. Vender el país al mejor postor, saquear y expoliar todo lo que se pueda, practicar una política de la desposesión y del despojo, y una transferencia de bienes y servicios desde las clases populares y trabajadoras hacia el gran capital. Se trata de esto. No existe otro objetivo. Y en la consecución de dicho objetivo se enmarcan prácticamente todas las estrategias políticas y mensajes que se hacen llegar a la ciudadanía para intentar legitimarlas. Cuanta más privatización, mejor. La privatización es el gran objetivo. ¡Hay que privatizarlo todo, hasta el aire que respiramos! Hay que privatizar costas, montes y bosques. Hay que privatizar infraestructuras. Hay que privatizar servicios públicos. Hay que privatizar los agentes que garantizan los derechos fundamentales y las libertades públicas (para luego proceder a sus recortes, claro está). La privatización es el pan nuestro de cada día. Es una práctica enfermiza, obsesiva y compulsiva. El tsunami neoliberal lleva décadas creciendo, y cada vez crece más esa gran ola. Una ola que lo arrasa todo a su paso, contribuyendo a disparar la desigualdad, destrozando lo público y engordando lo privado. Una ola que es muy difícil de parar, pero que hay que parar como sea, porque es una ola que no se detendrá ante nada, y que no descansará hasta no haber privatizado absolutamente todo.

Pero para que toda esta obsesión privatizadora pueda estar mínimamente legitimada, la clase y el pensamiento dominante tienen que encargarse en primer lugar de difundir bien los mantras y dogmas en los que el neoliberalismo se basa, y que ya presentamos profundamente en este otro artículo. Hay que difundir el consumismo desaforado, el culto social hacia los ricos y poderosos, la legitimación de la desigualdad, la competitividad, el individualismo egoísta, la mercantilización de todos los aspectos y facetas de la vida humana, el rechazo a los mecanismos de reparto, el paradigma del emprendimiento, la normalización de la corrupción, el desprecio a la naturaleza, o la negación de ciertos derechos (así como la exaltación de otros), entre otros muchos valores, para que el neoliberalismo imperante disponga de los bienes públicos que contribuyen al bien común y los vaya privatizando progresivamente, en aras de todos estos valores y objetivos. Y una vez que las mentes de la inmensa mayoría social están preparadas, será más fácil proceder, sin prisa pero sin pausa, a la paulatina privatización de todos los aspectos de nuestra vida social, económica y política. Estas prácticas privatizadoras se habrán legitimado entonces por la mayoría de la población, que entenderá que es lo correcto, que es lo que hay que hacer. Y en esas estamos. Abundando en la cita de entradilla de Jorge Moruno, el objetivo final es que la clase dominante se haga cada vez más rica a costa de los de abajo (que pasa a ser mano de obra semiesclava y alienada), que el territorio se convierta en un parque temático especializado en determinadas inversiones rentables (eso sí, con «garantías jurídicas» para dichos inversores), y que el propio país deje de ser patria, deje de ser pueblo, para pasar a convertirse en una marca comercial más al uso, la famosa «Marca España» en nuestro caso, a la cual «perjudican» ciertos acontecimientos, porque «dañan la imagen exterior» de dicha marca.
Un panorama aberrante y desolador al que caminamos a marchas forzadas, y que resulta cada día más imparable. La puntilla final nos vendrá de la mano de los Tratados de «Libre Comercio», que intentan además (por si acaso viene por la vía de la soberanía popular algún Gobierno que intente revertir todo este edificio de la privatización) blindar todas estas prácticas, convertir en irreversible todo este proceso de privatización a mansalva, impidiendo mediante determinadas cláusulas de dichos tratados (incluso recurriendo a procesos de arbitraje internacional privado, al servicio de las grandes empresas transnacionales) la posibilidad de que algunos bienes, productos o servicios puedan volver al ámbito de lo común, de lo estatal, de lo público. Los agentes públicos (el propio Estado, sus diversas Administraciones, sus empresas y agencias públicas) son absolutamente demonizados, mientras se preconizan las ventajas y bondades de los agentes privados. Y ello ocurre en todos los sectores. Podríamos poner muchísimo ejemplos. Tomemos el caso de Correos, la otrora gran empresa pública dedicada a los servicios postales, que está celebrando su tercer centenario con pérdidas record, y un recorte de personal de casi 10.000 empleados y empleadas en los últimos cinco años. Recojo datos e informaciones de Antonio M. Vélez publicados en eldiario.es, que nos recuerda que tras ocho ejercicios de reducciones de plantilla, el peso de los funcionarios públicos ha caído hasta el 27,2%, suponiendo diez puntos menos que en el año 2011. Toda una calculada estrategia para anular la capacidad de servicio público de esta gran joya de la corona, y ponerla paulatinamente al servicio del gran capital privado. Correos era la mayor empresa estatal de España por número de empleados, y gozaba de solvencia financiera y de capacidad de servicio sobradas. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 han reducido casi un 70% la aportación pública para el funcionamiento de la empresa.

La asfixia de financiación pública aboca a la empresa a una caída en picado, reduciendo su capacidad y productividad, disminuyendo el personal, y criminalizando a los trabajadores de plantilla en campañas de claro acoso y derribo para justificar la disminución de su tamaño. Correos es sólo un ejemplo del depredador modelo que la privatización nos muestra. Podríamos poner muchísimos ejemplos más de empresas públicas que han recorrido o están recorriendo este camino. Un camino que primero deslegitima socialmente la misión pública, para sembrar posteriormente el camino del hostigamiento a los trabajadores públicos, terminando por privatizar por partes (hasta llegar al todo) la empresa, y convertirla en un instrumento más del gran capital, sometido a su control y a sus principios corruptores. Necesitamos imperiosamente detener este infernal camino privatizador. Porque la privatización de cualquier empresa o servicio público no consiste sólo en un cambio en la titularidad de la propiedad, o en una «externalización» de la gestión de algunos de sus aspectos, sino que también implica la introducción de la perspectiva comercial y de búsqueda de beneficios de los proveedores privados, es decir, implica el cambio de filosofía en su propia actuación, en su misión, sus valores y sus objetivos. Por tanto, se trata de interrumpir todo este proceso, para volver a recrear o reintroducir el sentido público en la administración de estas empresas y servicios, de volver a introducir el compromiso con el acceso universal, público y gratuito, de volver a recuperar la calidad en los mismos, de proporcionar servicios más asequibles para el conjunto de la ciudadanía, con mayor transparencia y democracia en su propio funcionamiento, promoviendo en ellos la participación ciudadana.

¿Podemos impedir el demencial avance de esta ola privatizadora? Podemos, si nos concienciamos sobre el peligro de la senda que llevamos, y si poseemos como pueblo la valentía y la voluntad política para revertir los efectos. Aún estamos a tiempo. Necesitamos en primer lugar denunciar la falacia de los dogmas neoliberales, la ausencia de fundamentación que explique sus efectos, la demostración de su fracaso, para a continuación proceder a impulsar una serie de mecanismos, medidas y decisiones que contribuyan a darle a la iniciativa y a la intervención públicas el sitio que nunca debieron perder. Hemos de devolver al ámbito público la actividad relacionada con los servicios públicos fundamentales (alimentación, energía, transporte, agua, gestión de puertos y aeropuertos, banca, sanidad, educación, pensiones, empleo, vivienda, justicia, seguridad…), garantizando que ningún derecho humano queda al albur del ámbito privado, sino que es atendido desde el sector público. Como norma general, y para su respectivo cumplimiento, cada derecho fundamental deberá estar cubierto por un servicio público que lo garantice. Ello requerirá devolver al ámbito público (ya sea estatal, autonómico o municipal) los servicios, recursos, actividades y empresas privatizadas. Pero para que todo ello culmine con éxito, también hemos de dar la batalla individual, la batalla personal, la batalla de los principios y de los valores, abandonando los valores imperantes del capitalismo y de la filosofía neoliberal, para que podamos aprender a convivir en armonía, fomentando el multiculturalismo, la diversidad, el respeto y la tolerancia, la convivencia y el compañerismo, y en este sentido, los aberrantes valores citados más arriba deben ser sustituidos por los valores de solidaridad, de justicia social, de igualdad, de cooperación, de culto a la propiedad social, a la propiedad colectiva y al bien común. Detengamos esta peligrosa deriva privatizadora, que terminará por derribar todo lo que existe y que nos cohesiona como sociedad.

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