Percibe 230 euros netos al mes (sin contar las pagas extraordinarias) por impartir tres horas de clase y otras tres de tutoría semanales. Pilar López (nombre ficticio) suscribió un contrato temporal –por un año- como profesora asociada en la Universitat de València.
Desde el curso 2017-2018 concatena renovaciones anuales. “La precarización es absoluta y la remuneración mínima; se ha pervertido la figura del asociado, que está utilizándose como mano de obra barata para mantener las plantillas de las universidades; de hecho, buena parte de los departamentos están ya integrados por profesores asociados”, explica la docente.
En el curso 2017-2018 las universidades públicas del estado español contaban con 103.876 docentes e investigadores, según el último informe Datos y cifras del sistema universitario español, publicado por el Ministerio de Universidades. La mayoría figura en la categoría de contratados (no funcionarios), lo que incluye las categorías de colaborador, ayudante, contratado doctor, ayudante doctor, visitante o asociado. El documento oficial apunta que los profesores e investigadores asociados suman cerca de 33.000 efectivos y el 31,5% de todo el Personal Docente e Investigador (PDI) de las universidades públicas.
La Ley Orgánica de Universidades (LOU), de 2001, define a los profesores asociados como profesionales de reconocida competencia que trabajan fuera de la universidad, a la que ésta contrata para que imparta clases y aporte su experiencia; contratados por un trimestre, un semestre o un año y con dedicación a tiempo parcial, la universidad podrá renovarles por los citados periodos.
“Una parte del PDI está afectado por un grado alarmante de precariedad laboral. Precariedad que se manifiesta en varias figuras contractuales y, de manera muy significativa, en un sector de docentes empleados como profesorado asociado sin que sus condiciones laborales respondan a la definición legal de dicha figura, a menudo con bajos salarios”, reconoce el Borrador del Anteproyecto de Ley del Estatuto del PDI, en el que actualmente trabaja el Ministerio de Universidades.
El sindicato CGT convocó a la huelga el pasado 21 de octubre “por una investigación y una educación para la clase trabajadora. Contra la precariedad y la mercantilización” en las universidades. Además de los investigadores de la carrera científica, profesores y alumnado, el llamamiento incluía a los trabajadores de los servicios privatizados como la limpieza o las cafeterías. “Se continúan produciendo contrataciones fraudulentas y precarias –como es el caso del profesorado asociado- en los centros públicos”, recordaba el comunicado de la CGT. En Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Lleida o Tenerife se organizaron protestas.
Entre otros sindicatos y colectivos -la CNT, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) dels Països Catalans o la Rede Galega pola investigación-, se sumó al 21-O la Asociación Estatal Profesorado Asociado de las Universidades Públicas, cuyo lema es “remuneración salarial justa y digna: a igual trabajo, igual salario”. La asociación criticó las reformas planteadas por el Ministerio de Universidades en el tercer Borrador del Estatuto del PDI, ya que no resuelve la precariedad ni el “fraude de ley” en la contratación de asociados. Reivindican que las universidades firmen contratos indefinidos –a tiempo parcial o completo- con los profesores que encadenen contratos durante tres o más años consecutivos; también el derecho a la promoción académica y la carrera docente; Asimismo anunciaron una campaña de demandas ante los Juzgados de lo Social.
Entrevistada en Radio Klara, la portavoz de la asociación, Isabel de la Cruz, afirmó que resulta “inadmisible que la Universidad pública mantenga a más del 35% del profesorado –los asociados– con gratificaciones (ya que no se trata de salarios) de entre 200 y 600 euros mensuales, por realizar entre el 40% y el 70% de la carga lectiva de un docente a tiempo completo; nuestra hora de trabajo sale por cerca de 5 euros, hemos calculado, ya que además de impartir las clases y tutorías, hay que incluir la preparación de las clases, corregir los trabajos de los estudiantes y otras tareas; además con la posibilidad de ocuparse de varias asignaturas y tener centenares de alumnos. Tampoco podemos consentir una universidad pública con la mayor parte del profesorado en precario, en la que los investigadores no tengan cabida, los doctorados estén ninguneados y nuestros estudiantes no puedan pagar los costes”.
El colectivo de asociados remitió en junio una carta al ministro de Universidades a propuesta de Podemos, Manuel Castells, y a las consejerías autonómicas; la misiva, que recibió más de 1.000 firmas de apoyo en cinco días, incluía las principales reivindicaciones; entre otras, la estabilidad laboral y el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo –favorables- en materia de contratación indefinida.
Han sido años de movilizaciones. El 28 de mayo de 2019 los profesores e investigadores de las universidades y centros de investigación públicos de Cataluña fueron convocados a una huelga de 24 horas por la CGT, Doctorands en Lluita y las asambleas de trabajadores; entre los reclamos, la elevada carga de docencia “por un salario de miseria” que soportan los asociados. En marzo de 2019 el PDI asociado de la Universitat de València lanzó una campaña en las redes sociales con simulacros de oferta laboral; el empleador –la universidad- valoraba el título de doctor, las publicaciones, la formación de postgrado, los idiomas y las estancias en el extranjero para aspirar a un salario “no negociable” de 263,7 euros.
Las reclamaciones llegaron también a Bruselas; en octubre de 2017, informó Europa Press, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo exhortó a los PDI asociados a que presentaran las denuncias en los tribunales nacionales. Pero tal vez el punto álgido de las luchas se produjo en 2018. El 29 de enero comenzó una huelga indefinida, de 100 días, convocada por la Assemblea PDI Associat de la Universitat de València; un mes después, cerca de 50 alumnos de esta universidad se encerraron una noche y realizaron una sentada en el edificio del Rectorado, en apoyo a los huelguistas; y en abril y mayo se sumaron al paro indefinido los asociados de las universidades Politècnica de València, Barcelona y Sevilla. En este contexto de conflicto se constituyó, en marzo, en Valencia, la Asociación Estatal Profesorado Asociado de las Universidades Públicas, al que se adhirieron representantes de este colectivo en las universidades de Vigo, Málaga, Murcia, Zaragoza, Burgos, Castellón, Alicante y Valencia.
El PDI precarizado se apoya, por otra parte, en las sentencias judiciales. Por ejemplo, en junio de 2017 el Tribunal Supremo falló a favor de un docente asociado, despedido en 2012 por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona tras ejercer a tiempo parcial en el Departamento de Economía y Empresa el curso 2008-2009, a lo que siguieron tres prórrogas anuales (previamente, la universidad recurrió en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra una sentencia del Juzgado de lo Social favorable al profesor). El pasado 1 de julio el alto tribunal estimó los argumentos –fraude de ley en el uso de la contratación temporal- de un profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga: durante 35 años acumuló contratos con las funciones de asociado, ayudante de facultad o ayudante doctor hasta su despido en 2017. En otra sentencia reciente, del 16 de julio, el Tribunal Supremo dio la razón a una docente asociada de la Universidad de Valladolid, contratada durante 22 años.
El informe Profesorado asociado: ¿Experiencia profesional o precarización?, publicado en junio por el Observatorio de Profesorado Universitario, subraya que el porcentaje de PDI con contrato temporal en las universidades públicas se elevó (en el curso 2028-2019) al 47% de la plantilla docente, mientras que el máximo legal está situado en el 40%; los mayores índices de temporalidad se alcanzaron en Baleares (62%), Cataluña (59%) y Navarra (57%). En el año académico 2018-2019, los asociados representaban el 54% de los contratados temporales, principalmente en las facultades de Ciencias Sociales y Jurídicas. “Hay universidades en las que más del 50% de los profesores son asociados y en algunos departamentos estos representan el 80% del total”, señalan los autores del estudio, Alfonso Herranz y Vera Sacristán. Entre las causas de la precarización, apuntan la reducción del 25% en la financiación pública de las universidades durante el periodo 2009-2016.