Propuesta de Reforma Constitucional del PSOE: Un enfoque crítico

Tiene bastante gracia que uno de los dos partidos (el otro fue el PP) que propuso la última reforma constitucional, cambiando el artículo 135 para que dictara la inexcusable obligación del Estado de pagar sus deudas antes que ningún otro gasto social, ahora nos venga con esta propuesta «federal» de reforma de la Constitución de 1978. Llevan toda la vida (más de 30 años) afirmándola y defendiéndola, pero ahora, cuando los vientos de federalismo, de autodeterminación, de tercera república y de proceso constituyente soplan más fuertes que nunca, aparece el PSOE con su propuesta de Reforma Constitucional. Vamos a intentar exponerla en sus puntos fundamentales, para comprobar hasta qué punto se trata, en el fondo, de intentar cambiar algunas cosas para que, al final, nada cambie. Vamos a tomar como fuentes de referencia el propio documento original completo publicado por el PSOE con los términos de la reforma propuesta, un documento resumen elaborado por varios profesores universitarios de derecho, que proponen algunas otras modificaciones interesantes, y una web del PSOE dedicada a exponer los puntos principales de la referida reforma.

En cuanto al aspecto de mejoras democráticas, se pretenden implantar algunos cambios, tales como limitar el aforamiento, rebajar las condiciones para poder presentar una ILP (Iniciativa Legislativa Popular), o fortalecer la transparencia y la organización de los partidos políticos, pero en general, este apartado dista mucho de completar nuestros mecanismos democráticos y de participación ciudadana, como pueden ser la democracia participativa, la democracia revocatoria, y sobre todo, la más importante, y que siendo el PSOE un partido que se autodenomina «socialista» debiera fomentar: la democracia económica. La propuesta de reforma constitucional del PSOE también recoge la transformación del Senado para que éste se convierta en lo que debe ser en un auténtico Estado Federal, que no es otra cosa que una Cámara de Representación Territorial. Estamos de acuerdo por tanto en la redefinición de sus funciones, para vincularlas a las que se derivan de su dimensión territorial, en vez de actuar como lo hace ahora, es decir, como el «cementerio de elefantes» de las diferentes fuerzas políticas. Y con respecto a la Ley Electoral, sólo se propone «incrementar la proporcionalidad del sistema electoral para el Congreso de los Diputados«. En fin, un planteamiento bastante pobre.

En cuanto al aspecto de la organización territorial, la propuesta de reforma contempla una clarificación de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la mejora del actual sistema de financiación autonómica (proponiendo que este nuevo sistema quede fijado en la Constitución, y que las CC.AA. asuman la responsabilidad de su gasto), y el reconocimiento constitucional de los municipios y las provincias, así como la garantía de su autonomía. No se propone, como entendemos desde la izquierda transformadora que debe hacerse, la supresión de las actuales Diputaciones Provinciales, por ser unidades administrativas caducas, ineficaces, anacrónicas y corruptas. Bien, en este apartado, echamos de menos una auténtica transformación en sentido federal de nuestro Estado, reconociendo la plena autonomía de los distintos entes (pueblos, comunidades,…) federados, estableciendo el Estado Federal unos mínimos blindajes en cuanto a garantía del cumplimiento de los derechos humanos básicos, y de un amplio rango de servicios públicos, que a su vez, los Estados, pueblos o comunidades federados podrían ampliar (nunca reducir). Y por supuesto, si apostamos por un auténtico federalismo, entendemos que el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de todos los pueblos que formen el Estado Federal Español es algo absolutamente irrenunciable, porque de lo contrario estaríamos hablando de simple unionismo. Pero en vez de ello, lo que el PSOE se limita a proponer es «el reconocimiento de las singularidades de distintas nacionalidades y regiones, y sus consecuencias concretas: lengua propia; cultura; foralidad; derechos históricos; insularidad; organización territorial o peculiaridades históricas de derecho civil«.

La reforma propuesta por el PSOE también aboga por la incorporación de un derecho fundamental a la asistencia sanitaria de forma blindada, esto es, que imposibilite la eliminación por ley de la sanidad universal, gratuita y de calidad para el conjunto de la ciudadanía. En lugar de reformular por completo el artículo 135, se propone «incorporar las condiciones de salvaguarda de la Estabilidad Social del Estado«, lo cual resulta claramente insuficiente. Proponen también «el reconocimiento del derecho a una renta o ingreso mínimo vital ante situaciones de carencia efectiva«, por lo cual no avanzamos nada hacia una renta básica con las características de universalidad, incondicionalidad e individualidad, que son las que de verdad imposibilitarían que existieran pobres en nuestra sociedad. Sobre el derecho a la vivienda, únicamente se indica su garantía «mediante la previsión de obligaciones concretas para los poderes públicos, especialmente en casos de desahucio«. Como se puede ver, todo ello está en la clásica línea PSOE, es decir, nadando entre el reconocimiento y la timidez, entre la exigencia y la cobardía, es decir, en la más clara ambigüedad. Como hemos indicado en otros muchos artículos, lo único que debe indicar la nueva Constitución es la exigencia absoluta del cumplimiento de todos los Derechos Humanos, individuales y colectivos, objetivos y subjetivos, frente a los continuos intentos de mercantilización de los mismos por parte del Gran Capital. En cuanto a la naturaleza como sujeto de derechos (cosa que no se reconoce en ningún momento), únicamente se incluye una tímida intención para «Reforzar los derechos medioambientales«.

Algunos puntos positivos tiene, no obstante, la propuesta de Reforma Constitucional del PSOE. Por ejemplo, estamos bastante de acuerdo cuando proponen «Incorporar en la Constitución una regulación expresa y específica de la igualdad entre mujeres y hombres que se extienda, entre otros ámbitos, al empleo y las condiciones de trabajo, al derecho de las mujeres a su salud y a su vida, a la protección frente a la violencia de género, a la libertad de decidir sobre sí mismas [entendemos que se refiere al derecho al aborto], al desarrollo de una educación en valores cívicos y en igualdad, libre de sesgos de género, y a la participación política«. También es bastante positivo la propuesta sobre «Abolir la pena de muerte, incluso para tiempos de guerra«, aunque echamos en falta una renuncia expresa a la guerra como mecanismo de resolución de conflictos, en cualquier situación, si es que queremos, al menos, reconocernos mínimamente como un Estado pacifista. Muy tibio nos parece, en cambio, el apartado que indica «Actualizar y consolidar el principio de laicidad, incluyendo el sometimiento de los representantes públicos al principio de neutralidad religiosa en sus actuaciones«. Entendemos que dicho principio de laicidad debe incluir bastantes cosas más. Y por su parte, tiene bastante gracia que se incluya en la reforma la propuesta de «Facilitar el voto de los ciudadanos extranjeros«, cuando viene siendo el PSOE, junto con el PP, quienes lo impiden permanentemente.

Pero sin lugar a dudas, el enunciado de su web sobre la reforma que más gracia tiene es aquél que indica «Adecuar y reforzar nuestra articulación con la Unión Europea y colocar a España a la vanguardia de una Europa Social. Reforzar nuestros lazos con los países hermanos de Iberoamérica«. Este párrafo destila un cinismo y una contradicción realmente impresionantes, porque no hace falta ser un analista político de primera magnitud para darse cuenta de que una mayor articulación con la actual Unión Europea es diametralmente opuesto a situarnos en la vanguardia de una Europa Social. Pero incluso más allá de eso, nos parece una completa aberración incluir en nuestra Carta Magna las referencias a nuestra pertenencia a esta Unión Europea neoliberal, consagrada al Gran Capital, y obsesionada con implantar el permanente austericidio a los pueblos de los Estados miembros que la forman. Y por otra parte, nos parece muy bien reforzar nuestros lazos con América Latina, pero acercándonos más al bloque antiimperialista que puedan representar, entre otros países, Cuba, Venezuela, Ecuador o Bolivia, en vez de al bloque neoliberal de México, Colombia, o Panamá, por citar algunos ejemplos. De todos modos, deducimos que este acercamiento a América Latina no pretende hacerse muy en serio, ya que se indica que sólo se hará «en el preámbulo de la Constitución«. Pero ya puestos, si queremos acercanos más a Iberoamérica, una primera medida podría ser abolir nuestra Fiesta Nacional del 12 de Octubre, que rememora y festeja nuestro oscuro pasado colonial en dichos países.

Y en cuanto a la figura del Jefe del Estado, lo único que propone el PSOE en su reforma constitucional es eliminar la discriminación de la mujer en el acceso a la Corona, modificación bastante pobre después de más de 35 años de Monarquía, consolidando la figura anacrónica y antidemocrática por naturaleza del Rey. Discrepamos absolutamente y nos oponemos a todo este conjunto de reformas, porque se limitan a parchear, sin solucionar clara y definitivamente, los problemas derivados del régimen surgido de la Constitución de 1978, y por tanto, no se garantiza un nuevo marco de convivencia con plenas y absolutas garantías democráticas. La figura del Rey simplemente habría que eliminarla, previo Proceso Constituyente que permitiera, mediante un procedimiento de participación ciudadana, transformar nuestro país en una nueva República Socialista, Federal, Solidaria, Participativa, Laica y de Pleno Derecho. De esta forma, el Jefe del Estado sería elegido mediante sufragio popular, es decir, democráticamente, y no tendría ningún tipo de privilegio añadido. Los derechos sociales, laborales, cívicos, políticos, participativos, económicos y culturales deberían blindarse por completo en esta nueva Constitución Republicana, en vez de andar con medias tintas, como hace la propuesta de reforma que estamos analizando. Y con respecto a la Iglesia Católica, lo que debería hacerse es derogar todos los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, y proceder a la eliminación de todos los privilegios de tipo social, tributario y patrimonial de los que la Iglesia viene disfrutando, convirtiendo nuestro país en un verdadero Estado Laico, donde no quede ni rastro de simbología ni de presencia religiosa en las aulas, en los actos oficiales, y en las dependencias e instalaciones públicas. Por supuesto, también deberían eliminarse las obsoletas referencias a la «unidad de España» y al papel de las Fuerzas Armadas.

En fin, como hemos podido comprobar, la propuesta de Reforma Constitucional del PSOE es puro maquillaje, de cara a la galería, una reforma incompleta, parcheada, limitada, que no entra en profundidad en la ruptura democrática a la que Paco Azanza se refería en la cita inicial. Una propuesta descafeinada, que sólo aborda algunos aspectos limitados, desde una posición de pactismo, de no romper de verdad el marco constitucional de 1978, sino simplemente de adaptarlo y corregirlo en algunos aspectos. Pero lo que necesitamos es un nuevo Proceso Constituyente, que a través de un modelo participativo de cara a la ciudadanía, pueda abordar asuntos tan relevantes como la Jefatura del Estado, el modelo territorial, la auditoría de la deuda, el blindaje de los derechos humanos, el reconocimiento de los nuevos sujetos de derechos (los pueblos y la naturaleza), la nacionalización de los sectores económicos estragégicos, la renta básica universal, o nuestra salida de la OTAN, así como el debate sobre nuestra permanencia en las estructuras de esta Unión Europea neoliberal, entre otros muchos aspectos fundamentales, que nos conduzcan a un nuevo modelo de convivencia, rompiendo los privilegios de los actuales poderes fácticos, y devolviendo el poder a la ciudadanía bajo un marco absolutamente democrático. No queremos por tanto ninguna reforma de la actual Constitución, sino una Constitución nueva para un nuevo proyecto de país. Pero parece que todo esto nunca serán propuestas del PSOE.

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