El llamado eco- lógico internacional propone vincular los temas de conservación de la biodiversidad, del cambio climático y de los derechos de los pueblos indígenas en una estrategia común para salvar las áreas de mayor diversidad, dejando el carbono represado en su subsuelo, amparados en la Convención de Cambio Climático y otros convenios internacionales a […]
El llamado eco- lógico internacional propone vincular los temas de conservación de la biodiversidad, del cambio climático y de los derechos de los pueblos indígenas en una estrategia común para salvar las áreas de mayor diversidad, dejando el carbono represado en su subsuelo, amparados en la Convención de Cambio Climático y otros convenios internacionales a través de los que los gobiernos del mundo se comprometieron a conservar la biodiversidad, a reducir la pobreza, a respetar los derechos humanos en general y de los pueblos indígenas en particular.
La Reserva de la Biosfera Yasuní, que incluye el Parque Nacional Yasuní y la Reserva Étnica Huaorani tiene un valor económico inconmensurable. Es uno de los refugios del pleistoceno que permitieron el repoblamiento de la cuenca amazónica. Existen muchos espacios vacíos en nuestro conocimiento científico sobre las relaciones ecológicas entre las especies. No se sabe cuántas se están extinguiendo por las operaciones petroleras, carreteras, extracción de madera y, en definitiva, todo lo que supone la fragmentación de esos ecosistemas.
El territorio indígena de la Nacionalidad Huaorani ha sido duramente golpeado por la presencia de las empresas petroleras. Estas empresas se auto arrogan funciones del Estado y ofrecen donaciones o hacen convenios sobre desarrollo local, salud o educación, sin criterios integrales y respetuosos con la cultura. Estos proyectos se utilizan para «convencer a las comunidades a renunciar a sus derechos» por la expectativa de recibir «donaciones». Pero cuando las empresas incumplen, como sucede por regla general, éstas responsabilizan al Estado de cualquier problema. Esto provoca un escenario de carencias, conflictos y de limitaciones que el Estado no puede solucionar.
En enero de 1999 se declaró como área intangible la zona sur del Parque Nacional Yasuní para proteger a las comunidades tagaeri/taromenane, en aislamiento voluntario. Estas zonas están permanente presionadas por intereses madereros y petroleros.
El Ecuador, en un esfuerzo de asegurar los derechos de los pueblos indígenas y la conservación de la biodiversidad y de, al mismo tiempo, contribuir a la reducción de gases con efecto invernadero, propone abstenerse de sacar el petróleo del subsuelo de la Reserva de la Biosfera Yasuní, a cambio de que internacionalmente se garanticen ingresos para el Estado.
Los recursos hidrocarburíferos de la Reserva de la Biosfera Yasuní pueden ser calculados en términos de toneladas de equivalentes de Carbono y, por lo tanto, también en términos económicos.
Existe la iniciativa a nivel internacional por parte de varias fundaciones y sectores políticos de destinar fondos o encaminar esfuerzos de condonación de deudas que apoyen este tipo de iniciativas, pues es una forma concreta de reducir los gases que producen el efecto invernadero, sobre todo CO2.
Finalmente si se aplica la caducidad de contratos irregulares y ya juzgados como el de Occidental, el Estado podría contar con recursos suficientes que le permitan proceder con esta propuesta sin ningún riesgo económico.
Marco Institucional Internacional
El Convenio Marco de Cambio Climático obliga de manera especial a los países del Anexo 1 a reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero y recomienda a los otros Estados Parte también hacerlo. Para cumplir con estas obligaciones se están explorando fuentes energéticas alternativas.
En la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Cambio Climático de 1997, si bien se adoptó el Protocolo de Kyoto, es importante reconocer que muchos de los países importadores están fuera de este acuerdo, y que además propone soluciones basadas en el mercado, para la reducción de los gases que producen el efecto invernadero, especialmente el CO2. Básicamente las propuestas son el Mecanismo de Desarrollo Limpio y la Implementación Conjunta. Ambas propuestas no garantizan los objetivos de la conservación, de la reducción de emisiones y, por el contrario, amenazan otros derechos como el Convenio 169 de la OIT, en lo que se refiere a derechos territoriales de las poblaciones tradicionales.
El Convenio sobre Diversidad Biológica, por otra parte, representa el instrumento jurídico internacional más importante para la conservación de la biodiversidad. Este es justamente el primer objetivo del Convenio (Art. 1). El Artículo 8 del Convenio trata el tema de la conservación in-situ de la biodiversidad, y el 8j llama a los países a respetar, preservar y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas, que entrañen formas de vida tradicionales pertinentes con la conservación de la biodiversidad, incluyendo aquellas poblaciones que viven en áreas protegidas.
El Art. 3 del Convenio pide a los países miembros asegurarse que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción no perjudiquen al medio ambiente de otros países Parte.
Ambos convenios ratifican el Principio de Precaución como mecanismo de enfrentar lo problemas ambientales.
Beneficios
Sin duda esta iniciativa generará beneficios múltiples, como los siguientes:
Se garantiza los derechos de los pueblos indígenas y la conservación de la biodiversidad, en una zona que es patrimonio de la humanidad.
Se está evitando que nuevas emisiones de CO2 lleguen a la atmósfera, tanto por el carbono contenido en los hidrocarburos del subsuelo como por el carbono almacenado en el bosque que no será talado para las operaciones petroleras, lo que significa un bien para toda la humanidad.
Se generará recursos, vía donaciones o reducción de las presiones de la deuda financiera externa del Ecuador, cuyos fondos pueden ser destinados a gastos sociales. Adicionalmente el gobierno dispondrá de nuevos recursos para sus cuentas nacionales.
El Estado tendrá control sobre estas inversiones, los mismos que serían canalizadas por el Ministerio de Economía, con la veeduría de la sociedad.
Los ingresos pueden provenir de donaciones directas o de condonaciones de deuda externa de países industrializados, como forma de compensación por la no explotación de un recurso que resultaría en emisiones de gases de efecto invernadero y en pérdida de diversidad biológica y cultural. Es decir, que no implica una mercantilización de la vida ni un cobro por servicios ambientales y no generaría ningún tipo de derechos de propiedad o uso sobre el área del proyecto.
Esta propuesta generará un enorme prestigio y recursos económicos para el Ecuador y dará una ventaja comparativa para la consolidación y crecimiento de actividades sustentables. Articula coherentemente objetivos globales de conservación, protección de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y colectivos; alivio de la deuda externa y soluciones al cambio climático.
Es internacionalmente conocido que el Ecuador pierde recursos naturales sin compensación. El propio Banco Mundial señala (en sus cálculos de «ahorros genuinos») que el Ecuador se está descapitalizando al exportar productos que generan enormes pasivos ambientales.
Oportunidades
El actual gobierno ha asumido un compromiso con la sociedad ecuatoriana de respetar y hacer respetar los derechos colectivos y ambientales. Esta propuesta constituye una oportunidad para manifestar este compromiso.
Si bien el petróleo es fuente de divisas, se trata de recursos no renovables, cuya extracción y exportación ha provocado fuertes distorsiones en la economía nacional, desincentivando actividades productivas diversificadas y sustentables.
El crudo del Parque Nacional Yasuní es pesado, lo que supone un costo menor en el mercado y mayores problemas de contaminación.
La explotación de petróleo provoca la contaminación del aire, suelo y agua, y empobrece la biodiversidad, en muchos casos, irreversiblemente. Estos y otros impactos constituyen pasivos ambientales que no son reconocidos por las empresas y que en último caso son pagados por los Estados, mermando los recursos financieros que podrían ser invertidos en gasto social. Estas actividades contaminan y con ello inutilizan otros recursos estratégicos como el agua y la biodiversidad.
La extracción de hidrocarburos se ha justificado por ser una fuente de divisas para el pago de deuda externa, a pesar de propiciar empobrecimiento y destrucción ambiental. La situación ha llegado a ser tan absurda, que el Estado ecuatoriano se endeuda para invertir en monitoreo y reparación de daños ambientales. Este círculo vicioso de endeudamiento y empobrecimiento puede terminar con esta propuesta que lograría la cancelación de deudas y la entrega de recursos para inversión social, a cambio de abstenerse de explotar recursos naturales, situación que trae claros beneficios a nivel local y global.
Ecuador es un país megadiverso. Tiene un alto potencial turístico, actividad que está en competencia con la extracción intensiva de recursos naturales, sobre todo con las actividades petroleras. El país se está proponiendo diversificar su economía dando preferencia a las actividades sustentables.
A nivel internacional el convenio marco de Cambio Climático obliga a los países del Anexo 1 a reducir emisiones de gases con efecto invernadero y recomiendo, en general, hacerlo. Para cumplir con estas obligaciones se están explorando fuentes energéticas alternativas. Por lo tanto, no justifica ampliar la exploración de reservas hidrocarburíferas, ni explotar las ya descubiertas para evitar el riesgo de provocar un colapso al clima del planeta. Esta propuesta debe ser presentada como una contribución del Ecuador a la estabilidad del clima.
Fortalecerá el liderazgo del gobierno, no sólo internacionalmente sino a nivel nacional porque construye en términos concretos un nuevo camino, en donde convergen las propuestas económicas con las ecológicas, concretando muchas de las aspiraciones de la sociedad ecuatoriana.
Supone además un liderazgo y a nivel internacional pues encamina objetivos globales de conservación, derechos de los pueblos indígenas, alivio de la deuda externa y soluciones al cambio climático.
PROPUESTA
Ecuador declarará al Parque Nacional Yasuní como área de intervención estatal ambiental de máxima prioridad, en razón de un esfuerzo nacional e internacional por conservar la biodiversidad, el clima mundial y la sobrevivencia de pueblos indígenas que habitan en él.
Acciones a realizarse
Se procede a declarar el estado de emergencia ambiental en el Parque Nacional Yasuní y la zona intangible.
Se abstendrá de realizar nuevas exploraciones de petróleo en la Reserva de la Biosfera.
Se revisarán todos los contratos, sus irregularidades y se sustentará la caducidad de los contratos (adjunto información de sustento).
Se creará una comisión internacional para certificar las reservas existentes y transformarlas en carbono represado, lo que permitirá evaluar cuantitativamente la contribución real de este esfuerzo en reducir los gases que provocan el efecto invernadero.
Se hará un análisis para evaluar las necesidades de los pueblos indígenas que deberán ser plenamente satisfechas por el Estado y no por las empresas.
Se creará una comisión interministerial conformada por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Ambiente y Bienestar Social para iniciar gestiones a nivel internacional con el fin de que este esfuerzo sea reconocido a nivel internacional, como un beneficio global, y se traduzca en compensaciones económicas que le permitan al Estado enfrentar sus obligaciones.
Se hará una evaluación de los pasivos socio-ambientales dejados por la empresas que han operado en la Reserva de la Biosfera Yasuní, se analizarán vías técnicas y legales para que las empresas inicien los procesos de restauración ambiental e indemnización correspondientes.
Se dará una categorización legal al área intangible a fin de reforzar su conservación.
Propuestas de la sociedad civil
Contribuir con argumentos para los estudios económicos, ambientales y de viabilidad jurídica.
Comprometerse en una campaña nacional e internacional para que se reconozca este esfuerzo del gobierno nacional frente a las necesidades nacionales e internacionales de la conservación de la biodiversidad, el respeto a los pueblos indígenas, y para frenar el cambio climático.
Apoyar las gestiones internacionales para lograr recursos de compensación, cancelación de deudas, reconocimiento de la deuda ecológica y apoyo para programas sustentables basados en el principio de solidaridad y del bien común que esta propuesta implica para el conjunto del planeta.
Contribuir a la construcción de canales de coordinación entre los diferentes actores sociales y políticos.
¡ Hagamos eco de este llamado lógico por la conservación, el clima y los derecho !
Acción Ecológica
www.accionecologica.org