Las asambleas ciudadanas para el clima reivindican la utilidad de su trabajo y se organizan para que sus ideas no duerman en un cajón
Casi la mitad del centenar de personas seleccionadas de forma aleatoria que, entre finales de 2021 y verano de 2022, participaron en la Asamblea Ciudadana para el Clima han decidido asociarse y seguir presionando desde abajo para acelerar la lucha contra la emergencia climática con justicia social. Trabajan para que después del verano pueda celebrarse un foro con representantes de otras asambleas celebradas en Europa.
Lo explica una de las participantes en este colectivo, representativo de un minipaís, Teresa Arnal: «Fue un aprendizaje increíble de inteligencia colectiva, aunque sé que muchas cosas dormirán en el cajón. Se van dando pasos, como la reciente ley para reducir el desperdicio alimentario, pero nuestro trabajo de abajo arriba tiene nula difusión y, además, si la Administración requiere a la ciudadanía para que le dé recomendaciones, sería lógico que tuviera protocolos para integrarlas y espacios de seguimiento, y en eso se falla».
Arnal, que se define como activista, dice que en las reuniones era «una rareza», porque no abundaba la conciencia ambiental, pero juntos supieron llegar a 172 acuerdos, con el apoyo de facilitadores, sobre temas tan diversos y a veces controvertidos como minimizar los vuelos domésticos cuando haya alternativas de tren, reducir las macrogranjas, promover las cooperativas y plataformas para compartir coche y estudiar la diversificación y/o limitación de destinos turísticos en función de su huella ecológica. «Por eso pedimos un pacto de Estado, para que quien gobierne pueda moldear las recomendaciones», subraya la asambleísta.
Este ejercicio de innovación democrática —un compromiso incluido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de mayo de 2021— se ha llevado a cabo en distintos países, regiones y ciudades, con mayor o menor fortuna: Irlanda, Reino Unido, la Región de Bruselas, Francia, Mallorca, Guipúzcoa, Barcelona… Se trata de implicar a la gente en la búsqueda de soluciones al calentamiento global.
Los procesos electorales, el último en Cataluña, desinflan el seguimiento de esta experiencia
La última experiencia que ha culminado ha sido la de la asamblea ciudadana catalana, que en marzo presentó sus propuestas al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. A diferencia de la experiencia estatal, que abarcaba muchos temas (consumo, ecosistemas, comunidad, salud y cuidados, trabajo y alimentación y usos del suelo), en Cataluña se decidió acotar el proceso al modelo energético y al agroalimentario. Una de las recomendaciones controvertidas, que ha obtenido un apoyo del 71%, es la de reducir el consumo y la producción de carne, además de promover la dieta mediterránea y otras dietas alternativas, así como estudiar la huella de carbono de cada tipo de carne.
Las elecciones se cruzan a menudo en estos procesos, no vinculantes. El Gobierno catalán se comprometió a estudiar y a dar una respuesta a las demandas ciudadanas —si las propuestas se atenían a sus competencias y suponían un coste asumible— en un plazo de seis meses. El seguimiento del compromiso queda pendiente de los comicios de mayo.
En Baleares hubo un intento fallido de asamblea para todas las islas que, finalmente, se desarrolló solo en Mallorca. El anterior Gobierno prometió asumir las iniciativas que obtuvieran al menos el 90% de apoyo (32 de 56). La llegada de Margalida Prohens, del Partido Popular, a la presidencia en 2023, con la abstención de Vox, lo ha dejado en el aire. Los intentos de que se votaran en el Consell de Mallorca las medidas con mayor respaldo han sido rechazadas con el argumento de que había propuestas inviables. Una de las que planteaba era limitar la circulación de vehículos privados en los núcleos urbanos, según la población flotante, con un respaldo del 93%.
En cuanto a la asamblea estatal, que presentó sus ideas al presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Teresa Ribera en un inicio de pequeño tour institucional, esperaba una nueva reunión de alto nivel al año siguiente, en verano de 2023. Y llegó el 23-J.
No más piscinas
Este proceso participativo confronta a sus miembros con sus contradicciones e intereses particulares. En Mallorca, las propuestas que menos apoyo tuvieron fueron la de prohibir nuevas piscinas (63%), junto con la de crear un carné medioambiental con puntos que se pierden por contaminar (61%).
La ciudadanía debate comer menos carne, el impacto de los vuelos y el modelo energético
«La principal carencia del proceso diría que es la falta de difusión, además del hecho de que no sea vinculante. La herramienta casi ha pasado desapercibida. Las propuestas están en un cajón como si fuera algo del gobierno anterior», lamenta Pere Joan Femenia, activista de la organización estatal y mallorquina de Fridays For Future.
¿Puede todo el mundo tomar buenas decisiones sobre la crisis climática? «Por supuesto, con una buena formación. Hace falta que la gente se lo crea, y también un espacio que sea vinculante», apuntaba Gisela Torrents, técnica de Justicia Climática y Derechos Ambientales del Observatorio DESCA en un debate convocado por Extinction Rebellion (XR) sobre el tema.
En la catalana, no se aceptó incorporar cada vez más coches eléctricos a la red, ni poner puntos de carga eléctrica de pago (según el uso) en la periferia de las grandes ciudades. En cambio, ha habido unanimidad en facilitar la instalación de placas solares en casa, impulsar las comunidades energéticas y agilizar los trámites administrativos para las instalaciones verdes. Casi la ha habido (95% de apoyo) en la meta de cubrir el 2,5% del territorio con el despliegue de instalaciones de energías limpias antes de 2030 «segmentando las infraestructuras en zonas acotadas que no generen grandes zonas ni líneas continuas que generen barreras». La redacción da cuenta de los equilibrios de los acuerdos.
A 110 km/h por la autopista
«Es iluso pensar que con crear una asamblea ciudadana lo resolveremos todo, pero es muy importante promoverlas para generar debate público, como ha sucedido en Francia», enfatiza Àlex Guillamon, activista de XR y coordinador de Entrepueblos. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo inicialmente que asumiría las recomendaciones de la convención ciudadana de su país «sin filtros». Una de las propuestas más debatidas, aunque sí había filtro,consistía en limitar la velocidad de las autopistas a 110 km/hora.
Guillamon se ha mostrado muy crítico con algunos aspectos del procedimiento sobre la organización y falta de tiempo, dado que muchos participantes desconocen los temas. Y sentencia: «Hay que ser crítico sobre cómo se hacen las asambleas, pero para que se hagan mejor, no para que no se hagan».