7.291 personas mayores murieron sin ser trasladadas a un hospital en los dos primeros meses de la pandemia, en distintas residencias en la Comunidad de Madrid.
El gobierno de Díaz Ayuso había aprobado un Protocolo que impedía llevar a la inmensa mayoría de residentes a los hospitales bajo la premisa de que las residencias serían medicalizadas, algo que nunca ocurrió.
Por fin, la Justicia aborda las muertes en las residencias de Madrid tres años después. Hay que reconocer el trabajo de Manuel Rico en infoLibre que desde entonces no ha cesado de denunciar el caso diariamente. Se han cumplido más de 1.100 días desde que falleció la primera residente en España. En la primera ola del covid murieron más de 20.000 en residencias de personas mayores, muchos de ellos tras una clara violación de derechos humanos.
Según el último informe emitido por el IMSERSO (que ha dejado de publicarse el 29 de enero), hasta 34.683 personas que vivían en residencias han fallecido a causa del coronavirus. La contabilización oficial de los fallecimientos en residencias a causa de la COVID-19 ha sido complicada. Buena parte de los decesos son de personas con síntomas compatibles con el coronavirus, pero sin pruebas que lo corroborasen. Por comunidades autónomas y en valores absolutos, Madrid es la región donde más mayores han fallecido, seguida por Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Miembros de Marea de Residencias se han concentrado ante los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, exigiendo justicia y que se depuren responsabilidades al más alto nivel, el día en el que declaran dos testigos: Alberto Reyero, entonces consejero de Política Sociales, y Carlos Mur, firmante de las cuatro versiones que tuvo el Protocolo. Han declarado que el llamado Protocolo de la Vergüenza introdujo como requisito para la derivación hospitalaria «no el grado de enfermedad del residente, sino su grado de dependencia». Algo a lo que el entonces Consejero se opuso desde el primer momento al entender que era discriminatorio. Por su parte, Carlos Mur, destacó que el consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero– dio su aprobación al documento.
Es la primera vez en tres años que un juez muestra interés en saber qué pasó con el Protocolo que impidió el traslado a los hospitales de los residentes. En marzo y mayo de 2020, murieron 7.291 personas mayores en las residencias de Madrid sin ser trasladadas a un hospital. Los dos testimonios suponen que, por primera vez en sede judicial, altos cargos del Gobierno de Ayuso dejan claro que el Protocolo existió y contó con el respaldo del consejero de Sanidad, se envió a los hospitales y se aplicó. Isabel Díaz Ayuso, sigue mintiendo al afirmar que el Protocolo de la Vergüenza, que impidió las derivaciones hospitalarias de los mayores de las residencias en las peores semanas de la pandemia, nunca se aplicó.
El Protocolo establecía medidas por las que para derivar a los residentes a hospitales, se excluía a las personas en función de su situación de dependencia o discapacidad, lo que impidió que se les atendiera en los hospitales. Esto tuvo como consecuencia que las personas que se quedaron en las residencias fallecieran en unas condiciones indignas. No hubo alternativas a los ingresos hospitalarios, puesto que en el hospital creado en Ifema Madrid, para afrontar la crisis sanitaria producida por el Covid-19, no se atendió a las personas mayores y las residencias tampoco se medicalizaron. 7.291 murieron al quedar abandonados a su suerte.
En la residencia DomusVi Albufera, se produjo la muerte de tres mujeres los días 31 de marzo, 2 de abril y 8 de abril de 2020, sin ser trasladadas a un hospital. Sus familiares presentaron una querella por los presuntos delitos de homicidio imprudente, denegación de auxilio y prevaricación omisiva. En aquellas fechas se estaba aplicando en la Comunidad de Madrid el Protocolo de la Vergüenza, que restringía al máximo la posibilidad de trasladar a los hospitales a las personas mayores enfermas y tenían una alta dependencia física o que sufrieran un deterioro cognitivo importante. Las hijas de las tres fallecidas dirigieron inicialmente la querella también contra Ayuso y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pero la Audiencia Provincial resolvió que no cabía dirigir la investigación contra ellos al no existir indicios de delito. La acusación de homicidio imprudente se basa en la supuesta demora a la hora de actuar, lo que produjo el agravamiento de la enfermedad de las tres mujeres y su posterior muerte.
Sobre este caso, el juez Arturo Zamarriego, titular del juzgado número 9 de Plaza de Castilla, ha pedido un informe a la médico forense adscrita al juzgado, para que determine si a la vista de la patología y las enfermedades previas que presentaban las tres mujeres, existió una atención médica inadecuada y si esa supuesta omisión de la diligencia debida pudo provocar su fallecimiento.
En el Protocolo de la Vergüenza. Aprobado el 18 de marzo de 2020, y con otras tres versiones aprobadas los días 20, 24 y 25 de aquel mes, todos fueron firmados digitalmente por el propio Carlos Mur. Cuando tuvo que declarar ante la comisión de investigación constituida en su día en la Asamblea de Madrid, Mur intentó rebajar la importancia del Protocolo a un conjunto de recomendaciones para dar criterios homogéneos a los profesionales médicos y que éstos pudieran analizar caso por caso si se derivaba o no a un residente al hospital.
Otro tema a tener en cuenta es la falta de medicamentos adecuado en las residencias. La propia Ayuso llegó a decir que ya se había ejecutado la medicalización en su práctica totalidad: «hemos trasladado equipos médicos a todas ellas», aseguró la presidenta en una de las mayores mentiras que difundió sobre la tragedia de las residencias. El Gobierno de Ayuso no sólo no medicalizó las residencias, sino que incluso llamó a personal sanitario que estaba en centros residenciales para que los abandonase y fuese a trabajar a otros lugares.
En otras tres comunidades se produjo durante la primera ola de la pandemia un frenazo brutal a las derivaciones hospitalarias, lo que disparó el número de personas fallecidas en las propias residencias. Madrid encabeza esa fúnebre clasificación, con el 77% de los mayores muertos en aquellos meses de marzo y abril sin ser trasladados a un hospital. Un porcentaje que en Cataluña fue del 72% y en Castilla y León del 69%. En Castilla-La Mancha se situó en torno al 70%.
Lejos de investigar las muertes en las residencias, la Justicia ni siquiera se ha tomado la molestia de preguntar a nadie del gobierno de Díaz Ayuso por qué se dictó y se ejecutó dicho Protocolo, a pesar de que uno de sus miembros escribió incluso un libro denunciando lo ocurrido (Morirán de forma indigna, Alberto Reyero).
La fiscal de Madrid, Almudena Lastra fue todavía más allá y justificó por escrito la pasividad del Ministerio Fiscal con una serie de mentiras flagrantes que chocan con la realidad de todos los datos oficiales que ella debía conocer. Mentiras, afirmaciones solemnes que carecen de cualquier sustento fáctico, omisiones de hechos fundamentales, lo que ha permitido al gobierno de Díaz Ayuso y otros dirigentes del PP acudan con frecuencia a esos argumento: la Fiscalía ha hablado y ha establecido que nunca hubo un Protocolo que impidiera la derivación de mayores de las residencias a los hospitales, llegó a decir el consejero de Justicia Enrique López.
El pasado 18 de marzo, se han cumplido tres años de la aprobación del Protocolo de la Vergüenza y cientos de familiares resisten en su batalla para que se conozca la verdad y se haga justicia a las 7.291 personas mayores y dependientes que fueron llevadas a una muerte segura a causa de la firma de ese protocolo. El 23 de marzo, 1.100 días después de la aprobación del Protocolo, por primera vez un juez ha interrogado al alto cargo del Gobierno Ayuso que firmó el documento y al entonces consejero que denunció en plena crisis lo que estaba pasando y posteriormente dimitió.
Hay que denunciar la precarización absoluta que sufre el sistema de Residencias que permitió la masacre inhumana durante la pandemia, debido principalmente a la inacción o acción interesada de los distintos estamentos responsables que han cedido la gestión de un derecho fundamental, la dignidad, a los depredadores de lo público, causa directa de un trato infame a los residentes, la precariedad laboral y asistencial de un sector mayoritariamente feminizado, desviando la gestión a empresas privadas que exclusivamente buscan beneficios económicos (Marea de Residencias).
Toda la ciudadanía en situación de dependencia o necesidad, tenemos derecho a una plaza residencial pública de financiación total, aunque acudir a una residencia debe ser una elección y no una imposición del sistema. Debe haber un parque suficiente de residencias públicas de gestión directa con unos estándares de calidad, basadas en la atención centrada en la persona.
La Administración ha de garantizar los derechos fundamentales de las personas, salvaguardando su intimidad, dignidad y teniendo en cuenta sus gustos y preferencias. Hay que mostrar el más absoluto rechazo a las políticas privatizadoras que se han venido aplicando hasta ahora en materia de residencias. Hay que aprobar una Ley de Residencias que garantice los derechos y la dignidad de las personas.
Hay que exigir que se depuren responsabilidades judiciales y políticas al más alto nivel, por los presuntos delitos de homicidio imprudente, denegación de auxilio y prevaricación omisiva, por la muerte de 7.291 personas mayores y dependientes que fueron llevadas a una muerte segura, en condiciones indignas, por la aplicación del Protocolo de la Vergüenza firmado por el gobierno de la Comunidad de Madrid.
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