El urbanismo postmoderno llega a la localidad valenciana de Catarroja, en plena comarca de l’Horta, con el proyecto denominado «Nou Mil.leni», que prevé la construcción de una ciudad nueva, de 13.446 habitantes, sobre la única zona de huerta que queda en el municipio. Con la ejecución de este proyecto urbanístico, ejemplo de ocupación del territorio […]
El urbanismo postmoderno llega a la localidad valenciana de Catarroja, en plena comarca de l’Horta, con el proyecto denominado «Nou Mil.leni», que prevé la construcción de una ciudad nueva, de 13.446 habitantes, sobre la única zona de huerta que queda en el municipio. Con la ejecución de este proyecto urbanístico, ejemplo de ocupación del territorio en el País Valenciano durante los últimos años, Catarroja pasaría de los 28.000 habitantes con que cuenta actualmente, a cerca de 50.000.
La polémica ha acompañado a este plan urbanístico desde su alumbramiento. Y no sólo por estar plagado de «irregularidades urbanísticas», según denuncia el colectivo Salvem Catarroja, sino por la trayectoria de sus protagonistas: el alcalde de Catarroja, Francisco Chirivella, la constructora Llanera y el Instituto Valenciano de la Vivienda de la Generalitat valenciana (IVVSA).
El «Nou Mil.leni» es el proyecto con el que el municipio de Catarroja identificará a quien ha sido su alcalde durante una década, Francisco Chirivella, del Partido Popular. El primer edil ha llegado hasta el punto de convocar un pleno extraordinario, en el que se votaban dos recursos de particulares contra el «Nou Mil.leni», a las ocho y media de la mañana; o hacer coincidir el mes de exposición pública para presentar alegaciones, con el periodo vacacional.
A pesar de estas casualidades, el hecho más grave, según las denuncias de Salvem Catarroja, es la utilización «arbitraria» de la policía local contra todo aquél que se oponga al alcalde. De hecho, una orden directa de Chirivella obligó a desmontar una falla que satirizaba su proyecto. El máximo responsable del Ayuntamiento, que ha utilizado las televisiones locales para denigrar a sus críticos, controla con mano de hierro esta institución. Un control que se pone de manifiesto con los listados de personas que la policía local tenía para «cachear» antes de la entrada a los plenos.
La otra pata del negocio es la empresa Llanera, que en octubre del año pasado reconocía ante el juez una deuda de más de 700 millones de euros. La compañía tenía en proyecto 24 urbanizaciones con campo de golf en el litoral mediterráneo, con un sistema bien definido: adquisición de grandes bolsas de suelo rústico -a precio muy barato- para una posterior reclasificación a «residencial», con el visto bueno de los ayuntamientos y gobiernos autonómicos). El objetivo final, un modelo de vivienda turística asequible, pensada en buena medida para el mercado británico.
Llanera no era una empresa desconocida para el gran público. Sus campañas de marketing agresivo se reflejaban en el patrocinio (por sumas exorbitantes) del Valencia Club de Fútbol, el Charlton (equipo de la liga de fútbol inglés), la orquesta sinfónica de Xàtiva o los grandes anuncios «monoposte». Funcionaba como una fábrica del «boom» inmobiliario (a finales de 2006, 736 trabajadores estaban empleados en Llanera sin que existiera en la compañía comité de empresa).
Según fuentes consultadas, el crecimiento de la empresa se acelera vertiginosamente a partir de 1995, cuando Eduardo Zaplana accede a la presidencia de la Generalitat valenciana. El declive de Llanera coincide, asimismo, con el ocaso del político de Cartagena. Las aspiraciones frustradas a la construcción del nuevo estadio de Mestalla, que finalmente Juan Bausita Soler, a la sazón presidente del Valencia; el presidente del Gobierno Valenciano, Francisco Camps; y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, adjudicaron a las Koplowitz y a Construcciones Bertolín, marcaron el final del imperio Llanera.
El Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) es una empresa pública de la Generalitat, que tiene como objetivo teórico «facilitar el acceso a una vivienda digna, de calidad y en un entorno habitable a los ciudadanos». A pesar de esta declaración de principios, el que fuera consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, impulsó en 2005 ocho «empresas mixtas» (en la que el IVVSA participa con empresas privadas) para fomentar, según la declaración de principios, la construcción de VPO. Uno de estos consorcios es IMPROVA, formado por el IVVSA y Llanera con el fin de desarrollar Nou Mil.leni.
La excusa es la vivienda social. Pero, en la práctica, el instituto público se aleja de su finalidad y se embarca en todo tipo de proyectos descabellados. Con el constructor alicantino Enrique Ortiz, el IVVSA forma otra «empresa mixta» para ejecutar el proyecto «Gran Manises», que consiste en la reclasificación de 1,4 millones de metros cuadrados y la construcción de 9.400 viviendas. O se lanza a la aventura del Plan de la Vega de Cullera (conocido como el Maniatan), que prevé 33 torres de hasta 25 alturas y cinco mil nuevas viviendas.
Otras veces el IVVSA colabora con empresas públicas, como AUMSA (propiedad del Ayuntamiento de Valencia). Las dos entidades controlan el 55% de Cabanyal 2010 SA, encargada de ejecutar la «prolongación» de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar.
Todas estas actuaciones han estado envueltas por una gran polémica. Además de la oposición de colectivos ciudadanos y movimientos sociales, la Comisión Europea impugnó el año pasado las «empresas mixtas» y pidió su disolución por no respetar las directivas en materia de contratación pública. Lo mismo hizo el Síndic de Comptes, al determinar que había quedado «sin contenido» el objeto social de las empresas.
Dos personajes -principal y subalterno- sobresalen en este panorama de desmanes urbanísticos. El consejero Rafael Blasco, que pasó del FRAP en tiempos de la dictadura franquista, a responsable de las políticas urbanísticas con el PSOE y, más tarde, con el PP; y su mano derecha, el ex gerente del IVVSA, José Fermín Doménech, premiado por su gestión al frente del instituto público con el cargo de director general de la Fundación de la Comunidad Valenciana para el Medio Ambiente, y después como responsable de la empresa municipal Nuevos Espacios de Torrent.
Un programa urbanístico bajo sospecha
En mayo de 2009 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana suspendió de manera cautelar el programa «Nou Mil.leni», al considerar que no se acreditaba la suficiencia de agua para las nuevas edificaciones. Un mes después, otro auto del (TSJ) confirmó la paralización, esta vez, por incompatibilidad entre ocupación de suelo prevista y criterios de sostenibilidad ambiental.
Pero los autos judiciales son sólo algunos de los elementos que hacen del «Nou Mil.leni» un programa urbanístico bajo sospecha. En diciembre del año pasado, el alcalde de Catarroja convocó -en día y hora que no invitaban demasiado a la participación- un pleno extraordinario en el que se aprobó un aumento de las cesiones por parte de los propietarios de terrenos a las empresas promotoras, Llanera y el IVVSA. Desde algunos sectores se ha interpretado esta medida como un intento de dar respiración asistida a una empresa como Llanera, actualmente en suspensión de pagos.
Si de algo no cabe duda es que este proyecto implica una ciudad nueva y un nuevo modelo urbanístico para Catarroja. Por esta razón resulta inexplicable la aprobación del «Nou Mil.leni» por parte del Ayuntamiento y la Consejeria de Medio Ambiente sin que antes se revisara el Plan General del municipio, como han denunciado Salvem Catarroja y la oposición municipal.