Sumamos a nuestro buscador 530 nombres de personal eventual que trabajó en algunos de los ministerios entre 2020 y 2023. No están todos, porque tanto Presidencia, como Interior, Inclusión e Industria han decidido ocultar esa información.
Entre las páginas del plan contra la corrupción que presentó Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso aparecen los asesores. Dos veces. Una, para incluirlos junto a los altos cargos entre quienes tendrán que rendir cuentas de sus reuniones si se acaba aprobando la Ley del lobby, ahora en anteproyecto. Otra, cuando se resumen futuras medidas para evitar los conflictos de interés, como limitaciones tras el cese (para evitar las puertas giratorias), dedicación exclusiva o declaraciones de bienes. Medidas que ya existen para los altos cargos. El plan no aclara si la promesa es que sean más estrictas o que se pondrán medios para vigilar que se cumplan con más empeño. Lo que sí es nuevo, aunque impreciso, es cuando el texto añade que “algunas de estas medidas serán también aplicables al personal eventual miembro de gabinetes que realiza tareas de confianza y asesoramiento especial”.
Eso podría significar que las medidas para evitar ciertas puertas giratorias, como que una persona se vaya a trabajar, tras el cese, a empresas sobre las que ha regulado (o, en este caso, sobre las que ha asesorado para regular), se amplíen, al menos en parte, al personal eventual. Incluir a los asesores en este plan no es espontáneo. El Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) reclama a España, desde 2019, que las exigencias sean similares a las de los altos cargos. En su última evaluación, pide “someterlos a requisitos de transparencia e integridad equivalentes a los que se aplican a las personas con altas funciones ejecutivas”.