No hay semana ni día en los que no aparezcan nuevos casos de corrupción política, económica e institucional que van de la mano. O nuevos implicados, imputados o investigados en nuevos casos o tramas conocidas. Esta semana ha sido en la trama «Púnica», que ha costado la dimisión de los consejeros de la Comunidad de […]
No hay semana ni día en los que no aparezcan nuevos casos de corrupción política, económica e institucional que van de la mano. O nuevos implicados, imputados o investigados en nuevos casos o tramas conocidas. Esta semana ha sido en la trama «Púnica», que ha costado la dimisión de los consejeros de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria y a la ultracatólica Lucía Figar. No ha sido por decencia, que no la tienen, sino para facilitar el pacto electoral en Madrid. Veremos si surte efectos.
El caso sigue abierto y la Guardia Civil estrecha el cerco sobre otros seis dirigentes que fueron en la lista de Cristina Cifuentes, por lo que los pactos están en el aire. Los dimitidos por imputados en la operación Púnica, son el consejero de Presidencia y Justicia y la consejera de Educación. En malas manos hemos estado y estamos. La corrupción impera en este reino borbónico, que históricamente bien conoce la materia. La situación creada por la corrupción es tan grave que el propio Sistema se ha resentido
La corrupción está instalada en la sede de los genoveses. No es ficción. El juez de la Audiencia Nacional de la Mata, ha abierto juicio oral contra los extesoreros Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas, su exgerente Cristóbal Páez, por el caso de los papeles de Bárcenas, en el que se ha investigado la caja «B» del PP, que deberá responder como responsable civil subsidiario de los 1,2 millones de euros que se dejaron de ingresar en Hacienda. El caso Bárcenas es el mayor caso de corrupción y financiación ilegal de un partido político, según Ernesto Ekaizer en su libro «Bárcenas» y Rajoy dice desconocer.
Es corrupción el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada y el pago de comisiones ilegales, para conseguir negocios y beneficios, que sin delito, no hubieran podido alcanzarse; el soborno, la extorsión, el fraude, la malversación, la prevaricación, el cohecho, el contrabando, el blanqueo, la evasión de capitales o el delito fiscal. En el PP y su gente se acumulan todos los delitos posibles. Se han atesorado grandes fortunas con el negocio inmobiliario y sus prácticas corruptas asimiladas. La financiación ilegal de los partidos políticos es otro delito y el caso Bárcenas su encarnación. Hay más de 2.000 imputados a la espera de juicio en 150 casos, entre los que destacan el Nóos, que afecta a la familia real, Cristina de Borbón y Urdangarín; la corrupción urbanística en el Pretoria, con la famiglia Pujol protagonista; o los ERE en Andalucía, donde están implicados los expresidentes Chaves, Griñán y varios consejeros y diputados.
El 50,8% de los españoles están preocupados por la corrupción y el fraude, que están, considerados como uno de los tres mayores problemas de España, por detrás del paro (mayor problema para el 79,4%) y por delante de los problemas de índole económicos (25,4%). La corrupción es el principal problema que afecta al 15,8% de los encuestados en el barómetro de mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas. Como consecuencia de todo, el cuarto problema, es la clase política y la política en general (18,8%). Todo descorazonador.
Otros de los casos más destacados a recordar son las irregularidades en Caja Madrid y en la salida a bolsa de Bankia, en el que están imputados los expresidentes de ambas entidades Rodrigo Rato (exministro de Economía de Aznar y expresidente del Fondo Monetario Internacional) y Miguel Blesa, entre otros directivos. También las tarjetas de crédito opacas en Caja Madrid. El Sistema está tocado, porque la desvergüenza gobierna y hay que cambiar de gobernantes y si se tercia de Sistema.
En la trama Púnica se siguen produciendo imputaciones. Destacan Francisco Granados -en prisión incondicional- y empresarios, alcaldes, concejales y funcionaros de los municipios de Sevilla la Nueva, Parla, Valdemoro, Casarrubuelos, Collado Villalba, Torrejón de Velasco, Serranillos del Valle y Mostoles; el presidente de la Diputación de León; el exalcalde de Cartagena y exdiputado del PSOE, José Antonio Alonso y varios consejeros, directores generales y técnicos de la Región de Murcia. Los últimos imputados son los consejeros de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria y Lucía Figar y otros dos diputados del PP en la Asamblea de Madrid, junto con un consejero de de Murcia. Entre todos adjudicaron obras públicas a los empresarios amigos por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales, según la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. ¡Qué necesidad tenían, teniéndolo todo!
Salvador Victoria, consejero de Presidencia y Justicia, portavoz del gobierno, ha sido citado en calidad de imputado para declarar el 26 de junio por supuestos delitos de corrupción, en la que se investigan las «redes clientelares de tráfico de influencias». Lucía Figar, consejera de Educación y secretaria de comunicación del PP -que Rajoy barajaba como futura ministra- (Rajoy se queda sin candidatos), ha sido imputada por delitos de malversación y prevaricación, por contratar con Madiva, empresa del conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, para trabajos de posicionamiento on line, y con EICO por la Web, donde se recogían las ofertas educativas de la Comunidad.
Todo se derrumbó en el mes de octubre pasado, con la detención de 51 personas: el secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, diputado de la Asamblea de Madrid, senador y exalcalde de Valdemoro. El nombre ingeniosamente dado por la Guardia Civil a la «Operación Púnica», proviene del nombre científico del granado: punica granatum, haciendo referencia al capo de la trama. El objetivo no era financiar ilegalmente a sus partidos -PP, PSOE y Unión Demócrata Madrileña- sino el lucro personal. A la trama se le imputan once delitos: blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, revelación de secretos, negociación prohibida a funcionarios, fraudes contra la administración y formar parte de organización criminal.
El otro macro proceso en curso es el caso Gürtel, o caso Bárcenas, o de financiación ilegal del PP. Está implicado el presidente del gobierno como beneficiario de los «sobres» y consentidor de la trama. Rajoy dijo en su día: «Todo lo referido a mí y mis compañeros no es cierto; salvo alguna cosa publicada«, declarándose inocente. Todo se desvanece. Pongo en duda su inocencia y respeto la presunción. El presidente del gobierno y del partido, en el que tantos responsables están comprometidos, es culpable políticamente. Rajoy debe presentar la dimisión de forma inmediata: por lealtad institucional, por dignidad democrática y por el respeto que nos debe. En su caso, o además de, la oposición, debe presentar una moción de censura. Se que es pedir peras al olmo, pero por pedir que no quede.
La deuda pública ha superado el billón de euros (99% del PIB) y no es por la crisis, sino por la mala gestión del gobierno. Los expertos hablan de recuperación, pero no hay tal, mientras no se note en la vida cotidiana de la gente y en el empleo calidad digna. Según el barómetro de mayo, el 70,07%, considera que la situación económica es «mala» o «muy mala» y el 29,3% de optimistas, cree que la situación mejorará en un año.
El 76,5% de las personas encuestadas por el CIS, consideran que la situación política también es «mala» o «muy mala», y aparece la «corrupción y el fraude» como el segundo problema en importancia en España. Los corruptos han esquilmando las arcas públicas y el Estado se resiente: tráfico de influencias, uso de información privilegiada, pago de comisiones ilegales, para conseguir negocios y beneficios. Sobornos, extorsión, fraude, malversación, prevaricación, cohecho, blanqueo, evasión de capitales y delitos fiscales. Nadie que se gane la vida trabajando honradamente, acumula tan grandes fortunas, ni por la lotería, ni por la herencia del tío indiano.
Dijo Rajoy: «El Estado de Derecho no admite chantajes» y efectivamente no admite chantajes, ni tampoco sinvergüenzas, ni traidores, ni vende patrias, ni corruptos, ni a quienes reciben sobresueldos, mientras llaman a austeridad de los pobres. Rajoy su gobierno, sus empresarios y cómplices amigos, quieren a la ciudadanía sierva, a los trabajadores esclavos, a los jóvenes rehenes ignorantes, a los enfermos y jubilados muertos vivientes y a todos en silencio. Pero el pueblo, ya se sabe, es fácilmente manejable y cuando, como dijo hace pocos días Rajoy «se le bombardea con constantes noticias sobre corrupción«, aunque todas ellas sean ciertas, pues se acaba haciendo una idea equivocada de la realidad. Queda la esperanza de los gobiernos que resulten tras los pactos de elecciones autonómicas y municipales pasadas. Más adelante las generales, cuando convenga a los intereses de Rajoy, que tiene que perder.
Como parece que el PP ha estado financiado ilegalmente durante los últimos veinte años, las elecciones ganadas en este tiempo son ilegales, por lo que todo es ilegal en España «gobernada por delincuentes», en opinión del profesor Ramón Cotarelo y yo también lo afirmo. No parece que la corrupción vaya a desaparecer, porque los que tienen el poder para evitarlo no quieren. Los instrumentos para luchar contra la corrupción existen, pero no se utilizan o no se utilizan siempre adecuadamente.
Según la asociación Jueces para la Democracia, el Consejo General del Poder Judicial es «la correa de transmisión de las fuerzas políticas» y en concreto del gobierno, que ha planteado en la Ley de Enjuiciamiento Judicial, un período de 6 a 18 meses máximo para instruir las causas, situación que favorece a los corruptos, a los que el gobierno ampara. En «asuntos de corrupción va a facilitar la impunidad». Nada conoceríamos de estos casos tan complejos, si en 18 meses se hubiera tenido que acabar la investigación.
Mientras unos se lucran, otros pagamos en su beneficio. Los corruptos abanderan las políticas de austeridad, desmantelan los servicios públicos y los privatizan para sí. Son los que propugnan que el Estado no preste servicios asistenciales, ni pague pensiones, ni subsidios, porque no son sostenibles. La corrupción ha quebrado el funcionamiento de las instituciones y ha conseguido alejar a la ciudadanía de la cosa pública.
Tan corrupto es el que utiliza los bienes públicos en su propio beneficio, como quien no lo impide pudiendo. El poder corrompe; sobre todo, si los que lo asumen, lo quieren para corromper. Algunos pretenden desvirtuar la democracia, presentando la corrupción en la política, como algo consustancial; pero no es así. Contra corrupción, transparencia y democracia participativa y que la Justicia caiga con toda su fuerza contra ell@s.
@caval100
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