Este título simplemente refleja mi creciente perplejidad. Por los círculos universitarios madrileños -y quizá incluso fuera de ellos- circula en busca de adhesiones un texto de queja al Defensor del Universitario de la UCM.
Me llegó la semana pasada. Precisamente cuando, después de dos años y tres meses de encierro riguroso en Bruselas a causa de la pandemia, me disponía a tomar unas cortas vacaciones para ver a mi hija en su nuevo domicilio en Reino Unido. Cuando este post se publique estaré allí y alejado de mis papeles y libros. Por vez primera en tal lapso de tiempo.
No sorprenderá que apenas si tardase treinta segundos en adherirme después de leer el texto en cuestión. No sabía nada al respecto y no tengo conocimiento directo o indirecto si los hechos narrados sucedieron como en él se describen o no. Tampoco me parece que se trate de una broma pesada. En cualquier caso, si lo fuera no se tardaría en descubrir la superchería.
Para mí llueve sobre mojado. Hace algunos meses denuncié la orientación del contenido de la petición de VOX, elevada a la mesa del Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre por la portavoz adjunta de este partido, la Excma. Señora Doña Macarena Olona. Solicitaba la retirada del proyecto de ley de Memoria Democrática. Que yo sepa, nadie se hizo eco del caso. El “sabroso” texto de la petición tampoco se hizo público. No lo ha exhibido, que yo sepa, VOX ni tampoco ningún órgano de prensa de los que suelen aparecer digitalmente en mi bien baqueteado ordenador. Sí leí la noticia de que tal petición había sido desestimada. Escribí un par de artículos sobre el caso en InfoLibre, para darles mayor publicidad que la modesta de que goza mi blog, y me he permitido hacer una referencia en un próximo libro, CASTIGAR A LOS ROJOS, en el que colaboro. Se publica el 15 de junio y haré alusión a él en varias ocasiones en el futuro.
Se trata de una puesta a punto de las bases conceptuales, filosóficas, históricas y jurídicas que sirvieron de pauta a los sublevados del 18 de julio para realizar un sinfín de actos de puro terrorismo que duró a lo largo de la guerra e incluso después. Y, como es lógico, nos basamos en evidencias primarias relevantes de época. Las que, por cierto, jamás ha utilizado el profesor Stanley G. Payne a quien un medio digital ha sacado recientemente de la oscuridad.
Innecesario es decir que personalmente me relamo de gusto anticipando las reacciones, si las hubiera, de VOX y del PP y de los historiadores detrás de ellos. Ya han dado muestras de lo que valen, en mi opinión, en el curso del debate sobre si el ingeniero e inventor Juan de la Cierva estaba o no compinchado con la sublevación.
Pues bien, si las concepciones de la historia de España que tienen puerta abierta en los medios de la derecha sobre la República, la guerra civil y el franquismo me son familiares, no había prestado suficiente atención al debate sobre los orígenes de España. Lo que había leído al respecto había sido obra de, con todo respeto, aficionados o periodistas. Unos los sitúan en tiempos de los romanos, otros lo hacen en la época de los visigodos y no faltan quienes los ponen en los comienzos de la “cruzada” contra los moros invasores. La fecha mítica es el año 711.
No soy tan lerdo como para ignorar que fuera de España (aunque menos aquí en Bélgica) existen debates similares. Quizá porque en este país en que vivo la fecha de fundación del Estado belga está fuera de toda duda. Pero en el caso español la fecha 711 suscita connotaciones muy parecidas a las que vienen arbolando en Francia Mme Le Pen y el distinguido “historietógrafo” (tomo la expresión prestada al profesor Albert Reig) Mr Zemmour. ¿Será que, como en el pasado, todo lo bueno -para unos- y lo malo -para otros- sigue viniendo de Francia? Había leído que el trumpismo tiene grandes adherentes en la España democrática, pero quizá la patología norteamericana en temas de historia esté demasiado alejada de nuestras latitudes.
En cualquier caso, el escrito que he firmado denuncia el intento de ocupación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM el 1º de abril (sin duda la fecha no es una casualidad: es cuando el invicto general Francisco Franco firmó su famoso parte final de guerra en 1939). Según dicho escrito para tan solemne fecha se había solicitado una reserva de sala para que una -para mi desconocida- “Plataforma 711 para la Reconquista Cultural” pudiera celebrar un acto. A la vez, en las redes sociales se anunciaba, al parecer, la “toma” de la Facultad.
Obvio es señalar que la fecha de 711 tiene unas connotaciones zemmourianas y lepenistas. El término “Reconquista” no solo se refiere a una división, más o menos arbitraria, en la historia española sino también a movimientos perfectamente definibles y definidos en el país vecino. Incluso copia el nombre del partido de Mr Zemmour. Una casualidad.
El escrito al Defensor del Universitario cita un programa de una hora de duración (https://www.youtube.com/watch?v=iku5eDrV8no) en el que un chaval actúa como locutor que explica el acto no autorizado y sus vicisitudes en una mezcla de estupideces y de ejemplos de proyección. Esta es una de las características más acusadas de la “teología” e “historietografía” franquistas: acusar al adversario del tipo de comportamientos propios y que no se reconocen como tales.
Leyendo algo de lo que se publica hoy en España sobre la República, la guerra civil y la dictadura no veo una gran solución de continuidad. Y me pregunto: ¿qué ha fallado en la enseñanza de la historia desde, digamos, 1976 en adelante para que se haya llegado a esta situación de banalización de un pasado nada glorioso, con las imprescindibles muestras de inculpación a otros por los desastres del pasado?
Para mí está resultando obvio que la labor callada, silenciosa, de los historiadores que vamos a archivos, que buscamos evidencias que permitan sustentar -o rechazar- unas u otras interpretaciones, es una condición necesaria para acercarnos a un pasado tumultuoso. Pero no es una condición suficiente.
Personalmente no tengo tiempo de seguir la política actual y dos años largos de ausencia total de España no me permiten tomar el pulso de la calle ni de los colegas. Volcado en la dura tarea de interpretar el pasado, no tengo tiempo de pensar demasiado en el presente. Por eso, quizá me sea permitido diseñar un futuro que, para mí, no es deseable en absoluto.
Si las controversias que más o menos he seguido de cerca continúan sin dar frutos, dicho futuro no me parece nada halagüeño. En tanto que historiador lo que me ha preocupado y me preocupa son los siguientes temas:
*¿Cómo dotar de recursos materiales a los archivos de titularidad pública? Su situación es con frecuencia lamentable. Para terminar el libro que he enviado a la editorial hace un mes tuve que esperar más de ocho meses a que pudieran reunirse los materiales necesarios al efecto, Todavía no pueden hacerse fotografías de los documentos. Hay que atravesar por un largo y lento proceso de petición a los funcionarios -pocos y sobrecargados de trabajo- para que se pongan en pdf. El proceso de pago dilata aun más el tiempo que transcurre hasta recibirlos. Menos mal que por ordenador. Me pregunto: ¿por qué en una multitud de archivos extranjeros hace años que pueden fotografiarse sin limitación alguna los documentos consultables? La última vez que estuve en los Archivos Nacionales británicos pude hacer una media de 800 fotografías diarias.
*La apertura, silenciosa y en general silenciada, de ciertos archivos no se ha visto acompañada de un incremento en las dotaciones de personal. ¿Acaso el Estado sigue en situación de amenaza de quiebra financiera? Porque el tema dura ya muchos años. En 1983 mi añorado amigo y compañero Julio Aróstegui y servidor fuimos a ver a un elevado personaje para rogarle que dotara de medios al Archivo de la Guerra Civil en Salamanca, ya abierto a la curiosidad de cualquier investigador (no como en la época de la dictadura). No olvidaré su respuesta: “pedidme que se construya otro edificio. No que se aumenten los gastos de personal”. En mi próximo libro en un largo prólogo alabo la profesionalidad y el espíritu de servicio de los funcionarios y empleados públicos que sirven en los archivos. ¿Hasta cuándo el orgulloso Estado español continuará dejando de lado el abordaje de los problemas estructurales de sus archivos?
*¿Y qué pasará en el Congreso de los Diputados con la Ley de Memoria Democrática, si no se aprueba y se blinda en esta legislatura? Porque si, como avisan observadores del acontecer político español, un futuro Gobierno que fuese de signo contrario, es de suponer que PP, Vox y tal vez de los residuos que quedan de Ciudadanos, no se apresurará a hacerla avanzar. La experiencia muestra que, por desgracia, en España las variopintas derechas tienen miedo, mucho miedo, a la historia.
No es de extrañar que haya dado comienzo a mis vacaciones lleno, muy a mi pesar, de preocupaciones.
Ángel Viñas. Historiador, economista, diplomático. Es catedrático emérito de la UCM.
Fuente: https://www.angelvinas.es