En más de una ocasión la ciudadanía se ha visto envuelta en importantes discusiones sobre educación. Desde 1990 acerca de si estábamos más o menos de acuerdo con la LOGSE (los más optimistas, recuerdo, han dicho siempre que era una buena ley pero, que qué pena, sin memoria económica; los menos optimistas arremetían sin piedad, […]
En más de una ocasión la ciudadanía se ha visto envuelta en importantes discusiones sobre educación. Desde 1990 acerca de si estábamos más o menos de acuerdo con la LOGSE (los más optimistas, recuerdo, han dicho siempre que era una buena ley pero, que qué pena, sin memoria económica; los menos optimistas arremetían sin piedad, y con razón, contra los pedagogos); mucho más tarde, acerca de si creíamos que la asignatura Educación para la Ciudadanía era una versión light de la franquista Formación del Espíritu Nacional o más bien la oportunidad de ser por fin europeos (descubrimos entonces que el país más europeo al respecto, porque la hacía obligatoria en todos los cursos de Secundaria, era Grecia, fíjate tú por dónde) y, hace relativamente poco tiempo, acerca de si era justo -y aquí estábamos aún más alejados del problema fundamental porque nos acercábamos más al problema fundamental- de si era justo, decía, que los colegios con «educación diferenciada» fueran subvencionados con fondos públicos o mejor no, porque sospechábamos que un colegio donde sólo hay chicos, o lo que es lo mismo, donde no hay chicas, tenía que ser a la fuerza un poco inconstitucional y, por tanto, sospechábamos también que subvencionarlo nos convertía a los contribuyentes en colaboradores necesarios de un delito, de manera que, después de mucho debatir, concluíamos que era injusto, en efecto, subvencionar la educación que segrega por sexos. En medio de todas estas discusiones, importantes, sin duda, se olvidaba la única que, sobre educación, debería haber tenido jamás lugar: ¿es posible la educación pública sometida al sistema de producción capitalista? ¿Es posible un sistema educativo público bajo las leyes de un mercado que privatiza «hasta el hielo de los polos»? La respuesta es «no». Desde esta certeza, la de que son incompatibles el derecho a la educación y las exigencias de los mercados, tenemos que empezar a mover ficha. Los Círculos tenemos que comenzar a argumentar desde este axioma sagrado: la educación es un derecho y debe estar bajo control público. Cualquier forma de privatización, de concierto educativo, de externalización, representa un descontrol que pagamos muy caro.
Tenemos la enorme suerte de que la reflexión sobre cómo se ha privatizado la Enseñanza Secundaria en este país ya está hecha. Pienso ahora, por ejemplo, en el magnífico artículo de 2012 de dos profesores de la Universidad de Zaragoza «La privatización de la escuela pública. Una tendencia en España. Un camino encubierto hacia la desigualdad«. Tenemos la enorme suerte, digo, de que el argumentario ya lo han pensado otros. Se trata ahora de que por fin algún político (o politólogo, por cierto que, confieso, no había visto a tantos juntos en mi vida hasta ahora) ponga en su programa que está radicalmente en contra de cualquier estrategia que, de manera encubierta o no, haga que la educación en España sea controlada desde un sitio distinto del Ministerio de Educación (incluyo en esto, por descontado y de paso, a la Conferencia Episcopal). Se trata, ahora sí, de que no nos cambien de tema, de que lo importante no oculte lo irrenunciable– algo que desde luego ha vuelto a alentar la ley Wert, disparando nuestras cabezas hacia las pruebas de evaluación externa, hacia la enseñanza en catalán, hacia la reconversión de la Filosofía en alternativa a la Religión (¡si Kant levantara la cabeza!)-. Se trata, decía, de que pongamos en una lista todos los noes a cada una de las formas de desmantelamiento de la escuela pública, a saber, a cada una de las medidas privatizadoras que nuestros representantes públicos están ejecutando, de manera paradigmática, en la Comunidad de Madrid. Comienzo simbólicamente a hacerla (digo simbólicamente, entre otras cosas, porque la Marea Verde ya la ha escrito): no a la escuela concertada, no a la conversión de centros públicos en privados, no a la cesión de suelo público para la privada, no a la construcción de edificios con dinero público para escuelas privadas, no al cierre de colegios e institutos, no a la subcontratación de servicios en centros educativos públicos, no a las pruebas de evaluación diagnóstica, no al recorte de becas de libros, no a SICE, no a PISA, no a PROA, no a WINDOWS, no al BRITSH COUNCIL. A la espera de que se haga el manifiesto de Podemos para las enseñanzas no universitarias, sólo quería hacer pública la enorme ilusión que nos hace a muchos poder votar que no se cambie de tema otra vez y que por fin, en las elecciones europeas de mayo de 2014, no estemos otra vez «obligados a elegir entre Coca-Cola y Pepsi-Cola», sino invitados a sacar a la educación pública, de una vez por todas, de la estantería de refrescos del supermercado.
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