De unos años acá crecen las actividades políticas y culturales ligadas a difundir y recuperar el ideal republicano. A las clásicas organizaciones republicanas que aguantaron como pudieron la dictadura, se han ido sumando colectivos de variada índole que, reclamándose de la misma fuente, constituyen ya una amplia nómina de siglas que agrupan asambleas, ateneos, centros […]
De unos años acá crecen las actividades políticas y culturales ligadas a difundir y recuperar el ideal republicano. A las clásicas organizaciones republicanas que aguantaron como pudieron la dictadura, se han ido sumando colectivos de variada índole que, reclamándose de la misma fuente, constituyen ya una amplia nómina de siglas que agrupan asambleas, ateneos, centros culturales y publicaciones varias. La Ley de la Memoria Histórica, con sus debates y avatares políticos, ha conseguido establecer un puente sobre el tiempo para recuperar los recuerdos, los hechos y las evidencias que la historiografía del franquismo, el pacto de silencio de la Transición y la permanente connivencia de intereses han secuestrado y escamoteado. En ese sentido tanto fuerzas políticas como medios de comunicación se han erigido en una Corte que medra en esta palatina piel de toro.
La cotidianeidad no trae imágenes de revueltas, quemas de retratos y expresiones colectivas de rechazo a la Monarquía. Esto constituye un síntoma de que determinados tabúes y santos griales son bajados de sus altares y se concitan contra ellos una gama de proyectos, culturas, rechazos y mecanismos de evasión.
Pero no nos engañemos, si el proyecto de la Transición que Juan Carlos corona recibe crecientes y paulatinos disensos, es como consecuencia de que está agotado, su Constitución varada y víctima del veneno retardado de las contradicciones, anacronismos, apaños, ambigüedades e incumplimientos que jalonan su existencia formal. La restauración borbónica de 1978 es casi un calco de aquella otra Restauración que muñó Cánovas, benefició a los poderes oligárquicos y tuvo como pináculo a Alfonso XII. Desde 1994 los que han aprendido las lecciones de la Historia trabajan para ponerse al frente de los cambios impostergables. La República puede ser un recambio para las elites, siempre y cuando ésta nazca ya cocinada, sazonada y presta para ser servida por ella misma. Y es aquí, en esta coyuntura, donde la propuesta de III República tiene que ser concebida, organizada y difundida como modelo alternativo de sociedad plenamente democrática. ¿Qué República?
La II República e incluso la I son referentes pero nada más; ya pasaron. Se trata de dirigir voluntades y esfuerzos para construir la III, la del siglo XXI, que no vendrá por sí misma sino que debe ser traída. Construir república significa un proyecto claro de futuro, sujetos múltiples y colectivamente organizados en torno a ese proyecto. Sin olvidar que la República, por ser creación de ciudadanos y ciudadanas, implica la asunción de responsabilidades cívicas en el eje de coordenadas que forman los derechos y los deberes. Construir República es aceptar que la sociedad con sus grupos, intereses varios contrapuestos y códigos éticos plurales es la protagonista principal y fundamental de la participación y decisión políticas. La ciudadanía es la materia prima de la República.
El proceso constituyente de la III República se iniciaría desde instancias sociales y políticas múltiples e iría consolidándose como alternativa ética de Estado. El final del mismo sería el anteproyecto o el proyecto de Constitución Republicana asentado ya firmemente en la conciencia social.
Para mí son siete los ejes que encauzarían el proceso de discusión, adhesión y elaboración ciudadanas.
La Constitución republicana debe, junto con los mecanismos que garanticen su aplicación, incorporar la Declaración de Derechos Humanos añadiéndole además los contenidos de los Derechos medioambientales.
No hay República sin Democracia plena, que no es sino un convenio permanente entre seres libres e iguales para seguir permanentemente conviniendo. La Democracia o es radical o no lo es.
La Paz entendida como el conjunto de valores, normas y actuaciones dirigidas no sólo a erradicar del horizonte político y cultural el hecho de la guerra sino básicamente el marco de seguridad colectiva desde una estricta lógica civil. Y ello conlleva proyectos nuevos para los ejércitos, la política y las relaciones internacionales.
Laicidad que se apoya en dos pilares: la Ética, en sí misma libertad de conciencia, y el estatus cívico que define la separación de las Iglesias con respecto al Estado. La Ética conduce a la Justicia Social que es igualdad de derechos, deberes y oportunidades. La instrucción laica, la escuela, el derecho a la información y el aprendizaje crítico son las condiciones de esa igualdad.
Austeridad entendida como Justicia Fiscal, control de los usos del dinero público y administración transparente. Pero la Austeridad es además una virtud que informa conceptos alternativos de calidad de vida y racionalidad en las relaciones con la Naturaleza y sus riquezas.
El Estado Federal es un Estado unitario que basa y centra su unidad en otros modos, otros contenidos y otros consensos ciudadanos. Es hijo de una voluntad general respetuosa con los hechos y precipitados históricos, pero además, y en plena igualdad con ello, respetuosa con la decisión libremente manifestada de cada entidad. El Estado Federal que la III República debe diseñar y organizar tiene competencias federales que garanticen en cada territorio el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y medioambientales para todos y cada uno de sus habitantes. La ciudadanía y sus derechos forman parte del acervo común de todos los federados.
La deriva de la UE hacia un conglomerado de Estados que funcionan a distintas velocidades no responde en absoluto a las aspiraciones de quienes quieren construir un espacio supranacional con vocación de unidad política con todas sus consecuencias. El federalismo europeo debe constituir el proyecto permanente de la III República.
Julio Anguita es miembro del Comité Federal del PCE