La lectura del Decreto Ley 6/2013 de Andalucía me crea la sensación de que los techos de las habitaciones de los derechos en nuestras sociedades son bastante bajos. Cuando las personalidades de las instituciones hacen promesas o presentan sus propuestas o sus decisiones, parecen más altos. Algunas cajas de resonancia indiscutidas por más que mientan, […]
La lectura del Decreto Ley 6/2013 de Andalucía me crea la sensación de que los techos de las habitaciones de los derechos en nuestras sociedades son bastante bajos. Cuando las personalidades de las instituciones hacen promesas o presentan sus propuestas o sus decisiones, parecen más altos. Algunas cajas de resonancia indiscutidas por más que mientan, edulcoren, escondan hacen su trabajo complementario en el envolvimiento de la medida que se presenta como solución y se extiende la ilusión.
Últimamente la mejor ilustración de la diferencia entre la embellecida ley y la fea aplicación quizá sea la que se puso de manifiesto cuando se aprobó la ley de la dependencia con palabras rimbombantes y cuando después se empezó a aplicar la burocratización de los cuidados personales como paliativo del abandono de la persona dependiente que provocan las sociedades modernas, con falta de medios para dar servicio y de dineros para conceder las ayudas sustitutivas.
En 2008 Carme Chacón puso en marcha la renta básica de emancipación y en paralelo el Gobierno de Canarias creo una ayuda para el alquiler de jóvenes. En la presentación de las medidas quedaron divinos quienes lucieron antes las cámaras; detrás de aquellos anuncios: falta de recursos para financiarlo, burocracia, retrasos en la gestión, retrasos en el pago, construcción a mansalva, arrinconamiento de la vivienda protegida de promoción pública, familias con problemas para acceder al alquiler o a la propiedad, recortes, finalmente anulación por falta de presupuesto para tanta ayuda.
El decreto que se titula de «medidas para asegurar la función social de la vivienda» habrá gustado a quienes por un lado desean que los bancos paguen la crisis, como se dice, y por el otro desean que esas viviendas vacías en propiedad de la codicia sean puestas en uso. Con una lectura sosegada del decreto a mí no me llegan muchas ilusiones o sensaciones de novedad como para creerme esa pomposa declaración de la consejera de vivienda: «Hoy, en Andalucía, decimos ¡basta! y defendemos la vivienda como un derecho humano».
Los hechos de que Rubalcaba lo haya asumido como propio, un presidente autonómico tan nefasto como Paulino Rivero haya manifestado su intención de imitar el decreto andaluz, debería ponernos en guardia y no confiar mucho en la medidas para asegurar… Dentro de Izquierda Unida también se emplea para justificar un pacto con el PSOE de los EREs en Andalucía, pero en mi opinión el decreto confirma que la Izquierda Unida que se mete en las instituciones pierde la fuerza de Rebelión de las campañas electorales. Hasta Julio Anguita, otrora crítico con el pacto, celebra esta acción de gobierno.
1. La sanción a viviendas vacías
La idea de gravar las viviendas vacías es algo tan común dentro de nuestro pasado remoto que hasta el entonces celebrado por el Grupo PRISA y por los electores del PSOE, aunque ya no se acuerden, como la derecha centrada, Gallardón, creó un recargo en el IBI siendo alcalde de Madrid. Javier Madrazo en Euskadi y el tripartito en Catalunya también actuaron en el sentido de poner esas viviendas en uso ya por los años en los que a pesar de que habían muchas viviendas vacías se construían cientos de miles de viviendas más, sin planificación.
La medida de sancionar la deshabitación de una vivienda con hasta 9 mil euros si el propietario es una persona jurídica sería una buena medida dentro de las posibilidades que da el sistema, una medida socialdemocrática de obligar a los propietarios o de exigirles un pago porque no se cumple la función social. Si se gestionara bien, encontraríamos una recaudación increíble, unos 6 mil millones en su punto máximo con los datos que el mismo preámbulo ofrece de viviendas estadísticamente vacías. Siendo modestos nos podríamos contentar con sólo 3 mil millones, un 10% del presupuesto de la Junta de Andalucía. Esas cifras se podrían reducir con la ventaja de la puesta en alquiler de decenas de miles o cientos de miles de viviendas, provocando una fuerte presión a la baja en los alquileres.
Sin embargo, es probable que nunca conozcamos los grises datos de cobro de sanciones por desocupación de viviendas a las personas jurídicas, no entiendo por qué sólo a las jurídicas, porque no se aproximará siquiera a los datos modestos o de la puesta en arrendamiento tras el expediente de declaración de vivienda deshabitada.
2. La expropiación temporal de viviendas vacías.
La segunda medida de expropiar u ocupar temporalmente las viviendas durante tres años se parece bastante a la suspensión del lanzamiento durante dos años del Real Decreto Ley 27/2012 para familias en riesgo de emergencia o exclusión social (concepto jurídico no determinado), con la manga posiblemente más ancha, como corresponde al lado amable del sistema. Como las competencias para regular la ejecución hipotecaria y su suspensión son del Estado, se opta por una ocupación temporal del uso (aunque la competencia para establecer el régimen básico sobre expropiaciones también sea del Estado y la fórmula elegida pueda juzgarse contrario a la legislación básica vigente del Estado, en sus artículos 72 y 108), antes del lanzamiento (lo que produciría una situación un poco surrealista, ya que se expropia el uso inicialmente al propietario y ocupante y después al adjudicatario en la subasta) o después si la vivienda está desocupada, lo que supone un ámbito de aplicación bastante extendido, de decenas de miles de viviendas.
Será necesario ver cuántas viviendas se recuperan para afectados en por la hipoteca en el procedimiento enfarragoso de expropiación, que debería concluir nada menos que con un Decreto del Gobierno, si se recuperan la decenas de miles de viviendas desocupadas por medio de lanzamientos en los últimos años o los miles de viviendas que según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial o los Registradores se ejecutan anualmente. Incluso sería interesante conocer si la fórmula del buenismo que gobierna en Andalucía es sustancialmente más potente y virtuosa que la del malismo que gobierna en España o si es sólo un grado más elevado.
Hay limitaciones presupuestarias para el número de viviendas recuperadas. Para los casos en los que las familias no puedan pagar totalmente el justiprecio (con hasta el 25% de los ingresos familiares) se asigna una partida con el importe máximo de los intereses generados en los depósitos de la Junta de Andalucía por fianzas de arrendamientos y suministros. Si estudiamos los ingresos patrimonianes por intereses de depósitos en el Presupuesto de la Junta para 2013 descubriremos que la limitación presupuestaria es bastante baja, de unos pocos millones.
Conclusiones.
Por eso, como primera idea pienso que no deberíamos dejarnos seducir por los anuncios de personas encantadas de haberse conocido como presidentes, consejeras, diputados, … como el de la consejera andaluza. Más bien habría que ver a dónde conducen ese decreto-velero los capitanes y timoneles. Si con el paso de los meses y los años se observa la materialización anual de miles de millones por sanciones a la infracción de desocupación de viviendas por sus propietarios y las familias que vuelven a sus casas tomadas (Julio Cortázar no nos reveló que eran los bancos quienes tomaban la casa alojando el miedo al otro lado de la pared, pero se desveló el misterio) y vaciadas se cuentan por decenas de miles podríamos darle la razón a la consejera y exclamar: «He aquí una medida propia de un gobierno verdaderamente reformista y socialdemócrata de embridamiento (Harvey) del capitalismo». En cambio, si con el transcurso del triste calendario se oculta bajo tierra una recaudación de apenas unos millones o unas decenas y las familias devueltas a sus antiguos hogares no superan las centenas cada año, tendríamos una evidencia más de que las palabras que se exclaman en las instituciones no son más que un engaño.
La segunda idea, critica más allá de la confusión con la que se bendice el papel mojado y la palabra presuntuosa. La sociedad se ha implicado tanto con el drama denunciada por la plataforma de afectados por las hipotecas que olvida que el problema de la vivienda duele a familias que nunca se metieron en esa trampa y que tienen negado igualmente el derecho de acceso a la vivienda. Tanto el decreto estatal criticado por los medios de la izquierda oficial por cicatero como el decreto magnificado por esa misma prensa buscan la reconciliación con esas personas que se han ganado la empatía de la sociedad. Sin embargo, hay muchas familias en riesgo de exclusión (lenguaje andaluz) o de especial vulnerabilidad (lenguaje estatal) que no vienen del fracaso de un endeudamiento para adquirir el hogar, porque incluso en la época del señuelo vivieron en alquiler, en precario o con la familia.
La tercera idea, la última, es la exposición con una mirada más perspectiva. Este sistema crea migración y fijación hacia/en las ciudades. Allí las familias aspiran a tener ese lugar donde construir la intimidad y pagarlo con un salario, cada vez menos alcanzable. Es muy probable que vengan tiempos en los que haya que abandonar estas ciudades inhóspitas donde el mercado quiso convertir la habitación en un mercado de bienes y servicios financieros, un cuarto dividido por tabiques, anulando la acción subsidiaria del estado benefactor al máximo para empujar a las familias a la compra y el endeudamiento. Si se produce ese retorno al campo y al cuidado de la tierra abandonada, lo más normal sería que el mercado se desentienda y que el estado haga la vista gorda hacia un fenómeno de autoconstrucción y autorreforma.
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