El gobierno español del Partido Popular, y esta organización en particular, ha gastado miles de cuartillas, decenas de horas de largos discursos y todos los resortes mediáticos posibles a su favor, para denigrar constantemente a Cuba en relación con supuestas violaciones de los derechos humanos. Sus principales dirigentes, incluso, han cohabitado, conspirado, fraguado planes desestabilizadores […]
El gobierno español del Partido Popular, y esta organización en particular, ha gastado miles de cuartillas, decenas de horas de largos discursos y todos los resortes mediáticos posibles a su favor, para denigrar constantemente a Cuba en relación con supuestas violaciones de los derechos humanos. Sus principales dirigentes, incluso, han cohabitado, conspirado, fraguado planes desestabilizadores y ejercido presiones sobre otros gobiernos de la UE y América Latina, para buscar sanciones contra la Isla, en una enfermiza campaña ideológica anticubana.
Existen numerosas evidencias de que han empleado el FAES y otras ONGs españolas para abastecer y financiar a la contrarrevolución interna dentro de Cuba, así como impulsado la labor de blogueros provocadores dentro de España para realizar labores de incitación a la desobediencia civil, promover actos antigubernamentales y crear un clima de indisciplina social, con el propósito de vender una falsa imagen sobre la realidad cubana. Dentro de estas tácticas, los dirigentes del gobernante PP han promovido insistentemente el empleo de la web para caotizar el orden institucional en nuestro país, facilitando recursos y manipulando deliberadamente la actividad mercenaria de una exigua base antigubernamental en Cuba. Muchos de estos vendepatrias han encontrado espacios en la prensa española y en el Palacio de La Moncloa.
El mundo actual es de contrastantes paradojas. Ante el creciente clima de inestabilidad social existente actualmente en España, el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, ha promovido ante el Congreso de los Diputados modificaciones a la reforma legal, encaminadas a frenar el descontento de los ciudadanos, mediante propuestas que lesionan sus derechos elementales, como prohibir concentraciones de los mismos, proscribir las protestas y, particularmente, perseguir legalmente a quienes usan la Internet para convocar acciones de repudio a las políticas gubernamentales. Fernández declaró al respecto a Europa Press:«Nos parece fundamental para hacer frente a estos movimientos que actúan concertadamente previamente y con técnicas de guerrilla urbana incluir como delito de integración en organización criminal las acciones cuya finalidad sea alterar gravemente el orden público y aquellas que, con tal fin, se concierten por cualquier medio de comunicación». (…) «También pretendemos incluir como delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos ampliando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se produzcan por interrupción o perturbación de cualquier servicio público».
La reforma legal promovida por el PP sataniza, incluso, cualquier tipo de protesta pasiva.
La institucionalización de la represión en España está sobre el tapete y legaliza, de hecho, las golpizas, las detenciones arbitrarias, la persecución de las convocatorias, y pretende acallar la legítima rebeldía del pueblo. Es una forma descarada de establecer un nuevo tipo de ley marcial.
¿Por qué entonces, me pregunto, el gobierno español ataca a Cuba en materia de democracia y derechos fumanos, cuando desarrolla en la práctica acciones punibles, rayanas en el fascismo?
¿Por qué aún sigue gastando recursos, que bien valieran para paliar la difícil situación de sus ciudadanos, en la promoción de acciones desestabilizadoras contra Cuba?
¿Por qué promueven leyes tan retrógradas en contra de los derechos humanos de los españoles comunes, inexistentes en la legislación cubana, y aún así se critica a Cuba por violar los derechos humanos?
¿Quién es, entonces el represor, Cuba o España?
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