Es lo que se pregunta Greenpeace respecto el hotel ubicado en El Algarrobico (Almería) y defiende que la construcción vulnera toda la normativa medioambiental. La ONG ha sido llevada a los tribunales por la promotora del hotel por una pintada en la fachada que hizo como acto de denuncia
Todo empezó en el año 2007, con una acción de denuncia pacífica de Greenpeace contra el hotel ubicado en la playa de El Algarrobico, dentro de los límites del Parque Natural Cabo de Gata, en Almería. Dos claras y grandes palabras fueron pintadas en la fachada del edificio. Éstas eran «hotel ilegal» y hacían referencia a los 75.000 metros cúbicos de hormigón que habían mermado este patrimonio natural que es una de las últimas playas vírgenes del Mediterráneo.
El pasado mes de febrero, la coordinadora de campañas de la organización ecologista, Maria José Caballero, declaraba como imputada por el supuesto delito. La promotora del hotel, Azata del Sol, reclama a Greenpeace una indemnización de casi 200.00 euros por los daños, y para poder volver a pintar la fachada. También reclama al Estado, por otro lado, «millones de euros en compensación por su hotel, aún a sabiendas de la ilegalidad de las obras que inició en 2003», afirma Caballero.
Según un informe de Greenpeace sobre la zona afectada, los tribunales han ratificado hasta en 17 ocasiones la ilegalidad de este edificio de 21 plantas que se encuentra a 28 metros de la orilla del mar y vulnera toda la normativa ambiental existente en el Estado, incluyendo la Ley de Costas. Precisamente esta semana se cumplen cuatro años desde que el juzgado de Almería dictaminaba la paralización cautelar de las obras del hotel y durante los cuales varias sentencias han subrayado que «un hotel de estas características supone un daño irreversible a los animales y plantas que viven en el Parque Natural».
La Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se ha defendido afirmando que no existe tal daño. «No perjudica medioambientalmente hablando» al espacio protegido, porque el «edificio en sí no está provocando ningún daño a ninguna especie, ni de flora ni de fauna». Así lo mantiene la consejera Cinta Castillo, quien añade que, en el caso de que al final el hotel sea «ilegal», habrá que «tirarlo y recuperar esa zona». Y cuestiona que dañe el paisaje: «Si hubiera un daño paisajístico, visual, en todo el Mediterráneo tendríamos que derribar los edificios».
Greenpeace, por el contrario, pide su derribo inmediato: «Si el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía fueran verdaderos líderes en gestión medioambiental, la demolición del hotel sería inmediata, sin dilación y sin excusas, sin embargo, se está haciendo todo lo contrario y Greenpeace está siendo partícipe de un gran teatro que sólo beneficia a aquellos que han conducido al país a una gran crisis económica», concluye María José Caballero.