Como los campesinos son eternos menores de edad, nuestros gobernantes y los periodistas de los grandes medios se preguntan regularmente quiénes están detrás de sus movilizaciones y reclamos. Y de ahí vienen las consabidas respuestas: curas agitadores, ONG seudoambientalistas, alcaldes reeleccionistas y Patria Roja. Y cuando las cosas extreman, el terrorismo y el narcotráfico. Esta […]
Como los campesinos son eternos menores de edad, nuestros gobernantes y los periodistas de los grandes medios se preguntan regularmente quiénes están detrás de sus movilizaciones y reclamos. Y de ahí vienen las consabidas respuestas: curas agitadores, ONG seudoambientalistas, alcaldes reeleccionistas y Patria Roja. Y cuando las cosas extreman, el terrorismo y el narcotráfico. Esta impreso y grabado como para que no corra riesgo de que me desmientan.
Voy a detenerme, sin embargo, en algunos otros participantes cuyo papel en el conflicto parece que no se comprende fácilmente desde las redacciones de Lima. Un ejemplo es el Estado, al que aparentemente sólo le correspondería la tarea de imponer el orden, que se entiende como proteger los intereses de la empresa minera, aún a costa de la vida de algunos ronderos.
Pero nadie dice que el ministerio de Energía y Minas ha estado concediendo denuncios mineros en una amplia zona entre las provincias Huancabamba (Piura) y San Ignacio (Cajamarca), en forma clandestina, sin conocimiento de los municipios y de los productores que se dedican al cultivo del café orgánico (sin componentes químicos) y de arroz de calidad, y en abierta violación de la ley que ordena no entregar concesiones sobre los 50 Km. anteriores a la línea de frontera y en área de reservas ecológicas como la de Tabacones-Numballe, que está en el corazón de los trabajo de exploración de la minera Majaz.
Desde 1999 se han sucedido enfrentamientos entre campesinos ronderos y grupos mineros que se preparaban para la extracción de cobre y oro de esta región. En el 2002, la propia Majaz fue expulsada de uno de sus concesiones. O sea el ministerio y la empresa, sabían que estaban chocando con la población y decidieron no tratar con ella sino seguir adelante. La empresa yanqui demostró que había aprendido de «nueva minería» de la experimentada Yanacocha. Para conjurar el rechazo dividieron la organización rondera utilizando su poder económico. Y lo hicieron también con las comunidades indígenas. Promovieron con dinero un movimiento político promina con vistas a las siguientes elecciones. Es decir crearon su propia población adicta e imaginaron que eso significaba que las dos provincias estaban a su favor.
El razonamiento es muy simple. Las minas representan poder frente a los campesinos dispersos y de bajos ingresos. Y ese poder se acrecienta por la alianza abierta del Estado y los empresarios mineros. Y aquí viene el segundo actor del problema que no percibimos a la distancia. La actividad de los funcionarios de la empresa dividiendo, corrompiendo, manipulando las organizaciones, creyendo que por esa vía se neutralizan las resistencias. En Majaz esto ha llegado hasta el punto de armar una fuerza de seguridad derivada de los antiguos Comités de Autodefensa antisenderistas, creado en los 80-90 bajo iniciativa del ejército. Estos son ahora combatientes de l mina, con una paga que se calcula en 20 soles diarios.
En la zona es frecuente ver a los señores de la mina caminando acompañados por hombres armados y amenazantes. Durante el cerco de las rondas sobre el campamento, la defensa estaba formada por la policía y las fuerzas de seguridad, y según las versiones que se recogen en la zona, los más violentos eran estos últimos. Otro elemento de interés de los funcionarios es por supuesto la prensa regional y local. Y es que hay un notable contraste entre la versión de una radio de San Ignacio o Huancabamba, y lo que se oye y lee en Lima. También Majaz prefiere oírse a sí misma antes que tomar en cuenta los argumentos ajenos.
El tercer actor que no se toma muy en cuenta es el de la agroexportación. Porque Huancabamba y San Ignacio no es una zona de agricultores en la última lona, con sus papitas y su chuño, como podrían ser los de Espinar o Cotabambas. En este caso estamos en un territorio que está participando de la famosa prosperidad que abarca una fracción del campo peruano que puede vender afuera a precios atractivos. En algunos años, estas provincias pueden ser ricas. Por eso mismo no les interesa la plata que ofrece la mina, ni permiten los cultivos que se venden al narcotráfico.
El gobierno de Toledo que se jacta de haber promovido el boom agroexportador, se muestra en su esencia cuando tiene que decidir entre minería y la agricultura moderna. Eso pasó en Tambogrande donde se enfrentó el oro con los mangos y limones. Y está pasando en Majaz, entre el cobre y el café orgánico. No creo que sea muy difícil entender porqué rebela tanto encontrar que porque sí y sin ninguna consulta, el Estado decida que este incipiente progreso se enfrente dentro de poco con contaminación de tierra, agua, aire. Los agroexportadores saben perfectamente que la colocación de su producción, por bueno que sea su trabajo, va a verse obstaculizada cuando tengan que explicar que al lado de sus plantaciones hay una fulgurante actividad minera (el doble de Antamina, según dicen).
Si uno tiene la idea completa de los actores y problemas detrás del conflicto, y elimina los fantasmas levantados para asustar, puede pretender entender la sustancia del pleito entre las minas y los agricultores. No hay demagogia que pueda movilizar muchos miles de personas.