En 2023 la publicación de la memoria anual de la Fiscalía estuvo envuelta en polémica. No registraba la mayor parte de los delitos de odio pero incluía a los activistas climáticos bajo el epígrafe «terrorismo nacional». Aunque corrigió ese apartado, su criminalización los ha hecho objeto de espionaje por parte de la Policía.
Pintadas, desórdenes públicos, supuestas manifestaciones «ilegales» y 20 detenciones relacionadas con estas acciones. A pesar de que ninguna es por cargos de terrorismo, la Fiscalía General del Estado las incluyó en lo que denomina «insurreccionalismo anarquista», dentro del epígrafe de «terrorismo nacional» en su última memoria anual. También se incluyen 31 detenciones y «26 acciones» diferentes, como «concentraciones ilegales» (que en realidad son actos no comunicados) o «daños contra el patrimonio», por parte de grupos ecologistas, a los que ha enmarcado también bajo el epígrafe de «terrorismo nacional».
En septiembre del año pasado, la Fiscalía presentó su memoria de 2022, un informe que planteó numerosas dudas sobre los criterios usados para catalogar a determinados grupos o acciones como terroristas, sin existir causa alguna en la Audiencia Nacional. La inscripción de grupos ecologistas y sus acciones no-violentas en el recuento de actividades terroristas desató varias protestas por parte de estos activistas, que consiguieron que este órgano estatal lo corrigiese: «En ningún caso», dijo, considera terroristas a estos colectivos, al mismo tiempo que reconoció que «quizá» el terrorismo no era el mejor apartado donde colocar lo que, sin embargo, siguen considerando una «amenaza». Aunque tras las protestas la Fiscalía ha tenido que salir a corregir dicha información, ya en la Memoria Anual del año 2021, dentro del apartado dedicado al terrorismo internacional, se detallaba la relación de acciones del llamado «ecologismo radical violento», considerado un «extremismo» de izquierda y una amenaza para la seguridad ciudadana. Entonces citaban la actividad del grupo Extinction Rebellion, advirtiendo de que se había «implantado en España».
El 15 de junio de 2022, catorce activistas climáticos fueron detenidos por la Brigada Antiterrorista por una acción en la que se roció la puerta del Congreso con agua y remolacha. Fueron acusados de un delito contra las instituciones del Estado, que hubiera sido juzgado por la Audiencia Nacional de no haber sido retirada esta acusación por el juez. Por sus acciones de desobediencia civil y acción directa no violenta, han sido incluidos en los informes como parte de un «ecologismo radical». Bajo esta denominación engloban unas actividades que se han saldado con 31 detenciones por supuestos delitos de daños y contra las instituciones del Estado, por protestas contra emisiones del sector del transporte, por una acción en el Museo del Prado de Madrid (lanzamiento de pintura), por desórdenes públicos, contra la seguridad vial y contra la seguridad del tráfico (al cortar la circulación de una vía).
También en un comunicado de finales de septiembre, el Fiscal General del Estado contestó a una carta remitida por varias ONG ecologistas, afirmando que el subapartado «ecologismo radical» no volverá a figurar dentro de la categoría de «terrorismo nacional». Además, declararon que la Fiscalía, para realizar esta memoria en la que se evalúan posibles riesgos, se basa en un informe remitido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), en el que se analizan todas las acciones violentas, organizadas y llevadas a cabo en varios lugares a la vez, e incluso en varios países.
Sin embargo, no se refirió a la misma acusación para los grupos anarquistas, de los que recogen 20 detenciones por cargos como pintadas, resistencia o atentado a la autoridad y manifestaciones ilegales (no comunicadas). Tampoco aclara cómo, y bajo qué criterio, considera a los autores de una acción de este tipo como «anarquistas».
La Marea ha preguntado a la Fiscalía al respecto, para entender a qué se debe la inclusión del anarquismo y de determinados actos a los que relacionan, sin explicar en base a qué, con esta ideología, bajo el epígrafe de «terrorismo nacional», cuando no se está juzgando ni instruyendo ninguna causa bajo esta acusación en la Audiencia Nacional. Fuentes de este organismo han manifestado la intención de no volver a relacionar ninguna acción con el terrorismo mientras no exista causa abierta en este tribunal por tal delito, y han atribuido esta inclusión a la inercia en la redacción de estos informes: «La Fiscalía está haciendo una revisión de los criterios de la memoria para que en este apartado sólo se incluyan aquellos datos que afecten a causas seguidas en la Audiencia Nacional».
Por otra parte, las mismas fuentes afirman que el foco y los datos sobre estos grupos corresponden a las informaciones que las FCSE proporcionan a la Fiscalía para la elaboración de su memoria, pero no se detallan ni los criterios ni el motivo de su inclusión, así como tampoco las diferencias entre estas informaciones y las que proporciona el Ministerio del Interior en sus informes anuales. Este informe de las FCSE en el que se basa, no es público ni es posible consultarlo.
Los datos incompletos de la violencia ultraderechista
Por otra parte, en el mismo informe se hace referencia a 14 detenciones de personas relacionadas con la extrema derecha y al desmantelamiento del grupo neonazi Bastión Frontal, a quienes consideraban «el actor organizado preponderante en el ámbito juvenil de esta amenaza en España». Según estos datos de la Fiscalía, se entiende que solo 14 neonazis o individuos de extrema derecha han sido detenidos a lo largo del año, de los que solo uno lo fue por agravante de odio.
Estos datos, no obstante, no encajan bien con los publicados en el Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2022 del Ministerio del Interior, donde se registran 1.869 delitos e incidentes de odio que se produjeron durante ese año, la mayor parte por orientación sexual e identidad de género o racismo y xenofobia. De estos delitos, son considerados como hechos esclarecidos 1.175, de los que 423 incidentes se refieren a lesiones y 105 a promoción o incitación al odio.
Estas divergencias ocasionan dudas sobre qué criterios ha utilizado la Fiscalía para tener en cuenta estas detenciones y no el resto, así como por qué no se han incluido otras desarticulaciones de grupos de extrema derecha, como la de la llamada operación Ario, donde se detuvo a siete personas relacionadas con un grupo que difundía propaganda nazi y fascista y que tenía armas blancas y de fuego. La documentación del caso apuntó que sus miembros tenían pensado pasar a la acción, y están registradas frases como la siguiente: «Para el año que viene planeamos iniciar la violencia armada en las calles». Tenían listas con nombres de políticos y fiscales, y uno de ellos, hasta un manual para hacer explosivos. A pesar de todo, no se ha tipificado como terrorismo. La Fiscalía, en respuesta a preguntas de La Marea, dice que desconoce los motivos, y señala de nuevo que su memoria está basada en los informes de la Policía.
Las acciones violentas de la extrema derecha reseñadas en este volumen son delitos contra la integridad de las personas. De hecho, son las únicas recogidas bajo el epígrafe «terrorismo nacional» que responden a esta particularidad. En cambio, los delitos imputados a grupos ecologistas o anarquistas están relacionados con cortes de carreteras, faltas administrativas (como no comunicar concentraciones o manifestaciones) y daños contra la propiedad. No se dan casos en los que se haya dañado la integridad personal de nadie.
A pesar de que la propia Fiscalía ha admitido en su informe, y en declaraciones posteriores a este medio, que no existe amenaza terrorista detectada de grupos de izquierdas y ecologistas, ni ningún caso juzgado bajo tal acusación, el Estado sigue justificando la infiltración de agentes en estos movimientos. El debate se centra entonces en los límites de las labores de inteligencia, que podrían estar vulnerando varios derechos de colectivos determinados por su ideología, en un país donde la libertad de expresión y de asociación están reconocidas por la Constitución.?
Policías infiltrados en movimientos sociales
La vigilancia y la persecución de movimientos sociales por parte del Estado se ha materializado en la autorización de diversas infiltraciones policiales. Se han descubierto operaciones para introducir agentes encubiertos en movimientos independentistas, ecologistas y de izquierdas. A lo largo del año pasado y del presente se han destapado seis casos de agentes bajo sueldo y órdenes de la Policía Nacional que, con identidades falsas, entraron en organizaciones de izquierdas y establecieron relaciones personales y sentimentales para espiar y recabar información acerca de sus actividades.
Tras ser destapados por investigaciones de La Directa y El Salto, se han pedido explicaciones y responsabilidades tanto al Gobierno como al Ministerio del Interior. En marzo de este año, cuando aún se habían destapado solo tres casos, el ejecutivo de Pedro Sánchez, en una respuesta al senador de Compromís Carles Mulet, contestó que los tres policías nacionales que se infiltraron en movimientos sociales en Barcelona y Valencia eran «agentes de inteligencia», además de indicar que la Comisaría General de Información solicitó una autorización administrativa, bajo un expediente que está «declarado secreto», en virtud de la Ley de Secretos Oficiales, una norma que se remonta a 1968, bajo la dictadura franquista.
También sostuvo el Gobierno que la actividad de «obtención de información» de los tres agentes «no se realiza sobre ideologías, ni movimientos sociales, sino que se trata de una actividad de inteligencia para la captación de información de interés para el orden y la seguridad pública». Igualmente, defendió que las FCSE «actúan en todo momento desde el estricto cumplimiento de la ley», con la «máxima profesionalidad» y «plena sujeción a los valores constitucionales». Con anterioridad, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al ser preguntado en el Senado, defendió el «buen nombre» de los agentes, y añadió: «No se persiguen las ideologías, las ideas; se persiguen hechos. (…) Las mujeres y hombres que conforman las FCSE cumplen en todas sus actuaciones los principios de legalidad».
Todas estas declaraciones chocan con el hecho de que varios de estos policías infiltrados mantuvieron relaciones sexuales y sentimentales con personas a las que estaban espiando. Por esta razón, cinco mujeres han presentado una querella por delitos de abusos sexuales continuados, contra la integridad moral o tortura, descubrimiento y revelación de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles. Además, solicitan que se informe en el marco de qué investigación y durante qué periodo de tiempo se autorizó la infiltración de uno de los agentes encubiertos y si dentro de sus tareas se incluía mantener relaciones sexuales con activistas de estos movimientos sociales. Por su parte, la Fiscalía presentó un escrito pidiendo la desestimación de esta querella al considerar que la infiltración «constituye una técnica de investigación policial dirigida a la prevención y castigo del delito de la que todos los servicios de seguridad hacen uso» y de la que forman parte «el engaño y el uso de identidad supuesta» para garantizar la «confianza necesaria para la obtención de información».
Fuente: https://www.lamarea.com/2024/01/29/quienes-son-terroristas-y-quien-preocupa-al-estado/