Mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido con un “da igual, paso” a una pregunta de Unidas Podemos sobre las cifras de las muertes en pandemia, los familiares de las residencias se concentran frente a la fiscalía para demandar justicia por las personas que murieron sin asistencia médica.
“Sobre las cifras de fallecidos… bueno, de verdad, hasta luego. Da igual, paso”, con esta frase pasaba palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayusto, en la Asamblea de Madrid, para responder a las preguntas de la portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, sobre la gestión de la pandemia. “¿Cómo es posible que se hayan quedado sin ejecutar partidas destinadas a medicamento y a oxígeno en las residencias de mayores mientras usted les prohibía ir a hospitales?” preguntaba Jacinto.
Al mismo tiempo, en otra esquina de la capital, familiares y trabajadoras de las residencias se manifestaban frente a la sede de la Fiscalía Superior de Madrid para exigir justicia, ante el archivo sistemático de las querellas que llevan presentando desde mayo de 2020.
“Están procurando cerrar la boca de 300 querellantes y obviar la muerte de más de 7.000 personas en residencias”, expresa a El Salto María Jesús Valero, de Marea de Residencias, colectivo convocante de la protesta e impulsor de un paquete de querellas que apuntan desde a responsables políticos como la propia Ayuso, hasta mandos intermedios, por la no derivación de personas mayores a hospitales. Los datos definitivos de mortalidad de 2020, hechos públicos este miércoles por el INE, demuestran que Madrid duplicó el exceso de mortalidad a escala nacional, con un 40% más de incremento de fallecimientos. Y buena parte de este incremento se registro en los geriátricos.
“Estamos reivindicando la inacción de la Fiscalía con las más de 300 querellas que se han presentado desde mayo de 2020. Se están cerrando sin abrir investigación diciendo que no hay delitos, cuando tenemos pruebas de que existió un protocolo de exclusión en función de las características físicas y el grado de dependencia”. Lo ha reconocido el propio señor Reyero”, expresa Valero, en alusión al que en aquel momento fue consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, quien admitió la existencia de estos protocolos.
Durante la primera ola de la pandemia, del 18 al 25 de marzo responsables de la Comunidad de Madrid firmaron cuatro protocolos para condicionar la derivación hospitalaria de enfermos en residencias. Estas órdenes incluían pautas para que los pacientes fueran trasladados solo si no presentaban deterioro cognitivo o no tenían alguna discapacidad física. También en Atención Primaria se establecieron criterios para limitar el traslado de mayores de 80 años, tal y como publicó El Salto.
Sin comisión de investigación
El seis de julio de 2020, a propuesta de los grupos de izquierdas, comenzaba una comisión para investigar la actuación del gobierno de la Comunidad de Madrid, en la que se puso el foco en estos protocolos. Un año después, y tras verse interrumpida su labor, elecciones regionales mediante, PP y Vox tumbaban en la Asamblea de Madrid la reapertura de esta comisión.
El portavoz del PP, Alfonso Serrano, afirmaba para justificar el bloqueo de su partido que la izquierda “ya tienen las conclusiones” elaboradas y “solo quieren convencernos de su verdad”. Además, acusó a la oposición de “usar las desgracias y cabalgar sobre el dolor para hacer política”.
En medio de esta guerra política, los familiares reclaman justicia. “Mi padre falleció el 26 de marzo en la residencia Domus Vi de Usera sin atención médica y sin derivación a hospital y no sabemos cómo pasaría sus últimos días”, asegura María Jesús Valero. “Te llamaban por la mañana y estaba bien. Te llamaba por la tarde y se moría. Así cuatro días, aguantó cuatro días sin atención. Si se le hubiera trasladado hoy estaría a lo mejor con nosotras”, expresa la integrante de Marea de Residencias.
Durante la concentración las convocantes han entregado una carta a la Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, exigiéndole explicaciones sobre esta inexplicable situación. Desde Marea de Residencias informan de que en la memoria de 2021 elaborada por este organismo se describe que no se han hallado pruebas ni indicios de delito respecto a los políticos que dieron las órdenes. “La Fiscalía se basa sorprendentemente en que el protocolo del 18 de marzo de 2020 eran “recomendaciones” con lo que está negando un derecho fundamental, el deber de socorro”, aseguran.
“Nosotros vamos a seguir luchando”, advierte Valero. “Ahora también seguimos luchando por mi madre que permanece en la residencia, porque sigue habiendo muchísimas dificultades, no hay más personal y los cuidados siguen siendo tan indignos como antes de la pandemia”, sentencia para quien, tras lo sucedido, no se ha aprendido nada.