La relación entre el pueblo mapuche y la naturaleza no solamente es importante, sino esencial. Está presente con las estrellas y el mar y se desplaza por entre los árboles y los lagos, que beben la vida. Entonces, cuando éstos son talados, acorralados y violentados, se está vejando el alma del pueblo mapuche, se holla […]
La relación entre el pueblo mapuche y la naturaleza no solamente es importante, sino esencial. Está presente con las estrellas y el mar y se desplaza por entre los árboles y los lagos, que beben la vida. Entonces, cuando éstos son talados, acorralados y violentados, se está vejando el alma del pueblo mapuche, se holla descarnadamente su territorio, su memoria, sus risas y juegos, su palabra, su universo. El Ñuke Mapu, la madre tierra, ha sido vulnerada y devastada -como señala Gabriela Calfucoy, vocera e integrante de la Agrupación Konapewman de Temuko e integrante de Identidad Territorial Lafkenche- «por políticas con graves consecuencias ambientales, culturales y económicas. Para las empresas privadas invasoras y las políticas públicas del Estado en el territorio mapuche el desarrollo es sólo crecimiento económico que depreda y sobreexplota la naturaleza y los recursos para beneficio de unos cuantos, sin importar a costa de qué. En cambio para nosotros, los mapuche, la visión de desarrollo se centra en los equilibrios, en la sustentabilidad y el respeto a la diversidad, como lo son las fuerzas y las energías vivas de nuestro cosmos. Nuestra cosmovisión y filosofía no se sobrepone a ningún elemento de la naturaleza. Por el contrario, se armoniza y se complementa, porque somos parte de ella. Aquí está la gran diferencia y el origen de muchos conflictos territoriales».
Por lo mismo, la decisión de la dictadura militar de dictar el decreto ley 701 en el año 1974 -que subsidió y en los hechos financió casi totalmente la inversión forestal en territorio mapuche permitiendo su rápida expansión y la consecuente destrucción del bosque nativo-, puede analizarse no sólo en su dimensión económica, sino que también cultural.
El nuevo modelo, junto con la imposición de los decretos leyes 2.568 y 2.750 de 1979, implicó la liquidación de la propiedad comunitaria de la tierra indígena, estimándose en alrededor de dos mil las comunidades que fueron divididas, lo cual dio origen a aproximadamente 72 mil pequeñas parcelas individuales. Lo anterior produjo la acelerada disolución de la propiedad colectiva de la tierra y, simultáneamente, el rápido desarrollo de la industria forestal. En la década del setenta las plantaciones forestales ascendían a 320 mil hectáreas, sin embargo en la actualidad cubren una superficie de 2,1 millones de hectáreas de pino y eucalipto, fundamentalmente. Es más, la Corporación de la Madera proyecta llegar a 2,6 millones de hectáreas de plantaciones forestales para el año 2010. Es decir, crece la economía y las utilidades para las empresas del rubro, y decrece la presencia y cultura indígenas en su propio territorio.
En otras palabras, es posible argumentar que el diseño y posterior puesta en práctica de una política forestal basada en una suerte de racismo ambiental no es mera casualidad. Este racismo dice relación, sostiene Alfredo Seguel, vocero e integrante de la Agrupación Konapewman de Temuko y del equipo de trabajo de la Coordinación de Identidades Territoriales Mapuche, con «la violación de derechos humanos y una forma de discriminación causada por gobiernos y políticas del sector privado. Por prácticas, acciones o inacciones que intencionalmente o no, agreden el ambiente, la salud, la biodiversidad, la economía local y la calidad de vida».
Y en el caso específico del territorio mapuche -asevera Lorena Ojeda, presidenta de la Asociación Ambientalista Koyam Newen e integrante de la Red de Acción por los Derechos Ambientales- «el racismo ambiental se manifiesta en que los costos ambientales sean asumidos por comunidades rurales o en la exclusión manifiesta de éstas en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Así, tenemos medidas como la ubicación de basurales, de plantas de aguas servidas, la expansión de monocultivos industriales, entre tantas otras de graves efectos, que repercuten principalmente en la calidad de vida, la salud y ecosistemas de una parte importante de la población mapuche».
El veneno de la celulosa
Una breve aproximación al mapa de los problemas ambientales en la zona sur del país deja en evidencia que siempre son las comunidades mapuche las afectadas. Y, por cierto, en el intertanto, las empresas privadas -con apoyo del gobierno- continúan obteniendo grandes utilidades con sus operaciones.
En la actualidad, existen proyectos -sostiene Seguel- «de privatización de derechos de agua, del mar y borde costero, de expansión de plantaciones forestales, constitución de concesiones mineras y explotación de hidrocarburos, de patentamiento de germoplasma, grandes obras viales, industriales, energéticas, turísticas o la instalación de vertederos, que nos afectan directamente».
Porque si bien es cierto algunos problemas inevitablemente derivan en conflicto al resistirse legítimamente las comunidades a que se siga afectando su calidad de vida y obtienen publicidad, como es el caso de Celco en Valdivia, son muchos los que silenciosamente se comienzan a incubar. Lo acontecido en Valdivia con la pronta y expedita reapertura de la planta de Celulosa Arauco demuestra -según Seguel- «que éste y muchos otros casos sólo fueron la punta del iceberg de la corrupción. Los niveles de intervención de los grupos económicos son amplísimos en Chile. Sus redes empresariales y familiares han demostrado enorme capacidad de influencia sobre partidos políticos, poderes públicos, autoridades y medios de comunicación(…)