En 2003 la Comunidad de Madrid sacó un decreto con el cual borraba de la ley-trataba de borrar, como veremos- las radios culturales y sociales sin fines de lucro. ¡Zas!, cortaba una parte del artículo 3 de un decreto anterior y las dejaba fuera. La Unión de Radios Comunitarias de Madrid (URCM), ante el atropello […]
En 2003 la Comunidad de Madrid sacó un decreto con el cual borraba de la ley-trataba de borrar, como veremos- las radios culturales y sociales sin fines de lucro. ¡Zas!, cortaba una parte del artículo 3 de un decreto anterior y las dejaba fuera.
La Unión de Radios Comunitarias de Madrid (URCM), ante el atropello de estas tijeras recortadoras de derechos, entra a la vía judicial para reclamar que se repare el entuerto exterminador -el decreto también reforzaba las medidas de persecución y cierre de emisoras-.
Mientras el procedimiento judicial sigue su curso (lento y caro, especialmente para las emisoras comunitarias que por definición no tienen fines de lucro ni por tanto lucro ninguno), la Comunidad de Madrid, basándose en ese decreto de 2003, saca una orden en enero de 2007 para repartir 21 licencias de radio FM. ¿A quién se las puede repartir? Sólo a las emisoras que habían quedado en la ley, claro: emisoras públicas municipales y emisoras comerciales.
Entre los solicitantes, no obstante, se encuentran dos ovejitas de otro color, ni comerciales ni de ayuntamientos, emisoras que no persiguen la explotación comercial de la audiencia para obtener beneficios y que proponen una gestión ciudadana directa no mediada por la administración pública, es decir, emisoras que demuestran que «otra radio es posible»: Radio Morata -comunitaria- y la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Sus proyectos van de mesa en mesa en la misma carpeta de solicitudes que los de la COPE y Radio María y otros muchos. ¿Por qué se han presentado al concurso de reparto de licencias esas dos entidades que no son radios comerciales ni radios de gobiernos municipales? Porque en 1997 el decreto1 que reguló el marco jurídico para la concesión de licencias dijo que estas licencias se repartirían a tres tipos de sujetos: las radios públicas, las radios comerciales y las «emisoras culturales y otras de carácter no lucrativo». Así rezaba literalmente el decreto. Pero la Comunidad de Madrid en 20032 lo modificó para cargarse directamente a este tercer tipo, tercer sector, de la comunicación. Para eso había servido, ese era el objetivo central de ese decreto-tijeretazo en 2003.
Llegamos a finales del año pasado, diciembre de 2008, y no se tiene nada aún: ni sentencia del tribunal sobre si es ajustado a derecho o no que la comunidad haya pegado el corte a la ley para eliminar del reparto a las radios comunitarias; ni se tiene tampoco información sobre si el reparto de las 21 licencias está parado o sigue adelante.
A punto de terminar diciembre de 2008 se desvela uno de los asuntos: el Tribunal da la razón a la URCM3: las radios comunitarias deben ser contempladas, no vale el decreto-tijeretazo de la comunidad, no es lícito pretender borrar a las radios del tercer sector. ¡Bien!, dicen en la URCM, el esfuerzo y la recolecta de dinero para sostener el proceso judicial ha merecido la pena.
A finales de marzo acaba de desvelarse el segundo asunto, ¿a quién le han dado licencia? A los que ya la tenían y a sus empresas próximas4: tres, a COPE; otras tres a Radio Publi S.L. (que es como decir Punto Radio); tres, a Sauzal 66 (que es como decir Intereconomía); y así todo hasta llegar a la concesión de una emisora para Radio María en Navalcarnero.
Lo que no consiguieron con la ley -echar a las radios comunitarias de la realidad- lo persiguen por la vía de los hechos consumados: no hay papeles, no hay licencia para las radios comunitarias. No hay derechos pues. Para disfrutar de derecho hay que se primero un sujeto de derecho. Y para convertirse en un sujeto de derecho hay que tener papeles. La administración madrileña, que como su nombre indica administra los bienes colectivos, reparte licencias con un cierto desequilibrio obvio: algunos reciben más licencias que otros y otros no reciben ninguna. Repartir licencias de radio es repartir el poder de administrar el ejercicio del artículo 20 de la Constitución: derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Si ese «otro medio de reproducción» es la radio y la televisión, ¿quién controla a qué personas se les permite usarlos, se les da el micrófono y la palabra para que ejerzan el artículo 20? Los que tienen papeles, los que tienen licencia son los que controlan el derecho a ejercer el artículo 20 a través de la radio y la televisión. Y si sólo y sobre todo se concede licencia a las empresas, es el beneficio el que controla el ejercicio del 20, es el capital el que controla el disfrute de la constitución. Más disfrute para unos que para otros. Nada de disfrute para muchos.
Por eso existe el tercer sector, para contrapesar ese desequilibrio. Por eso, por la fuerza de su razón de ser, el tercer sector logró estar presente en el decreto de 1997 en el que se regulaba el marco jurídico para la concesión de licencias de radio.
Pero los gobiernos que tenemos en España siempre se resisten a que la Constitución se realice, incluso una constitución tan estrechamente controlada en su redacción por los ocho padres y ninguna madre que tuvo la Constitución del 78 en España.
Los mismos que la redactaron han tenido miedo a que pueda llegar a ser verdad. Y así ocurre también con el decreto 57/1997 de la comunidad autónoma de Madrid.
Pero no es el momento político para estrechar el cerco legal y ejecutivo de los medios comunitarios.
Hay un país referente en el que se ha desarrollado por primera vez una política de Estado que ampara y promueve la creación de una red de medios audiovisuales gestionados directamente por los ciudadanos organizados: Venezuela. Ley de Responsabilidad Social en Radio u Televisión5.
En Argentina acaba de aprobarse la propuesta para la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Un movimiento ciudadano aglutinado bajo el nombre de Coalición para la Radiodifusión Democrática ha venido peleando en los últimos años sistemáticamente hasta lograr que por ejemplo ese proyecto de nueva ley reconozca las radios sin fines de lucro, el tercer sector y les garantice un 33% de las frecuencias. Un tercio del espectro, un tercio de la voz, una existencia que no quede condenada a vivir sin papeles.
La Ley General del Audiovisual en España lleva retrasándose años. Cualquier día de estos tienen que sacarla de nuevo a pasear. La presidenta argentina se ha comprometido a debatir y consensuar el nuevo marco legal con todas las partes. El Tribunal Supremo en España anuló el decreto-tijeretazo de 2003 del Gobierno de Madrid porque no lo había comunicado ni tratado con la Unión de Radios Comunitarias (URCM).
Hagamos lo que hagamos, tomemos las calles, los micrófonos o los despachos, es preciso que tomemos nota y nos apliquemos. Porque llegarán más leyes y llegarán más trampas, pero un pueblo informado siempre es más difícil de someter.
Antes de que nos escriban como debe ser el sistema de medios que administre nuestro derecho a ejercer los derechos, es preciso que tengamos formulada con detalle nuestra alternativa. Y que hablemos de ella en público. Ya.
Concha Mateos es profesora de Periodismo
1 Se puede acceder al texto en http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=BuscaNormasRelacionadas&idnorma=2300
2 Se puede consultar el decreto en el BOCM de 22 de abril de 2003 en
3 http://www.nodo50.org/El-Tribunal-Supremo-da-la-razon-a.html
4 Más información en la página de Radio Ritmo, en http://www.radioritmo.org/spip.php?article112. Y también en el BOCM nº 73, Orden 141/2009 de 27 de marzo, en http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142538012407&ssbinary=true
5http://www.leyresorte.gob.ve/MenuPrincipal.asp?Pag=Plantillas/PlantillaDetalleContenido.asp&CodCont=71&Secc=Ley%20Resorte&clasif=0