El récord de temporalidad en los contratos, que revelaba la última EPA, un claro exponente de la precarización de las relaciones laborales. / Gráfico: Ana Isabel Cordobés Se han hecho muchos análisis para entender el largo ciclo de acumulación capitalista en España desde 1994 al 2007. No hay demasiadas cosas que añadir. Querría fijarme ahora […]
El récord de temporalidad en los contratos, que revelaba la última EPA, un claro exponente de la precarización de las relaciones laborales. / Gráfico: Ana Isabel Cordobés
Se han hecho muchos análisis para entender el largo ciclo de acumulación capitalista en España desde 1994 al 2007. No hay demasiadas cosas que añadir. Querría fijarme ahora en algunos aspectos que, aunque conocidos, hay que tenerlos en cuenta para el nuevo papel que va a jugar España en la división del trabajo que se está configurando en la Unión Europea y, específicamente, en la zona euro. Los rasgos a los que me voy a referir ya existían en la anterior etapa y, a mi juicio, se agravarán en el futuro. La tesis que se defiende es que la recuperación regresiva que estamos viviendo va a acentuar todas las malformaciones y debilidades estructurales de nuestra economía y que es necesaria una nueva política y un cambio en las relaciones de poder existentes en nuestro país.
Hablar de recuperación regresiva es jugar conscientemente con elementos aparentemente contradictorios; como suele decirse, lo contradictorio está en la realidad y no en los conceptos que empleamos. En el anterior ciclo, desde 1995 al 2007, en el momento de su máximo esplendor, se daban cinco rasgos que, de una u otra manera, siguen presentes en nuestra realidad y que vienen para quedarse:
- El enorme crecimiento de las desigualdades sociales, de género y territoriales.
- La estabilización de la pobreza en torno a un 20% -hay que subrayarlo- en momentos de crecimiento y de máxima generación de empleo.
- La precarización general de las relaciones laborales.
- La destrucción sistemática del medio ambiente.
- La corrupción como sistema y como requisito estructural del modelo económico vigente.
Todo esto en un entorno general de dependencia económico-financiera y de subalternidad política creciente del Estado español.
Estos cinco rasgos, donde el problema de la deuda privada que deviene en pública va a seguir siendo fundamental, se han agravado con la crisis, pero -y es lo fundamental- configuran ya el tipo de modelo productivo que han ido configurando las políticas de crisis, eso que se ha venido a llamar políticas de austeridad.
El término de recuperación regresiva ( RR ) que empleo conscientemente es para poner el acento, en primer lugar, en que la débil recuperación macroeconómica de la economía que se nos vende intenta dar la idea de que volveremos, de una u otra manera, a la etapa anterior al 2007. Aquí está la trampa: la recuperación es regresiva porque, en primer lugar, se consolida y hace definitiva la pérdida de derechos, prestaciones y libertades que teníamos antes de la crisis; en segundo lugar, el nuevo modelo productivo que se está definiendo se basa en una insoportable desigualdad social y de género y con una precarización general de nuestras vidas; en tercer lugar, la variable clave del nuevo modelo sigue siendo la salarial, en un sentido muy preciso: una economía fundada en un débil Estado social, en salarios bajos, y en la desestabilización permanente de las relaciones laborales; y en cuarto lugar, un patrón productivo con una industrialización débil y extremadamente dependiente, un sector servicios hipertrofiado de nuevo ligado al turismo y en relación directa con la construcción, con un sector primario bloqueado que es incapaz de asegurarnos la autonomía alimentaria.
La recuperación positiva (RP ) se plantea, en primer lugar, recuperar los derechos, prestaciones y libertades perdidas; en segundo lugar, la necesidad de un nuevo modelo productivo, creando un círculo virtuoso de futuro que una la reestructuración ecológica de nuestra economía y de nuestra sociedad con la democracia económica y el impulso de nuevas tecnologías , que tengan como centro la satisfacción de las necesidades humanas básicas y el autogobierno de las personas. Lo que está en juego no es conservar lo que tenemos frente a los riesgos del cambio y las inseguridades del próximo futuro. No, esta es una mentira más del poder, de los poderes que nos gobiernan y manipulan; la alternativa real es: o cambiamos el sistema bipartidista dominante, el régimen existente, o nuestro futuro inmediato será el de salarios bajos, derechos sociales y laborales en regresión, generaciones enteras sin futuro, condenadas al exilio económico y a la perdida de nuestra condición de personas. Para decirlo con más claridad: cambio o inseguridad permanente; regresión social o desarrollo económico y social; esperanza o resignación; ser sujetos activos de nuestro futuro o masa pasiva controlada y dirigida por los que mandan; ciudadanía con derechos y poderes o súbditos de un sistema oligárquico y corrupto.
Unir estos tres aspectos-democracia económica, restructuración ecológica de la economía y la sociedad, nuevas tecnologías- implica un nuevo proyecto de país. No habrá un nuevo modelo productivo si no se rompe con la división del trabajo que nos está imponiendo la Unión Europea y la zona euro. No habrá un nuevo modelo productivo si no se cambian las relaciones de poder existentes, es decir, el poder de la oligarquía, de la trama financiero-económico-mediática que domina parasitariamente los destinos de nuestra patria y mata las energías creadoras existentes en nuestra sociedad. No habrá un nuevo modelo productivo en nuestro país si no se construye un nuevo Estado y buscamos una nueva unidad entre las naciones y pueblos de esa realidad plural que hemos llamado tradicionalmente España.
No hay soluciones solamente económicas, sabiendo que estas son muy importantes; hace falta, por así decirlo, una «política de la economía» empeñada en trasformar las relaciones de poder existentes. Muchos hemos hablado en estos años de la necesidad de una auténtica «revolución democrática» capaz de liquidar el poder de una oligarquía convertida en «trama», en bloque de poder, que anuda al capitalismo monopolista financiero, clase política y control de los medios. La condición previa: un proceso constituyente que elabore una nueva Constitución que garantice los derechos sociales, el ejercicio del derecho a la autodeterminación con el objetivo de crear un Estado federal; que someta la economía a la lógica de las necesidades básicas de las personas; democratice el conjunto de las relaciones sociales y de género; defienda en serio la soberanía popular, desde una política basada en la paz, en el desarme y en la independencia de los pueblos. En definitiva, una sociedad de mujeres y hombres libres e iguales comprometidos con la justicia y la emancipación.
En momentos donde la guerra retorna como instrumento político definitorio, sería bueno poner en el frontispicio de nuestra futura constitución aquel singular Ar.6 de la Constitución de la de la 2ª República que escuetamente decía: «España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional». Esto significa, aquí y ahora, algo concreto y preciso: no a la OTAN, no a las bases extranjeras en nuestro territorio. Resumiendo mucho: una República Soberana en una Europa Confederal.