En una reunión con el diputado Oscar Seco del PSOE, una delegación de la Red Estatal por los Derechos de los y las Inmigrantes (REDI) ha presentado al Gobierno su rechazo contra la reforma de la Ley de Extranjería, coincidiendo con su debate en el Pleno del Congreso, y ha exigido su retirada por considerar […]
En una reunión con el diputado Oscar Seco del PSOE, una delegación de la Red Estatal por los Derechos de los y las Inmigrantes (REDI) ha presentado al Gobierno su rechazo contra la reforma de la Ley de Extranjería, coincidiendo con su debate en el Pleno del Congreso, y ha exigido su retirada por considerar que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y perjudica los valores de convivencia de la sociedad española en su conjunto. Al finalizar, el diputado socialista ha manifestado la predisposición del PSOE a continuar escuchando las demandas de las organizaciones a lo largo del proceso de debate parlamentario de la nueva Ley.
La delegación de REDI, integrada por Abdelhamid Gambou de FERINE (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Arsenio García de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Alessia Angelini de ACSUR-Las Segovias y Clara Redal de CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos), también ha mantenido un encuentro con el Secretario del Grupo Parlamentario IU-ICV, José Manuel Fernández.
Las organizaciones han hecho hincapié en el marco de ambas reuniones en que la futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, y contribuirá a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera.
La ampliación del período de reclusión hasta 60 días en los Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), las fuertes restricciones a la reagrupación familiar, las limitaciones al derecho a la educación no obligatoria para los mayores de 18 años, que sólo será accesible a los residentes en España o ciudadanos de la UE, o el tratamiento que se da a los y las menores extranjeros en la nueva Ley, el fuerte impacto de género de la reforma, son algunos de los temas que han centrado el debate con el diputado socialista.
Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las disposiciones del proyecto de reforma de la Ley. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para su reagrupación, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.
Las organizaciones también han puesto de manifiesto que con esta nueva Ley se vulneran los principios y derechos de las y los menores no acompañados, garantizados en la Convención de Derechos del Niño de la ONU, ya que se prima la condición de extranjero sobre la de menor «en un intento de expulsar del país a cuantas más personas mejor».
Finalmente, las organizaciones han denunciado ante los diputados la criminalización de la solidaridad y hospitalidad de aquellas personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, ya que podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Así como la de quien empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda.
Por todo ello, las organizaciones integrantes de REDI han exigido la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería y han instado al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.