Combatir la deforestación amazónica se volvió más difícil durante el gobierno saliente de Jair Bolsonaro, que durante los dos mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva. El crimen organizado se diseminó en la región y tornó más violentas las acciones ilegales. Asesinatos de indígenas, ambientalistas y líderes sociales aumentaron.
RÍO DE JANEIRO – El éxito del nuevo gobierno del presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, depende de contener y reducir la deforestación de la Amazonia en Brasil, un factor clave para su política externa y para su propia economía.
Es lo ha llevado a Lula a participar en la 27 Conferencia de las Partes (COP27) de la convención climática, en Sharm El Sheij, una ciudad balnearia del sur de Egipto, esta semana, aunque solo asumirá su tercer mandato el 1 de enero, tras haber gobernado el país en el periodo 2003-2010.
Concurre, desde el martes 15 al jueves 17, como una esperanza de avances en el combate al recalentamiento planetario, además de haber asegurado la continuidad de la democracia en Brasil, al derrotar el presidente Jair Bolsonaro y sus intenciones autocráticas.
Preservar los bosques amazónicos es indispensable para la meta de contener en 1,5 grados Celsius el aumento de la temperatura global hasta 2100.
Esto se debe a quee la PanAmazonia, que comprende partes de ocho países y un territorio, almacena una cantidad de carbono equivalente a más de diez años de emisiones mundiales, según los científicos. Su liberación sería irreversible si la deforestación prosigue y destruye la capacidad de autosostenibilidad de los bosques.
La tarea suena compleja. Se trata de modificar la tendencia de aumento de la deforestación en la Amazonia brasileña desde 2012, agravado a partir de 2019 por las medidas de Bolsonaro desde que el primer día de ese año comenzó su cuatrienio.
“Borrar la expectativa de que el invasor de las tierras públicas pueda legalizar su tenencia es la acción decisiva”, evaluó la abogada Brenda Brito, investigadora del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon), organización no gubernamental brasileña que monitorea y estudia formas de combatir la deforestación.
El negocio de las tierras
La pronta ganancia que se puede obtener con la propiedad o la simple posesión de predios, aunque ilegal, es el gran motor de la destrucción y la quema de los bosques. Es la acción de los llamados localmente “grilleros”, que se adueñan de tierras ajenas.
El nombre se atribuye a los grillos que usan para “envejecer” los títulos falsos para que parezcan documentos antiguos.
En la Amazonia brasileña 29 % de su territorio, o 143 millones de hectáreas, queda sin destino. Son tierras públicas pero en riesgo de ocupación privada y “grillaje”. De ese total 57 millones de hectáreas solo se puede destinar a indígenas, quilombolas (comunidades afrodescendientes) y a la conservación forestal, según Brito.
Territorios demarcados para esos fines suelen sufrir un mínimo de deforestación, porque la legislación prohíbe la posibilidad de su apropiación privada, pero el gobierno tarda en hacerlo.
Bolsonaro, por ejemplo, anunció que no demarcaría siquiera “un centímetro” de tierras indígenas, pese a la disposición constitucional que asegura el derecho de la población originaria a “las tierras que tradicionalmente ocupan” y pese a la existencia de centenares de áreas identificadas como indígenas, sin demarcación.
Y lo cumplió.
Un territorio similar, de 56 millones de hectáreas, presentan “indicios de ocupación antigua”, en general por población amazónica tradicional, que por ley tiene derecho a su posesión, observó Brito, en entrevista a IPS desde Belém, capital del estado amazónico de Pará, donde tiene sede Imazon.
Pero otra parte es “de ocupación reciente, es decir grillaje, que no debe recibir títulos de propiedad o posesión para no premiar la invasión” y no estimular esa apropiación ilegal, sostuvo.
Pero no hay consenso sobre cómo distinguir el derecho de ocupantes antiguos de la ocupación reciente e ilegal. No hay dificultad técnica, ya que las nuevas tecnologías de imágenes satelitales permiten identificar el período de ocupación, señaló la investigadora.
Entre 2009 y 2020 la autoridad encargada de los inmuebles rurales, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, negó casi 5000 pedidos de títulos de propiedad. Pero no se impulsa el destino de las áreas públicas, lamentó.
Combatir la deforestación
Para contener la deforestación faltan medidas que dejen bien claro que invasiones de tierras públicas no tendrán posibilidad de legalización futura.
Eso, más la demarcación de tierras indígenas, de quilombolas y unidades de conservación, como prioridad, y algunas “acciones ejemplares recuperación de tierras públicas” y penalización de las invasiones serían hechos decisivos para la reducción de la deforestación amazónica, opinó Brito.
Luego se podría promover un reordenamiento territorial. Así se podría cumplir la meta de “deforestación zero” para 2030, del acuerdo que más de 100 países, incluido Brasil, firmaron en la COP26, celebrada en la ciudad escocesa de Glasgow, Escocia, en 2021.
Pero el legislativo Congreso Nacional brasileño, con fuerte representación “ruralista”, es decir de los terratenientes, amenaza con aprobar leyes que apuntan al sentido contrario, legalizando el “grillaje”, advirtió la investigadora y abogada desde Belem.
De todos modos, Lula asumirá el gobierno con un liderazgo fortalecido por el sostén internacional y una nueva percepción de que el crecimiento económico de Brasil puede basarse en políticas ambientales y climáticas sustentables, que atraen inversiones y promueven un nuevo tipo de desarrollo.
La decisión de Noruega de reanudar sus contribuciones al Fondo Amazonia, que había suspendido en 2019 ante las primeras medidas de la política antiambiental del gobierno de Bolsonaro, comprueba la credibilidad externa de Lula y el apoyo al combate a la deforestación.
Noruega se comprometió a donar mil millones de dólares al Fondo creado en 2008, durante el segundo mandato de Lula. Alemania contribuyó con una suma inferior y también se dispone a reanudar la cooperación.
Al contrario de su período anterior en la presidencia, Lula ahora incluye el ambiente como una de sus prioridades. Para la Amazonia, además de la preservación forestal, anunció la promoción de la bioeconomía, el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad local, recomendado por expertos en la región.
El presidente electo comprobó su conversión al ambientalismo al reconciliarse con Marina Silva, su exministra de Medio Ambiente (2003-2008), que renunció en mayo de 2008 por discrepar de varias decisiones del gobierno de entonces.
Ella, ahora diputada electa, acompaña Lula en la COP27 y deberá tener fuerte influencia en su futuro gobierno, posiblemente como ministra otra vez.
La deforestación volvió a crecer
Silva puso en marcha el más exitoso programa de combate a la deforestación amazónica. De 27 772 kilómetros cuadrados en 2004, el área deforestada cayó a 12 911 kilómetros cuadrados en 2008 y a 4571 en 2012.
A partir de entonces volvió a crecer. Superó los 10 000 kilómetros cuadrados en 2019, primer año del gobierno de Bolsonaro y alcanzó 13 025 kilómetros cuadrados en 2021.
Esos son datos del Programa de Cálculo de la Deforestación de la Amazonia (Prodes), del Instituto Nacional de Investigación Espacial (Inpe), que mide el área afectada desde 1988. Su período anual va del 1 de agosto al 31 de julio.
Aún no se conoce los datos de 2021-2022. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones (MCTI) deberá divulgarlos entre el 28 de noviembre y 2 de diciembre, informó Claudio Almeida, coordinador del Programa de Monitoreo de la Amazonia y otros Biomas, del Inpe.
La fecha reaviva entre los ambientalistas la sospecha de que se retarda la divulgación para después de la COP27, a fin de evitar la repercusión de datos negativos. Fue así en 2021, cuando el informe se publicó el 18 de noviembre, seis días después de la clausura de la COP26, aunque con fecha del 27 octubre.
“La divulgación siempre fue en noviembre, solo dos veces ocurrió en octubre”, el Inpe transmite los datos al MCTI, al cual está vinculado, y que los divulga, en una decisión política, explicó Almeida a IPS desde la ciudad de Curitiba, en el sur del país, donde participaba en un evento.
El Inpe ya fue blanco de ataques del presidente Bolsonaro y enfrenta dificultades por el presupuesto limitado. En cinco años, mitad de sus funcionarios podrán jubilarse, poniendo en riesgo el futuro del instituto respetado internacionalmente.
ED: EG
Fuente: https://ipsnoticias.net/2022/11/reducir-la-deforestacion-amazonica-es-clave-para-lula-en-brasil/