Se ha celebrado el día de Catalunya. Coincidiendo con la fecha, conocemos que cuatro de cada diez catalanes creen que Catalunya debería ser un estado independiente. El independentismo se ha triplicado en los últimos diez años. Nada es casual; cuanta más represión más ansias de libertad y en este caso, cuanto más se hace contra […]
Se ha celebrado el día de Catalunya. Coincidiendo con la fecha, conocemos que cuatro de cada diez catalanes creen que Catalunya debería ser un estado independiente. El independentismo se ha triplicado en los últimos diez años. Nada es casual; cuanta más represión más ansias de libertad y en este caso, cuanto más se hace contra el soberanismo desde las instituciones del Estado, más ansias por ejercerlo.
Un día de fiesta y reivindicación y toma de conciencia colectiva, que es como darse cuenta de las cosas tal cual son. El reto de esta Diada ha sido el de descentralizar las manifestaciones y unir cinco concentraciones con un hilo argumental simbólico e ideológico, en este año en el que hay un Parlament independentista, un elemento que determina el lema de la convocatoria «Nos sentimos a punto para conseguir nuestro sueño, la República catalana«. Cinco ciudades y cinco lemas: Barcelona defendiendo la «República de las libertades»; Tarragona ha sido la voluntad de una «República en red y de progreso»; Lleida ha representado el «equilibrio territorial»; Salt, «la República de la solidaridad y de la diversidad»; y Berga recogió el testigo de Lleida como el bastión de «la República de la Cultura». Me he sumado a todos y cada uno de ellos. Es urgente el reconocimiento de la plurinacionalidad y del derecho a decidir.
Si en julio de 2006 sólo un 14,9% de los catalanes se declaraba independentista, en junio de este año lo hace un 41,6%, según el último barómetro de opinión del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat de Catalunya para La Sexta. El punto de inflexión de esta escalada de independentismo se sitúa en 2012, coincidiendo con la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa y el primer aniversario en el Govern de Artur Mas. Es entonces cuando la opción independentista superó a la vía federal y a la del actual modelo de las autonomías.
Todo se remonta a cuando el rey Felipe sometió a Catalunya y al reino de Aragón. Felipe V, el Animoso, primer monarca en España de la casa francesa Borbón. La Guerra de Sucesión contra el archiduque Carlos de Austria, emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, supuso la perdida de posesiones en Europa, Gibraltar entre otras. Con los Decretos de Nueva Planta, se derogaron fueros y derechos territoriales catalanes, considerados derechos de conquista, como castigo por su «rebelión». La Diada conmemora la caída de Barcelona (11 septiembre 1714) en manos de las tropas borbónicas al mando del duque de Berwick, que dirigió la represión. Los resistentes «merecen ser sometidos al máximo rigor según las leyes de la guerra, para que sirva de ejemplo para todos mis otros súbditos», decían las órdenes del Animoso. Franco hizo algo parecido en el mismo territorio.
El origen de la causa catalana se remontaba al Pacto de Génova en 1705. El reino de Gran Bretaña se comprometía a garantizar la conservación de las Constituciones de Cataluña y todos los derechos de que gozaban los catalanes, si se sumaba a la causa del archiduque Carlos, en su pugna por el trono español. En 1710, solicitó de Felipe V que concediera una amnistía general a los austracistas españoles y particularmente a los catalanes, permitiéndoles conservar sus fueros. La respuesta fue tajante: «Por esos canallas, esos sinvergüenzas, el rey no otorgará jamás sus privilegios, pues no sería rey si lo hiciera, y esperamos que la reina no nos los quiera exigir. Sabemos que la paz os es tan necesaria como a nosotros y no la querréis romper por una bagatela». Ni la democracia ni la decencia se conocían, de lo que algunos siguen careciendo hoy.
Pese al tiempo transcurrido, se sigue hablando de Felipe, Catalunya y el soberanismo, y no se ha solucionado la razón primera. Hay intereses mutuos que defender y las normas siguen sin dar una solución satisfactoria a todas las partes. Todos son responsables, algunos más que otros. La fuerza se ha utilizado más que la palabra y la violencia más que la razón. La buena fe negociadora no ha estado presente y no se la espera.
Más de 4.000 personas fueron detenidas y en su inmensa mayoría condenadas a muerte y ejecutadas en público para escarmiento. Largas condenas en galeras o deportación, junto con la correspondiente confiscación de bienes y propiedades. En esta tarea represiva, como nos tiene acostumbrada la historia, colaboró con entusiasmo el clero, encabezado por el vicario general de Barcelona, que conminó a los barceloneses a que obedecieran a Felipe V, bajo castigo de pecado. Cuando Barcelona capituló, no cambió la voluntad real, como no se cambia hoy la del gobierno, que defiende el inmovilismo de la Constitución, por encima de la voluntad popular, cuando todos conocemos cómo hacen para cambian las leyes. ¿Recuerdan la reforma del artículo 135?
La causa catalana volvió a surgir en diversos momentos de la historia de Europa, hasta la firma del Tratado de Viena en 1725, que puso fin diplomáticamente a la Guerra de Sucesión. El emperador Carlos VI renunció a sus derechos a la Corona de España y reconoció a Felipe V como rey de España y de las Indias. Felipe reconoció al emperador la soberanía sobre las posesiones de Italia y de los Países Bajos. En el Tratado, el rey otorgaba la amnistía a los partidarios del Archiduque Carlos, con el compromiso a devolverles los bienes confiscados durante la guerra y la represión, pero se negó a restablecer las instituciones y leyes propias de los Estados de la Corona de Aragón.
Años después, en la historia cercana, el 14 de abril de 1931, con la proclamación de la República, Francesc Macià proclamó la República Catalana dentro de una federación de pueblos ibéricos, motivo de conflicto en los círculos no nacionalistas. Todo quedó normalizado con la restauración de la Generalidad, tras la aprobación de la Constitución de la República, que reconocía la autonomía regional y se aprobó el Estatuto de Autonomía de 1932. El 20 de noviembre se celebraron elecciones al Parlamento de Cataluña, que permitieron la construcción de instituciones propias democráticas.
El franquismo puso fin a todo. Como en el resto de España, se anularon las libertades, los derechos, la democracia y se eliminaron las instituciones republicanas. Con su insulto preferido «no hables como un perro, habla el idioma de imperio», se persiguió la lengua y la cultura catalana. Los vencidos fueron vencidos en todos los frentes. Rajoy y su partido pretenden perpetuar esta forma totalitaria de hacer política.
Preguntar no debería ofende ni responder tampoco. El Tribunal Constitucional, declaró inconstitucionales algunos artículos de la Ley de Consultas, que había sido aprobada sin enmiendas y por abrumadora mayoría por el Parlament. Declaró que la ley regulaba un referéndum, invadiendo una competencia exclusiva del Estado. Jueces y magistrados de Catalunya, entendieron que la negación del derecho a decidir sólo se puede entender y sostener por un criterio estrictamente ideológico y político, puesto que el llamado «principio democrático» impregna todo el ordenamiento jurídico internacional y comunitario, y una de sus manifestaciones más elementales es el derecho de los pueblos y naciones a decidir su futuro. Consideraban «que este derecho a decidir se puede ejercer en el actual marco constitucional, desde una perspectiva dinámica y viva, no sacramental, como corresponde a un Estado social y democrático de Derecho. El Tribunal y el gobierno entienden que preguntar si ofende y facilitarlo puede ser delito.
El Tribunal Constitucional, el Gobierno y la Fiscalía General, advierten y amenazan con utilizar el Código Penal. Se tomará Catalunya por las armas si es preciso, declararán el Estado de Excepción si les conviene, suspenderán la autonomía, meterán en la cárcel a Mas, Puigdemont, Junqueras, Tardà y Forcadell por delito de sedición y quien sabe que harán contra los miembros del Parlament, que representan a la soberanía. Todo lo tienen previsto, menos dialogar para la resolución de los conflictos, criminalizando al pueblo que pide democracia. Todo parece que va a ser soledad, oscuridad y frío. Contra la ciudadanía y conociendo el percal, no esperamos sino represión.
Demasiada invocación a la Constitución sobre el soberanismo y poco para defender derechos, libertades y servicios públicos esenciales. Yo soy más, de que las aspiraciones de la clase obrera y los marginados, se defienden mejor en el amplio marco internacional que en el estrecho nacional. La gente, el pueblo, la ciudadanía, deben ser libre para decidir su futuro. El poder económico oprime, indistintamente del color de la piel y del lugar de nacimiento. «Sea cual fuere el país en que recale un obrero consciente, fuese cual fuere el lugar a que lo empuje el destino, sea cual fuere su sentimiento de ser un extranjero, privado de idioma y de amigos, puede encontrar camaradas y amigos en la Internacional» (V. I. Lenin). No soy nacionalista ni defiendo discursos nacionales; soy internacionalista y estoy por el derecho a decidir.
Este año, la fiesta la ha roto el ministro en funciones García Margallo, al asegurar que «de una crisis se sale, un ataque terrorista se supera, pero la disolución de España es absolutamente irreversible» y al afirmar que una «Cataluña independiente supondrá aislamiento y pobreza». Palabras que han provocado la reacción de todos los partidos de Catalunya, ha excepción del PP y Ciutadans. La alcaldesa Colau, ha pedido su «dimisión inmediata», porque entiende que mezcla terrorismo y el derecho a decidir, en un gesto que no es inocente ni casual». Oriol Junqueras, considera que las declaraciones de Margallo ponen en evidencia que «las estructuras de poder del Estado y los ministros han desconectado de las necesidades, los derechos y los intereses de la inmensa mayoría de Catalunya». Por último, Miquel Iceta, considera como «muy desafortunadas», porque, «cuando se habla de Catalunya y España, hay que evitar equiparar situaciones que no tienen nada que ver». Demasiado prudentes son las críticas vertidas, cuando son absolutamente inadmisibles y provocadoras. Luego se quejan de que los partidos independentistas esperan estar ante la última Diada antes de la ruptura con España.
Negando el derecho a decidir sobre el modelo territorial, se niega el derecho a decidir sobre el modelo político, social y económico, algo que inevitablemente la historia resolverá. Soy internacionalista y no defiendo fronteras ni territorios, defiendo a la gente obrera, a la clase trabajadora a la que pertenezco y a la ciudadanía soberana.
Defiendo el derecho a decidir de los pueblos y sobre la cuestión catalán también. Hay políticos, intelectuales y voceros, que pretenden demostrar que es más democrático no votar que votar, cosa que no se entiende, salvo porque no sean demócratas. También yo quiero ejercer mi derecho a decidir y avanzar hacia la República federal.
@caval100
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