Durante los dos últimos veranos he colaborado con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y con otras asociaciones en la creación de un Archivo Audiovisual de la Guerra Civil y la dictadura que formará parte de los fondos de la Universidad de California en San Diego. Las siguientes reflexiones son producto […]
Durante los dos últimos veranos he colaborado con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y con otras asociaciones en la creación de un Archivo Audiovisual de la Guerra Civil y la dictadura que formará parte de los fondos de la Universidad de California en San Diego. Las siguientes reflexiones son producto del trabajo colectivo que henos llevado a cabo entrevistando testigos de la represión franquista y militantes políticos, así como el resultado de mis propias investigaciones sobre la relación entre memoria y justicia en España y el Cono Sur. Cabe aclarar, sin embargo, que no pretendo hablar ni por estos testigos ni por las asociaciones, mis reflexiones son a título personal. No pretendo tampoco intervenir «a favor» del Juez Garzón muchas de cuyas actuaciones me parecen cuando menos cuestionables. Estas líneas son para apoyar a los familiares de las víctimas y a los militantes, frente al ruido y los malos entendidos diseminados por los medios de comunicación; son pues un intento de desmontar algunos de los argumentos esgrimidos contra el proceso de recuperación de la memoria histórica en general y contra la reciente decisión del juez Garzón en particular.
Uno de las razones más frecuentemente invocadas por los sectores más conservadores de la sociedad española, y por algunos no tan conservadores, es que los dos bandos cometieron atrocidades y, por lo tanto, es mejor no remover el pasado. Habría que sospechar de este argumento, aunque sólo fuera porque es exactamente el mismo que utilizan los represores en Argentina, en Chile y en otras sociedades post-dictatoriales; dividir responsabilidades al cincuenta por ciento sólo puede ser un modo de lavar la conciencia personal. En el caso de España, vale la pena recordar además que la agresión partió del llamado «bando nacional», los generales golpistas se sublevaron contra un gobierno legítimamente constituido y elegido democráticamente. En segundo lugar, el gobierno republicano siempre condenó los actos de violencia contra la población civil y en la medida de sus posibilidades trató de contener la violencia extrajudicial, mientras que los militares sublevados no sólo no condenaron la violencia contra sus enemigos, sino que la planificaron y la justificaron como parte de una «cruzada religiosa» que tenía como fin «purificar España». Finalmente, las víctimas del llamado «bando nacional» recibieron reconocimiento público, compensaciones económicas y el beneplácito de las autoridades franquistas para humillar a los vencidos. ¿Por qué no hay víctimas del «bando nacional» en los juzgados? Tal vez porque ya enterraron a sus muertos o porque recibieron un estanco, una cátedra universitaria o tierras del botín de guerra que se repartieron los vencedores. Para poder comparar hay que conocer la historia y las asimetrías de poder.
Por otro lado, en las discusiones sobre la decisión del Juez Garzón existe una confusión sistemática entre Guerra Civil y represión planificada o Genocidio durante y después de la guerra. Un buen porcentaje de los cadáveres sobre los que el Juez Garzón está solicitando información no son muertos en combate, no son soldados del bando republicano, aunque éstos por supuesto también merecen ser enterrados dignamente. Muchos de estos cadáveres que aparecen en fosas de Burgos, del Bierzo o de Málaga fueron asesinados vilmente en la retaguardia en la mayoría de los casos simplemente por su filiación política, porque tenían un proyecto político diferente para España, porque creían en los derechos de los trabajadores o, simplemente, por ejercer la libertad de pensamiento. Por lo tanto, hay que distinguir entre los muertos en combate y los muertos de una represión calculadamente planificada para eliminar la disidencia que además se extendió con mayor o menor intensidad hasta el final de la dictadura. El trabajo de las asociaciones y de los voluntarios ha puesto de manifiesto esta distinción mejor que ningún manual de historia y, por lo tanto, es competente que Garzón investigue si esta represión planificada constituye — yo creo que sí– un delito de lesa humanidad que como tal no puede prescribir ni ser amnistiado. Este argumento es además, el que utilizó mutatis mutandi el mismo Garzón para pedir la extradición de Pinochet. En Chile hay actualmente 3.000 desaparecidos, sólo entre Galicia y Cataluña hay más de 4.000, ¿a quién beneficia que sigamos sin contar los muertos que hay en las cunetas?
Mariano Rajoy, y con él grueso del partido popular, insiste en que todo esto sólo puede servir para reabrir viejas heridas que ya estaban cicatrizadas. Si algo nos ha enseñado el trabajo de campo, el contacto directo con las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura es justamente que las heridas nunca se cerraron, ¿cómo se pueden cerrar las heridas cuando se le niega a miles de personas el derecho al duelo, el derecho a conocer cómo murieron sus seres queridos y ha enterrarlos cómo y dónde ellos quieran? ¿Cómo se pueden cerrar las heridas cuando no se reconoce que la tortura es una agresión contra la dignidad del ser humano, cuando no hay ni siquiera una placa en la Puerta del Sol que reconozca que allí la policía de Franco torturó a miles de militantes políticos?
Demasiadas veces, de manera malintencionada se equipara la necesidad de abrir estas heridas a la luz pública con un deseo de revancha por parte de las víctimas. Ninguna de las personas con las que hemos hablado estos meses ha expresado nunca deseo de venganza. Por el contrario, la mayoría bien por miedo bien por pura generosidad se niega a nombrar a los responsables de sus sufrimientos. Las víctimas no piden venganza piden justicia y, para ello es necesario dar muchos pasos que no se han dado: entre otras cosas, hay que reconocer que lo que sucedió durante la Guerra Civil dictadura fue trágico (algo que La ley de memoria histórica sólo hace tímidamente y de manera puramente simbólica) , hay que reconocer que las ejecuciones sumarias fueron ilegales y que constituyeron crímenes contra la humanidad, hay que pedir responsabilidades legales y reparaciones económicas (Garzón puede ayudar en este extremo) y hay que preguntarse cuáles son los efectos que tiene este traumático pasado sobre nuestro presente.
Muchas personas de distintas posiciones ideológicas tal vez estén de acuerdo con lo expresado hasta aquí, pero sin embargo les parecerá que hay otros asuntos más importantes de los que ocuparse como por ejemplo la crisis económica. Semejantes argumentos prueban que antes de cerrar las heridas hay que abrir un proceso de reflexión colectivo en la sociedad española que no este sometido a una ley de punto final, a un cierre en falso. La cuestión de la memoria histórica no está desvinculada de la actual crisis económica y no sólo, porque algunas de las empresas del IBEX 35 hayan hecho su capital explotando presos políticos, sino también porque los pactos de la Moncloa, que establecieron el actual modelo económico que ningún partido quiere o puede cambiar, supusieron la coronación de un proceso de liberalización económica iniciado durante el aperturismo económico de los años sesenta. La recuperación de la memoria de la Guerra Civil y la dictadura no puede servir simplemente para construir un museo del horror, la emergencia de las memorias (la memoria comunista, anarquista, repúblicana, todas las memorias políticas reprimidas hasta ahora) debe servir para generar preguntas sobre la sociedad en la que vivimos, sólo así se podrá hacer justicia y se podrán cerrar las heridas.
En este sentido, hay que apoyar la iniciativa del Juez Garzón no como solución final, sino como un paso más en busca de la justicia. En Argentina, donde saben muy bien que una sentencia legal no es justicia (pero ayuda), el establecimiento de la existencia de 30.000 desaparecidos ha servido para que nadie pueda negar la brutalidad de la dictadura Argentina, a lo sumo la pueden justificar. En mi opinión, para las personas que hemos entrevistado estos meses sería sumamente importante que se hiciera un recuento de los desaparecidos que hay en España y que se abrieran procesos legales. Más allá de las sentencias y de las decisiones del juez Garzón estos procesos legales pueden ser un disparadero para hacernos ciertas preguntas incómodas que no nos atrevemos a hacer en voz alta. Todo ello ayudaría a que muchas personas pierdan el miedo, porque lamentablemente hay todavía muchas personas, sobre todo en los pueblos, que no se animan a hablar por miedo a las represalias y, porque todavía perciben el discurso del odio en muchos sectores de la sociedad española. Quizá muchos piensen que todo lo que digo es imposible de llevar a cabo, que el sol de San Diego me ha calentado demasiado la cabeza, pero en este año que conmemoramos el aniversario del 68 hay que hacer nuestra una de sus consignas más conocidas: «seamos realistas, pidamos lo imposible».
Luis Martín Cabrera. Profesor Asistente de la Universidad de California, San Diego. Coordinador del Archivo Audivisual de la Guerra Civil y la dictadura franquista.