Estamos en un momento histórico en el que la sociedad española ha superado la actual Constitución Española vaciada de contenido por el mismo poder económico y político que la propició. Pero, también, la actual Constitución Española fue producto de luchas por los derechos civiles y políticos durante la dictadura franquista, sobretodo. Sobre, incluso, de los […]
Estamos en un momento histórico en el que la sociedad española ha superado la actual Constitución Española vaciada de contenido por el mismo poder económico y político que la propició.
Pero, también, la actual Constitución Española fue producto de luchas por los derechos civiles y políticos durante la dictadura franquista, sobretodo. Sobre, incluso, de los derechos sociales porque, en su momento, era más importante luchar por la libertad de conciencia (pensar, expresarse y actuar conforme a tus convicciones), la igualdad y la participación política (configurada desde el plano de la democracia representativa). En su momento, era lógico que estuvieran en un primer plano, aunque pudiera llevar al cinismo, porque si no puedes ni siquiera pensar y expresarte, ¿cómo puedes pedir educación y sanidad?
Por ello, los derechos sociales, cuales, entre otros, son la sanidad, las ayudas a la dependencia, la vivienda, las jubilaciones… no se configuraron como derechos subjetivos, es decir, como directamente exigibles ante los tribunales. Por ejemplo, ahora mismo, tú puedes ir ante un tribunal para pedir reparo por vulnerarse tu libertad de expresión, pero no puedes pedir la satisfacción de tu derecho a un vivienda digna. En cambio, fueron configurados como «principios rectores de la política social y económica», cuya función es informar a los jueces y legisladores en sus actuaciones, más no determinarlas, conforme al art. 53.3 CE. Esta configuración está muy lejos del Derecho Internacional que los sitúa en el mismo nivel que los derechos de libertad.
Todo esto nos indica la distinta eficacia normativa que despliega la constitución sobre las dos categorías señaladas, a excepción del derecho a la educación que sí es derecho fundamental al igual que la libertad de circulación. Sin embargo, las constantes restricciones a este derecho hacen pensar que, dado su carácter prestacional, a este tipo de derechos se les debe otorgar una protección diferente a la protección efectuada a los derechos de libertad.
Sin embargo, ahora, estamos en un momento histórico marcado fundamentalmente por la lucha por los derechos sociales, cuya máxima expresión ha sido la lucha por una vivienda digna. La tensión social incrementó, desde el año 2008, básicamente, por la lucha por esta categoría de derechos. Como ejemplos tenemos, entre otros, a las mareas, las marchas por la dignidad y, sobretodo, la PAH. El comienzo de la crisis económica intensificó su lucha porque, por un lado, la crisis fue utilizada para la configuración de un cambio de un nuevo modelo en la relación capital – trabajo: en España se está intensificando, aún más que en los años ´80, una economía cuyos productos tiene un escaso valor añadido con la correspondiente disminución salarial; por otro lado, a esta disminución de salarios se suman los recortes en derechos sociales, que complementaban su remuneración. Sólo por este cambio de época se explica la masiva salida de gente a la calle, aunque no tan grande como en otros países, por ejemplo, Grecia. No obstante, no hay que soslayar que debido a tales protestas el poder económico, a través del poder político, intensificó, en sobremanera, la restricción de los derechos de libertad. Póngase, por ejemplo, la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del CP y la política antiterrorista.
Por tanto, estamos en un proceso deconstituyente que, por un lado, ha eliminado el débil Estado social que teníamos, gracias, sobre todo, a la reforma del artículo 135 CE y, por otro lado, también ha vaciado de contenido el Estado Democrático con las leyes que citadas en el párrafo anterior y demás, que nos devuelven a un Estado policial, cuya única función es velar por el orden y la protección de la propiedad privada, un Estado del s. XIX. En conclusión, el poder político y económico actual ha socavado el art. 1.1 CE que proclama a España como un «Estado Social y Democrático de Derecho».
Ahora bien, después de estas nuevas elecciones el panorama político ha cambiado. Podemos dice que se inicia una nueva transición y la mayoría de partidos políticos hablan de cambio. Entonces, ante esta situación caben dos soluciones: o bien reforma de la CE, o bien Revolución. Hacia la segunda opción está bien claro que, ahora mismo, no se puede llegar porque falta el elemento subjetivo, elemento fundamental para lograr una Revolución: la conciencia de clase. Por otro lado, está la reforma CE que podrá ser parcial o cosmética que sólo toque algunos artículos de la Constitución que se puedan reformar por medio del artículo 167 CE y consista en la elaboración de algunas leyes que incidan en la ciudadanía y, consecuentemente, rebajen el descontento social; o bien una reforma estructural conducida por el art. 168 CE que cambie la configuración de los Derechos fundamentales, la organización territorial del Estado, la configuración de los poderes del Estado y, consecuentemente, su jefatura. La reforma parcial no contrae ningún cambio político, ni mucho menos económico, puesto que mantiene la misma organización del poder y su relación con los ciudadanos/as y, como mucho, aplicará algunas correcciones al poder económico. La reforma estructural, en cambio, da una vuelta a la actual Constitución, reorganiza el poder político y, conforme a la co-relación de fuerzas que haya lo cambia en gran parte (cítese, como ejemplo, a Venezuela que a los tres poderes tradicionales (legislativo, ejecutivo y judicial) de una democracia liberal se le suman el poder electoral y el poder ciudadano); y respecto al poder económico logra un equilibrio a favor del poder político porque la ciudadanía tendría mayores mecanismos para su control, aunque muy someramente, puesto que sigue existiendo capitalismo.
Ahora Podemos tiene una responsabilidad histórica de bien optar por la reforma parcial, o bien adoptar la reforma estructural. De lo contrario, pasará la historia, si es que pasa, como un partido circunstancial y oportunista que dividió a la izquierda y legítimo la explotación de la clase trabajadora. Mientras tanto, el pueblo seguirá luchando en las calles por la anhelada, ahora, libertad formal como por la libertad material.
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