El proyecto social socialista cubano ha tenido como centralidad los derechos sociales. En la historia nacional no existió una relación más directa entre desarrollo económico y estos derechos que la lograda en los primeros 30 años de la Revolución. A partir de las reformas de los años 90 esta relación entró en tensión, no porque […]
El proyecto social socialista cubano ha tenido como centralidad los derechos sociales. En la historia nacional no existió una relación más directa entre desarrollo económico y estos derechos que la lograda en los primeros 30 años de la Revolución. A partir de las reformas de los años 90 esta relación entró en tensión, no porque perdiera centralidad en el discurso oficial, sino por los resultados que tales reformas generaban.
En el período de reformas en curso, conocimos como «actualización» del modelo económico y social, continúa planteado como problema la relación entre reformas y derechos humanos, más específicamente el componente social de estos. Las preocupaciones sobre este tema se pueden rastrear en discursos políticos, académicos y en el sentido común. Es decir, en propuestas programáticas, en estadísticas y en anécdotas.
Frente a este asunto, parto de comprender que «reforma económica» no tiene un significado unívoco. En realidad como base, tampoco «la economía» lo tiene. Por tanto, es bueno aclarar desde qué nociones de economía se parte y con qué potencialidades cuentan para sustentar el acceso universal a esa parte de los derechos humanos que son las artes, la salud, la educación y el trabajo dignos.
Las estructuras, dinámicas y relaciones económicas en Cuba viven un claro proceso de cambio, con independencia del carácter que estos tengan. Supongamos que si este proceso fuera más «rápido, amplio e integral», idea defendida por mucho/as, habrá mayor producción, excedentes, acumulación y gastos para responder en positivo al mantenimiento (y mejora) del acceso universal a esos derechos. Todo lo cual es necesario, pero no suficiente.
Por eso habría que preguntar también: ¿desde qué lugar social se distribuye la riqueza producida?, ¿esta distribución se asume como mercancía o como derecho?, ¿qué grupos sociales y en qué proporción participan de la generación, gestión y apropiación de la riqueza?
Estas preguntas develan como enfoque, una vez más, la relación entre economía y democracia, el cual está prácticamente ausente en los análisis sobre las reformas en curso. Enfoque imprescindible para abordar la relación entre reforma y acceso universal a los derechos sociales.
Otra arista del mismo análisis sería la relación entre economía y desarrollo. Si este fuera entendido como crecimiento económico, a toda costa y todo costo; concentración de las riquezas en sectores y grupos más «competitivos» frente a la exclusión de otros, adecuación a las exigencias de instituciones que consagran al «mercado mundial», donde las variables eficiencia y eficacia omiten las relaciones sociales desde las que se generan; entonces el acceso universal al arte, la salud, la educación y el trabajo dignos tendrán un destino incierto. Noción de economía y desarrollo en la que la democracia tendría poco que aportar.
Si por el contrario, el desarrollo se asume en su acepción potenciadora de la creatividad, las capacidades y la vida digna del ser humano, en tanto individuo y comunidad, y su contenido integral refiriera a la centralidad humana como condición del mercado y no a la inversa; si el alcance del desarrollo se verificara en la vida cotidiana de todos y todas, no en el bienestar de unos pocos; entonces el acceso universal a los derechos humanos tendría un curso más prometedor. Desde esta perspectiva, la relación economía, desarrollo humano y democracia serían contenidos de la integralidad demandable al proceso de reforma.
Para un proyecto de justicia social como el cubano, entiéndase acceso universal a los derechos sociales, es condición una reforma económica integral favorable a la inclusión y la distribución, no a la exclusión y la concentración. Reformas a favor de la vida humana y natural, y contrarias a los procesos de mercantilización de todas las relaciones sociales y con la naturaleza.
Para encaminar esta visión se debe definir como estratégico el proceso de democratización económica, al tiempo que potenciarlo, no solo al interior de las unidades productivas (sobre todo estatales, cooperativas, asociativas, familiares y comunitarias), sino en los espacios públicos donde se definan las políticas económicas, a nivel comunitario, municipal, provincial y nacional.
Más concretamente, por ejemplo:
– potenciar experiencias de presupuestos participativos y comercio justo facilitadas por los gobiernos locales, que partan del nivel barrial;
– alcanzar una participación descentralizada en la definición y control de las inversiones de capital extranjero;
– potenciar el control democrático dentro de las empresas que encamine la responsabilidad social de estas;
– mejorar las condiciones para conectar las experiencias locales con la cooperación internacional;
– ensayar propuestas de economía social y solidaria en pequeñas y medianas empresas locales y sectoriales;
– potenciar formas de propiedad y gestión comunitarias autónomas para la producción de bienes y servicios, que incluyan salud comunitaria, alternativas educativas, cooperativas de consumo y de vivienda, y facilitar el acceso a créditos con intereses mínimos.
No es posible que estos procesos, presentes en Cuba en diferentes niveles de desarrollo, progresen por generación espontánea. Es imprescindible su estímulo, acompañamiento y priorización desde las políticas estatales, las que también implicarían procesos democratizadores en la definición de estas y una creciente transparencia en la información económica.
Este pudiera ser un camino más seguro de reformas económicas para lograr la sostenibilidad del acceso universal a las artes, la salud, la educación y el trabajo dignos. Si el control sobre los derechos no es creciente y permanente, en cualquier momento estos pueden quedar relegados por necesidades «económicas». Ha de apostarse, entonces, por la acumulación de una cultura económica emancipadora donde no se asuman los derechos sociales ni como costo de producción, ni como gasto burocrático.