Tomo pie en el excelente artículo de Oriol Güell, sobre el Hospital de Sant Pau de Barcelona, en el global-imperial. No creo que haya muchas otras aproximaciones que muestren, con mayor claridad, las coordenadas político-económicas del régimen -digo bien: régimen- económico, político y cultural que ha gobernado este país (Catalunya of course!) de intocables y […]
Tomo pie en el excelente artículo de Oriol Güell, sobre el Hospital de Sant Pau de Barcelona, en el global-imperial. No creo que haya muchas otras aproximaciones que muestren, con mayor claridad, las coordenadas político-económicas del régimen -digo bien: régimen- económico, político y cultural que ha gobernado este país (Catalunya of course!) de intocables y honorables en estos últimos treinta años. En síntesis, un dominio casi absoluto de las clases dominantes y sus serviles prolongaciones políticas que han hecho y obrado a su antojo, legal o ilegalmente, usurpando todos los bienes comunes que han podido a través de diversas estrategias, cubiertos de ropajes modernizadores y de supuestas diferencias, esenciales y de estilo, con la derecha rancio conservadora estatal. Ni que decir tiene, innecesario es señalarlo, que el papel de la Iglesia católica catalana, de larguísima tradición y destacado poder, ha sido esencial en todo el entramado de acumulación, control social, corrupción y desfalco. Un partido confesional cristiano, innecesario es recordarlo, ha gobernado casi ininterrumpidamente Catalunya a lo largo de estas décadas. Algo sí como la Democracia Cristiana italiana pero en versión del país.
Los hechos a los que quiero referirme. El hospital de Sant Pau, uno de los grandes hospitales de acceso público de Catalunya (con una arista privatizadora cada día más extendida), recibió del último Gobierno (1999-2003) del molt intocable Jordi Pujol, uno de los grandes símbolos de Catalunya según reflexión reciente del gran rei privatizador Artur Mas, «la mayor donación de sus seis siglos de historia». ¿Qué donación? Tomen tila, están a tiempo: «la propiedad del edificio del nuevo hospital, construido a partir de 2001 e inaugurado en julio de 2009».
El gobierno de la Generalitat del ex presidente de Banca Catalana, padre amantísimo del imputado Oriol Pujol y del gran emprendedor Jordi Pujol Jr, tomó esta decisión a pesar de «que el inmueble iba a ser enteramente financiado con fondos públicos…» y que iba a quedar en manos de una fundación. ¿Y quién controlaba y controla esa fundación? Tal como se han imaginado. La muy poderosa Iglesia católica, apostólica, catalana y romana, gestiona el patrimonio de la institución. ¿De qué cantidad hablamos? La construcción, señala Oriol Güell, tuvo un coste de 293 millones de euros, pero son casi 500 millones si se tienen en cuenta, como hay que tener en cuenta, los gastos financieros totales hasta 2032.
De hecho, aunque parezca increíble, prosigue OG, la mil millonaria/2 aportación del Gobierno del gran dirigent convergent Pujol se justificó como su pago para entrar, con presencia y peso minoritario, en MIA. ¿MIA, qué es MIA? La Muy Ilustre Administración -¡como han leído, así de ocurrentes!- «la histórica institución que desde 1401 lleva el hospital y que estaba hasta entonces formada por el Capítulo Catedralicio y el Ayuntamiento de Barcelona». Ahora, la Santísima MIA tiene tres componentes, como el misterio de la Santísima Trinidad que tanto preocupó a Newton, y un brazo dirigente y gestor. La Iglesia por supuesto.
La fundación que se quedó con el edificio es conocida en el hospital como la «privada» o la «patrimonial». La fundación «atesora una gran cartera inmobiliaria de un millar de edificios, solares, fincas rústicas y naves industriales recibidos a lo largo del tiempo en forma de donativos y herencias para que el hospital siguiera con su labor asistencial». ¿Cómo surgió? La patrimonial fue creada en 1991 con un modelo que separó la asistencia médica -en manos de otra fundación, creada ese mismo año, conocida como de «gestión»- de los activos inmobiliarios. Sant Pau sumó en 1992, recuerda OG, «una tercera fundación, dedicada a la investigación». Tres eran tres, las hijas y fundaciones catedralicias [2].
La ciudadanía, en todo caso, no está dispuesta a aceptar lo que no debe ser aceptado. Un grupo de trabajadores y dos sindicatos -lamento desconocer los nombres- han denunciado a los responsables de Sant Pau. ¿Por qué? Porque las rentas que ingresa la patrimonial, unos 10 millones de euros, por las fincas urbanas «no revierten en el fin por el que fueron donados, que es la atención a los enfermos del hospital». Se quedan en la propia fundación que actúa como una inmobiliaria potente. La pela es la pela y el diseño de la separación es el diseño de la separación.
«En la práctica», ha señalado la radióloga Carme Pérez, una de las trabajadoras denunciantes, «todo esto solo ha servido para que la fundación de gestión, es decir lo que en esencia es el hospital, no deje de generar déficits que va asumiendo la Generalitat, o sea, todos los ciudadanos. Mientras, el patrimonio sigue en manos de la fundación privada, y sus rentas no revierten sobre el hospital, sino que se quedan en la propia fundación. Esto ha quedado en evidencia con los recortes…» Resultado de la brillante operación emprendedora: mientras la parte patrimonial de la fundación «ingresa millones de euros al año, el hospital ha sido intervenido por la Generalitat, ha tenido que cerrar camas, alargar sus listas de espera y recortar las condiciones laborales de sus trabajadores». ¿Exageramos si llamamos a toda esta infamia usurpación privada de lo público?
La denuncia presentada pone de manifiesto casos como el de M.M.P., una persona fallecida en 1998 que testó su herencia para que sus bienes fueran «destinados al pabellón de Cardiología». Hay muchos ciudadanos más que han obrado en este sentido por agradecimiento. Carme Pérez explica que «el hospital aceptó la herencia, pero los bienes quedaron como siempre en poder de la fundación privada sin que fueran destinados al fin establecido». Parece, como señala la denunciante, «un fraude evidente». No era esa la intención de la donante como es evidente.
Hay más. El actual presidente del hospital, don Xavier Pomés, probablemente miembro de alguna de esas 400 familias de la que nos habló don Millet, el ex del Palau, como dirigentes con mando en plaza en el pais, ha concedido algunas entrevistas en las que ha repetido el mantra de estos dos últimos años. Lo recuerda OG: el hospital, Sant Pau se halla en una «situación muy delicada» que pone en «riesgo» su futuro.
¿A qué atribuye esta situación el presidente del Sant Pau? A dos hechos: a la «insuficiente financiación» que el hospital recibe de la Generalitat y, tomemos nota, a las denuncias presentadas por los trabajadores y sindicatos «que están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona y que han destapado un cúmulo de pagos y adjudicaciones irregulares que han llevado al juez a imputar a buena parte de los gestores del hospital en la última década». Y esto, denunciar lo que debe ser denunciada, no es bueno, eso no está bien. Los trapos sucios se lavan en casa y por la noche.
Por cierto, ¿de dónde ha salido este presidente del Sant Pau? ¿Cuál es su currículum? El círculo se cierra: entre 2002 y 2003 fue consejero de Salud, el Boi Ruiz de aquellos años, en el Gobierno del molt honorable, el mismo gobierno que entregó el edificio a la institución. Era uno de los suyos.
OG señala también que, pese a las quejas de Xavier Pomés sobre la financiación, «Sant Pau ha sido uno de los centros sanitarios catalanes que más recursos ha recibido… Además de la financiación del nuevo hospital y del pago anual por sus servicios a la sanidad pública -309,6 millones en 2011-, también recibió en 2007 de forma extraordinaria un crédito de 257 millones de euros del Departamento de Salud para cubrir el déficit generado desde 1991», el año de la división del Sant Pau en varias fundaciones. Pese a poner el contador a cero tras esa ayuda extraordinaria, Sant Pau siguió generando nuevos déficits, «lo que llevó a la Generalitat a intervenir el centro hace un año por un agujero superior a los 18 millones de euros».
Los trabajadores y sindicatos que han presentado la denuncia responsabilizan a la división entre patrimonio y gestión del origen de estos déficits. ¿Por qué? Acusan a la patrimonial «de acumular rentas mientras el hospital se ve obligado a acometer duros recortes en sus servicios y en las condiciones laborales de sus trabajadores». Lo que señalaba Carme Pérez.
En los vértices y diseño de este entramado usurpador están las claves del régimen político que ha gobernado y gobierna en Catalunya con la ceguera de muchos grupos sociales nacionalistas que, cuando saben y conocen, tienden a disculpar casi todo -no digo siempre- por el bien supremo del país. Catalunya über alles!.
Sinceramente: ¡que les den! ¿No lo dijo en estos términos la diputada Fabra tan amiga de ellos en numerosas ocasiones, votaciones y posiciones politicas de fondo?
PS: En junio de 2010, Sant Pau tenía 972 propiedades urbanas (504 viviendas, 287 plazas de garaje, 136 locales comerciales y 45 despachos), 22 naves industriales, 10 fincas rústicas y cuatro solares. «De todas las propiedades, 523 están en Barcelona, 369 en Reus, 42 en Santa Coloma de Gramenet y 38 en otras localidades. En 43 casos, el hospital es dueño del edificio entero, mientras en otras 33 fincas es solo dueño de una parte del inmueble. En otros cuatro casos, las donaciones y herencias recibidas por Sant Pau han sido compartidas con otras instituciones como la Diputación de Barcelona, la orden religiosa de Sant Juan de Dios y el hospital de Manresa» [4]. El hospital tiene 504 pisos y casi dos millones de metros cuadrados de fincas rústicas. «La imagen que ofrecen los documentos internos de la fundación privada de Sant Pau es de una solvencia económica envidiable. Cada mes ingresa por sus fincas urbanas (fincas rústicas, naves y solares no incluidos) más de 400.000 euros». La institución contaba en agosto de 2010 «con 32,8 millones de euros en su «cartera de inversiones y tesorería». De ellos. 23,5 millones corresponden a una imposición a corto plazo al 2,23%. Para Carme Pérez, «con todas estas cifras es al menos chocante que Sant Pau haya cerrado camas, esté alargando las listas de espera hasta lo insufrible y haya recortado el salario de su plantilla». Cuanto menos es chocante, aunque hay expresiones más claras.
Notas:
[1] http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/21/catalunya/1366575462_257077.html
[2] El actual gobierno de la Generalitat, siguiendo la misma ruta de usurpación de lo público, pretende implantar la separación entre patrimonio y gestión a otros hospitales. El Clínic es el ejemplo más conocido.
[3] http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/20/catalunya/1366480627_782466.html
[4] La mayor finca consta en la contabilidad interna de Sant Pau con el nombre de Casa Escudé-Subirats. En Vilafranca del Penedès. Tiene 58,5 hectáreas de extensión. Otra finca importante está en Barcelona: Can Masdeu, 52,4 Ha, mientras el resto están en Martorelles -dos fincas por un total de 50,2 Ha-, El Prat de Llobregat -Cal Roc, 21,5 Ha- La Garriga -Torre Samalús, 4,3 Ha- y otras propiedades más pequeñas en Blanes y El Prat. El valor contable de todas las propiedades del hospital, según sus documentos internos, asciende a 232,8 millones de euros -184,3 por sus fincas urbanas, 33,4 por las rústicas, 9,1 por los solares y 6,1 por las naves industriales. Un informe reciente de la Sindicatura de Cuentas alerta de que el valor real podría ser mucho mayor porque muchos de estos bienes están valorados por «el valor catastral o por valoraciones realizadas en el momento de su recepción», no por el actual que es netamente distinto.
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; director Jordi Mir Garcia)
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