La recomposición del escenario político en España se está produciendo a una velocidad muy superior a la que nadie había previsto. A estas alturas ya nadie niega la crisis del régimen del 78, tan evidente que hasta sus defensores de hace unos meses [1] ahora claman por su sustitución lo más decorosa posible. El régimen […]
La recomposición del escenario político en España se está produciendo a una velocidad muy superior a la que nadie había previsto. A estas alturas ya nadie niega la crisis del régimen del 78, tan evidente que hasta sus defensores de hace unos meses [1] ahora claman por su sustitución lo más decorosa posible. El régimen está mutando en otra cosa de la que aún no se advierten con nitidez sus rasgos esenciales que permitieran su categorización.
Por lo demás, ninguno de los actores políticos principales parece disponer de una perspectiva clara hacia la que orientar las transformaciones de las instituciones vigentes. El PP, a juzgar por las política efectivas que ha desplegado a lo largo de la legislatura, parece orientado por un proceso histórico de vaciamiento efectivo de las instituciones constitucionales y su sustitución por una modalidad de gobernanza oligárquico/clientelar. Su pérdida de la mayoría absoluta y su eventual salida del gobierno no significan la desaparición de esta alternativa de régimen político. A favor de su mantenimiento operan algunos factores que merecen ser tomados en consideración
El primero de ellos es la evidente inadecuación de las instituciones del régimen a la actual fase ó etapa histórica. Pensadas como factores de creación y desarrollo de un modelo socioeconómico basado en la concertación social y el desarrollo de una economía basada en la explotación de sus elementos diferenciales de competitividad en el marco de la división del trabajo de unas comunidades europeas entonces en fase expansiva, estas instituciones resisten con dificultades los envites de un modelo en el que ha desaparecido, por innecesaria para el capital, la concertación social, en el que no hay contraprestaciones a recibir por la mejora de la productividad del trabajo (por lo demás en claro retroceso por la fuga de capitales de la empresa de innovación y desarrollo tecnológico), en el que la restricciones de las políticas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera asfixian los derechos y las prestaciones sociales
De la mano de esa inadecuación institucional viene la pérdida de funcionalidad de sus actores y, por ende, su incapacidad para oponerse a la deriva oligárquica/clientelar del régimen. Actores que fueron decisivos en la institucionalidad del 78 y en la conformación de una lealtad de masas al régimen, como UGT y CCOO, hoy se encuentran prácticamente desactivados y estudiando la forma de encajarse en el nuevo régimen. Esta pérdida de funcionalidad en el caso de los sindicatos traduce, además, un fenómeno de mayor calado, la desaparición efectiva del antiguo movimiento obrero
Los dos actores políticos de vocación gubernamental [2], el PSOE y Cs, cada uno por razones distintas, han asumido la mutación en curso del régimen y carecen de proyecto alternativo alguno (en el sentido que fuera) para revertirla. El PSOE, que abrió la posibilidad histórica a este cambio de régimen con su reforma del art 135º, no ha hecho análisis autocrítico de ese episodio y la regeneración generacional de su personal político se muestra insuficiente para identificar la naturaleza de las tareas políticas que se derivarían de esa autocrítica, amén de una más que dudosa capacidad política para abordarla.
Cs es el que más explícitamente defiende las instituciones del régimen (aún criticando su deriva sobre todo en el desarrollo autonómico) no ha hecho la menor toma de posición en relación con las políticas austeritarias y sus efectos en la prolongación del estancamiento económico y el incremento de las desigualdades. Ha hecho de la corrupción el centro de su discurso y de la reivindicación de un centro político desde el que ignorar los granes problemas que aquejan a la sociedad española
Serían los sindicatos los actores llamados a dar la voz de alarma contra la destrucción del régimen del 78 y sus instituciones si, con ocasión del batacazo del PSOE y las inequívocas señales de políticas antisociales y antidemocráticas del PP hubieran tomado a su cargo la llamada a una defensa del «alma democrática y social» del 78.
Es verdad que ya a estas alturas, los fundamentos materiales del régimen estaban seriamente minados, especialmente por lo que se refiere a sus instituciones para la concertación y el diálogo social en una relación dialéctica con el propio debilitamiento del movimiento obrero, muy afectado a su vez por las oleadas de desindustrialización y reconversión productiva vividas desde los primeros ochenta que cambiaron radicalmente la estructura de clases y las dinámicas del conflicto social.
Pero mutaciones de esta envergadura nunca son el resultado mecánico de cambios en la «infraestructura social», resultan asimismo decisivas (en una proporción que no se puede determinar por anticipado, que siempre es variable) de la acción de los propios actores sociales y políticos. En el declinar de un régimen político, los actores protagonistas del mismo no carecen de posibilidad de acción con efectos pertinentes; la experiencia del actuar de los actores del régimen franquista en su transición al del 78 es la mejor prueba de ello
Los sindicatos tenían esta posibilidad, máxime ante el vacío de representatividad derivado del batacazo histórico del PSOE que abría posibilidades de asunción de la misma incluso a través de soluciones neolaboristas. Lejos de ello y ante la ocasión de asumir este protagonismo con ocasión de la HG del 2012, en pleno apogeo del 15M y las mareas con los que hubieran podido alcanzar con relativa facilidad acuerdos de entendimiento con pleno respeto a la autonomía recíproca, se mostraron displicentes, intentando oponerles incluso fantasmales plataformas burocráticamente montadas que solo aportaban confusión y desmovilización a los sectores más débiles de los movimientos sociales y ciudadanos.
Había entonces relativas posibilidades de reconducir los movimientos en una clave ciudadanista que hubiera servido de apoyo y legitimación a dinámicas de movilización social impulsadas por los sindicatos. Dichas dinámicas hubieran subsumido a la fuerza, incluso a los que ya postulábamos la necesidad de un proceso constituyente que no hubiéramos tenido otro remedio que agruparnos en la defensa de este alma democrática y social constitucional.
Pero el tiempo juega y mucho en política. Las condiciones de mantenimiento real de las instituciones del régimen- y las relaciones sociales de fuerza que las sustentan-son cada vez menos posibles y eso explica que tanto los viejos actores (PSOE) como los nuevos (Cs) acepten los términos de la mutación ya recorrido por el gobierno del PP. Todo equilibrio de fuerzas en lo sucesivo solo podrá establecerse en el terreno de la regresión operada en estos años [3]. Incluso la opción por la reforma constitucional lanzada por el PSOE en tiempos de Rubalcaba para «sacar la cabeza» del agujero en que se sumió en noviembre del 2011, se plantea hoy en términos de reajuste por el problema de Catalunya, sin que eso permita pensar en la recuperación del terreno perdido en los campos social y democrático
Así que la mutación y degradación del régimen del 78 no tiene alternativa inmediata y su deriva parece que solo puede orientarse por el rumbo de la oligarquización y desdemocratización de sus instituciones.
Desdemocratización de la democracia liberal, por supuesto, la única que hoy presenta ciertos rasgos de generalidad que permiten su visualización.
La otra, la llamemos como la llamemos (directa, participativa, absoluta, etc.) está lejos de aparecer con suficiente extensión y duración como para ser reconocida por la mayoría de la población, especialmente la que debe dedicar lo mejor de sus esfuerzos a la tarea de sobrevivir. Vive en el seno de las experiencias de abandono de la lógica de la mercancía y el trabajo asalariado y, sobre todo, en la propia experiencia de las luchas sociales contra estas lógicas dominantes. Su extensión y consolidación haciendo parte del tejido social, encarnándose en la vida social cotidiana es una condición de existencia para el proceso constituyente que postulamos.
Su compatibilidad con los procesos electorales para el acceso a las instituciones estatales no será una tarea fácil porque es más que probable que sus imperativos puedan resultar contradictorios entre sí. Las experiencias de los gobiernos progresistas latinoamericanos, muy diversa entre sí, evidencia las dificultades para conciliar ambos procesos
Y, sin embargo, el éxito de cualquier proceso constituyente, en las coordenadas espacio temporales del Estado español, seguramente precisará de la cobertura de sus instituciones, convenientemente modificadas, para estimular el desarrollo de aquellas otras que deben ser desarrolladas en el seno de la sociedad civil para hacer posible la consolidación de la democracia.
Estos dos procesos constituyen la trama efectiva del proceso constituyente, el primero es su contenido material pero el segundo es su indispensable cobertura y aún la forma que inevitablemente adoptará. Los protagonistas de ambos procesos deberían ser los movimientos sociales que queden tras la emergencia de PODEMOS y el propio PODEMOS. Dejaremos para un comentario posterior lo que concierne a los primeros para concentrarnos en el segundo, en vísperas de su comparecencia en las elecciones generales de diciembre.
La recomposición de la escena política con la que abríamos estos comentarios no ha dejado de afectar, y muy sustancialmente, a PODEMOS. Amortizado el efecto sorpresa de su irrupción en las elecciones europeas de mayo del 2014 y habiendo debido comparecer en tres elecciones sucesivas, su discurso ha perdido gran parte de su potencia impugnatoria y parece haberse acomodado en el terreno homologable de la corrección al que le empuja su vocación de partido atrapa-lo-todo. Tal ubicación le aleja y en cierto modo le incapacita para desempeñar el rol del partido de la ruptura democrática para la que al parecer había nacido.
La aceleración impresa por los partidos ganadores de las elecciones del 27S en Cataluña al proceso independentista ha generado, a su vez, un movimiento de repliegue en los partidos del régimen, aliados con el partido de la nueva derecha española, que es el que, además, está marcando la dirección y la perspectiva con su Pacto por España en lo que a todas luces parece un acelerado proceso de sustitución en la representación de las clases dominantes como en su día fuera al sustitución de la UCD por la Alianza Popular de Fraga, luego reconvertida en el actual Partido Popular.
La posición del PSOE en este frente antisecesionista no puede ser más incómoda; contradice la difícil posición de sus socios del PSC, firmes en su posición de defender la posibilidad de que la sociedad catalana sea consultada sobre la fórmula de relación con el Estado español (lo que se parece bastante al reconocimiento del derecho a decidir que hace PODEMOS) y se queda en una posición inevitablemente subalterna respecto a los dos partidos de la derecha que rechazan la tímida reforma constitucional propuesta por el PSOE
En estas condiciones, los dirigentes de PODEMOS parecen no advertir que no tienen sitio en ninguna de las fórmulas de gobernabilidad que pueden salir de las elecciones del 20D. Tal vez la hubieran tenido si, con ocasión de las elecciones del 27S y sin que ello supusiera el abandono d ela perspectiva constituyente, hubieran explorado la vía de la reforma constitucional, a condición de que lo hubieran hecho sumando a la propuesta de encaje de Catalunya, una audaz reforma constitucional en el terreno de los derechos y la democracia social. Eso habría permitido empujar al PSOE más lejos de lo que le autoriza Felipe González en el camino de la reforma constitucional.
Es verdad que ni PODEMOS ni su dirección han incorporado con seriedad el debate constitucional; aunque en eso no se distinguen de otros partidos, el supuesto mayor alcance de sus propuestas les obliga a una mayor y mejor asunción de las mismas por sus militantes y por una parte sustancial de su electorado. Hacer comprender la relevancia del cambio constitucional, que este no es una manía de académicos y políticos «con ganas de enredar», que las soluciones en el actual marco están lastradas por los propósitos antisociales y antidemocráticos que lo inspiran, es esencial para PODEMOS
Hoy ya no hay defensa alguna de los derechos de los de abajo en el marco vacío de un contrato social abandonado por uno de sus socios firmantes. Otro contrato social debe ser pensado y elaborado en el devenir real, material de las relaciones sociales en nuestro país. Ese es el debate de fondo que PP, PSOE y Cs pretenden evitar cuando no asfixiar y este es el que PODEMOS está obligado a promover sino quiere caer en la irrelevancia y acompañar tristemente a los partidos del régimen en un debate insulso destinado a considerar las posibilidades y conveniencias relativas para formar gobierno en el marco de un régimen político muy modificado a la baja respecto lo que eran sus fundamentos básicos de 1978
Incluso si la dirección de PODEMOS albergara la intención de postular su candidatura a formar parte de un hipotético gobierno con el PSOE, debe ser consciente que sus posibilidades aumentarán en la medida que sea capaz de introducir en la agenda alguna modalidad de debate constitucional no limitado al retoque del Título VIII de la Constitución
Es verdad también que queda muy poco tiempo para las elecciones y que PODEMOS no está precisamente en su mejor momento para introducir un tema de este calado en la agenda política; un encuentro de reflexión y debate abierto a sectores que por su cuenta y de forma aislada están participando de las mismas preocupaciones hubiera sido una ayuda muy conveniente para lograrlo.
Si, como parece más probable, no es posible abordar esta tarea, PODEMOS no tendrá más remedio que aplastarse contra el suelo y preparar una legislatura en condiciones aparentemente bien distintas de las que planteaban sus discursos hace unos meses. Ello naturalmente va a influir en su conformación como partido en los próximos tiempos; la hipótesis formulada por Pablo Iglesias que ha operado como hoja de ruta de PODEMOS en estos meses-que la crisis del régimen del 78 unida a la crisis económica del 2008 abría una ventana de oportunidad que había que aprovechar, antes de que se produjeses la recuperación de la segunda, para llegar al Gobierno y desde ahí configurar una alternativa de régimen político- ha ido perdiendo posibilidades de verificación con el transcurso del tiempo.
Será preciso, en consecuencia, revisar esa hipótesis fundacional para adaptar a PODEMOS a unas circunstancias bien distintas de las imaginadas. Esa debiera ser la tarea de un congreso que no podría ser sustituido por un acto de relieve fundamentalmente mediático. La envergadura y complejidad de las tareas que se le presentan a un partido que realmente quiera transitar el cambio a una democracia real requieren un esfuerzo profundo de análisis con la aportación de todas las experiencias y culturas rebeldes, de todo el conocimiento acumulado en décadas de luchas.
El régimen del 78 muta, se cierra sobre una versión muy estrecha y castiza de España que deja fuera una parte imprescindible de su realidad actual y tal vez su principal activo, su diversidad cultural. Eso solo puede alimentar un resentimiento en Cataluña y en otros pueblos y naciones que, sin posibilidad de cauces institucionales para expresarlo, podrían dar lugar a fenómenos regresivos de alcances insospechados.
Democracia es, antes que nada, la posibilidad de autoinstituir el destino colectivo, empezando por la decisión de formar ó no parte de ámbitos de convivencia más amplios ó de compartirlos. Se trata de un principio tan esencial que no ha sido recogido como tal en las Constituciones clásicas pero, hay que reiterarlo, constituye la esencia de la democracia. La casa que compartimos es un hogar si lo hacemos por nuestra voluntad y una cárcel si nos vemos obligados a ello. Defender la visión de España como hogar de los pueblos, postular una fórmula de integración que respetando las singularidades de cada uno, haga posible la reanudación de una historia común. No hay otra forma de pensar España desde la democracia, la tolerancia y el respeto a la diversidad.
Todas las fuerzas políticas, organizaciones sindicales y patronales, agrupaciones ciudadanas diversas, etc debieran participar en una iniciativa de diálogo para definir una senda histórica, un proyecto de convivencia sobre el que levantar un ordenamiento jurídico político renovado y adecuado a las necesidades y las asp¡raciones de las sociedades de nuestro tiempo. Es ese el único espacio en el que pueden ser abordados los problemas de convivencia entre las personas y los pueblos. No es posible concebir y aplicar soluciones que pasen por asfixiar las aspiraciones de una parte de la sociedad catalana a tener mayor protagonismo en la gestión de sus asuntos públicos, es incompatible con los principios de la democracia y no podrá durar.
Notas:
[1] Es paradójica y llamativa al respecto al coincidencia de cierta izquierda con los partidos del régimen en negar su crisis.
[2] Parece evidente a estas alturas y contra las enfáticas declaraciones de Pablo Iglesias, que PODEMOS carece de esta vocación gubernamental.
[3] Una prueba de lo cual es la rectificación del PSOE de su intención de derogar la Reforma Laboral del PP.
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