Traducción para Rebelión de Loles Oliván Hijós.
Las enmiendas constitucionales de 2016 autorizan al rey a concentrar y controlar el poder judicial, la política exterior, la defensa y la seguridad.
Desde principios de diciembre de 2018 todos los jueves se celebran concentraciones en el Cuarto Círculo de Amán, en el distrito de Zahran, para protestar por la versión revisada del impopular Proyecto de Ley de Impuestos introducido en junio pasado. El proyecto ya desencadenó una importante revuelta fiscal en todo el país que rápidamente se convirtió en un referéndum informal sobre los fracasos del avance neoliberal -disminución de los servicios sociales, reducción de salarios y aumento del desempleo. Aunque las protestas de diciembre de 2018 y enero de 2019 reproducían los lemas económicos de la revuelta fiscal original de junio, han adquirido carácter político después de que el rey aprobara la ley revisada.
A la cabeza de estas nuevas protestas está un grupo compacto de jordanos cansados de la vieja estrategia hachemí de debilitar al gobierno civil y prometer reformas. Después de cesar al primer Ministro Hani Mulki en junio, el rey Abdulá II nombró nuevo primer Ministro a Omar al Razzaz, ex economista del Banco Mundial y anteriormente Ministro de Educación de Jordania. El rey encargó al gabinete de Al Razzaz que iniciara un nuevo diálogo nacional como paso previo para elaborar un proyecto de ley fiscal revisado. También se le encomendó revisar todo el sistema tributario «con el fin de perfilar un claro contrato social entre los ciudadanos y el Estado que identifique derechos y deberes».
Las protestas de junio se apaciguaron mientras la opinión pública esperaba atenta algún cambio. La oposición a las reformas tributarias seguía siendo amplia y unía a jordanos de diversas clases y procedencias geográficas contra el establishment político y las élites económicas. Cuando los ministros del gobierno recorrieron el país en septiembre de 2018 para promover la modificación de la legislación, las delegaciones locales de las gobernaciones del sur, de Maan y Tafileh, y del norte, de Yerash y Ajlun, expulsaron a los políticos y rechazaron el proyecto de ley con firmeza.
A pesar de señales negativas tan obvias, el nuevo proyecto de ley de impuestos recibió la aprobación parlamentaria y monárquica y entró en vigor el 1 de enero de 2019. Desde que la ley apareció en la Gaceta Oficial el 2 de diciembre de 2018, los manifestantes han regresado al Cuarto Círculo de Amán todos los jueves, indignados no sólo por el nuevo sistema tributario en una economía en decadencia, sino también por un proceso político que fomenta la corrupción y el absolutismo. Para satisfacer a los manifestantes, la monarquía tendrá que establecer los términos de un nuevo contrato social que exige reformas económicas y políticas profundas incluso en las más altas esferas del poder político y económico jordano.
Un contrato social obsoleto
El régimen hachemí cultivó desde las primeras décadas de la creación del Estado jordano un contrato social que blindaba a la élite gobernante de las exigencias de participación política a cambio de proporcionar puestos de trabajo y servicios públicos en las principales circunscripciones [1]. El gobierno utilizó las entradas de ayuda exterior para subvencionar productos básicos y ampliar el sector público a fin de reforzar el empleo nacional. Con esta componenda, los ciudadanos toleraban derechos políticos mínimos a cambio de empleos estatales y asistencia económica.
Sin embargo, la estrategia hachemí en el reinado de Abdulá II se ha distanciado de ese contrato social basado en el bienestar, ha favorecido los intereses de una élite capitalista en ascenso, y ha abandonado las disposiciones relativas al estado de bienestar y los apoyos gubernamentales. Las reformas económicas neoliberales de Abdulá II de principios de los años 2000 reestructuraron los sectores público y privado simultáneamente sin desmantelar previamente las redes clientelares de la época de su padre. Estas redes, que dependían de las instituciones y de fondos estatales, sin acabar de desmantelarse completamente empezaron a tambalearse a medida que la política estatal se desplazaba hacia los intereses privados.
Los manifestantes de los jueves, de clase media y baja, rechazan asumir la doble carga que se les impone: la merma de sus derechos y al aumento de los impuestos. Por eso la Reforma del Impuesto sobre la Renta es uno de los proyectos de ley más controvertidos del programa legislativo jordano. Entre los manifestantes del Cuarto Círculo, por ejemplo, Ahmad, de Madaba [2] reclamaba que se restaure el acuerdo previo: «Queremos volver al contrato social original que los jordanos acordamos con la monarquía: la protección del trono a cambio de una vida decente» [3].
Sin embargo, el crecimiento demográfico, las oleadas de refugiados y las variaciones de los ingresos externos procedentes del Consejo de Cooperación del Golfo y de los donantes occidentales han frenado la capacidad del régimen de seguir financiando el antiguo contrato y son los bolsillos de los ciudadanos jordanos los que soportan la carga del ajuste. Ghaiz, funcionario público, se refería a sus escasos ingresos como la principal razón para manifestarse. Gana al mes 380 dinares jordanos (DJ, 535 dólares), insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Él y otros jóvenes trabajadores jordanos están «malgastando su existencia en empleos que no proporcionan una vida digna» [4].
A medida que disminuye la capacidad asistencial del Estado, las exigencias gubernamentales de aumentar los ingresos fiscales han repercutido duramente en los jordanos. La nueva ley tributaria amplía la base de los contribuyentes al reducir el ingreso familiar anual exento de impuestos de 24 mil DJ (33.778 dólares) a 18 mil DJ (25.334 dólares). Asimismo se han reducido las exenciones para las personas, de 12 mil DJ (16.889 dólares) a 8 mil DJ (11.260 dólares). El gobierno de Al Razzaz argumenta que la nueva ley no afecta a la mayoría de los jordanos porque la mayoría ingresa por debajo del nuevo umbral impositivo: hasta el 80% de los trabajadores registrados en la Corporación Jordana de Seguridad Social ganan menos de 7.200 dinares anuales.
Los manifestantes de los jueves vuelven a las mismas reivindicaciones económicas planteadas en junio de 2018. Proceden en su mayoría de clases profesionales y medias, y algunas disposiciones de la nueva ley afectan negativamente a sus intereses. En junio expresaron su indignación porque el proyecto de ley fiscal propuesto aumentaría su carga tributaria sin proporcionar a cambio servicios públicos adecuados, ni apoyo a la educación, a la atención sanitaria ni a las finanzas de las que dependen. Una encuesta nacional realizada en ese momento reveló que el 77% de los jordanos apoyaba protestar para evitar la subida de impuestos. Aunque el proyecto de ley era la legislación fiscal más progresista desde que el rey Abdulá II tomó el poder en 1999, era regresivo en comparación con las leyes fiscales introducidas en los años ochenta y noventa. Pero es que además, el proyecto de ley revisado que se aprobó en enero ha resultado ser más regresivo aún que la reforma original de junio porque suprime las deducciones de 4 mil DJ (5.630 dólares) por gastos en educación, tratamientos médicos y pago de intereses de préstamos personales.
Pero es que además, desde junio de 2018 los manifestantes también han utilizado el proyecto de ley fiscal para exigir mayor supervisión pública del proceso político y parea expresar críticas al gobierno. Farah, joven traductora profesional, se manifestó por primera vez durante las huelgas de junio. En diciembre volvió a las concentraciones del Cuarto Círculo por los efectos económicos de la ley tributaria propuesta a la clase media pero también por su frustración ante el proceso político general. Según ella, no importa qué medidas económicas adopte el gobierno. «Lo que importa ahora es que estamos hartos de promesas sin compromisos […] no queremos que el régimen vuelva a engañarnos» [5].
Corrupción política y reformas neoliberales
Aunque los reclamaciones económicas son el centro de la contestación a la ley tributaria, los manifestantes culpan de la crisis económica general de Jordania a la clase política y a su acomodaticia relación con los intereses económicos de la élite. Ghaiz comparte la opinión general de que «si el gobierno revisara las exenciones fiscales para los poderosos capitalistas y combatiera la evasión fiscal no necesitaría aumentar los impuestos a los pobres». Lo que revela la respuesta popular a la legislación tributaria es más bien un rechazo total a la política de siempre, que consideran corrupta y que beneficia sólo a una pequeña élite nacional y económica.
Estas percepciones son sintomáticas de las políticas de liberalización económica aplicadas desde la coronación de Abdulá II en 1999. Bajo el rey Husein el gobierno estaba dirigido por un grupo de funcionarios y burócratas profesionales que mantenían la red clientelar establecida. Sin embargo, Abdulá II ha recurrido a diferentes sectores de la élite para establecer las políticas del gobierno y dirigir sus asuntos, principalmente a las clases empresariales y capitalistas amaníes. Algo que no ha pasado desapercibido para los manifestantes. Son muchos los que expresan que las reformas de privatización y austeridad de los últimos 20 años han sido diseñadas para beneficiar a una élite capitalista corrupta [6].
La entrada de capitalistas y neoliberales en el gobierno ha desdibujado la frontera entre los intereses públicos y privados. La élite política capitalista adaptó rápidamente las reglas políticas del antiguo régimen en su propio beneficio. Los parlamentarios, que también tienen empresas privadas, pueden tener la tentación de orientar las políticas y los gastos del gobierno en una dirección que favorezca a sus intereses. Al no haber afrontado reformas políticas de calado, la liberalización económica ha dado lugar a un sistema político menos inclusivo que bajo el rey Husain. Hisham, abogado jordano, manifestante, decía: «Queremos una verdadera reforma económica [y] la revisión de las políticas de privatización […] Queremos que esas políticas beneficien a todos los jordanos, no sólo a unas pocas personas» [7].
Los jordanos creen que el gobierno no se toma en serio la lucha contra la corrupción y que la mayoría de los parlamentarios evaden impuestos y que los ricos se llevan la palma. Hisham vuelve a conectar las reformas económicas con el sistema político: «Las leyes electorales colocan [en el poder] a empresarios y contratistas, no a verdaderos representantes del pueblo».
De hecho, un reportaje reciente de la prensa jordana ha desvelado los estrechos vínculos entre los parlamentarios y las empresas privadas: el 60% de los parlamentarios poseen acciones por valor de unos 775 millones de dólares en aproximadamente 460 empresas jordanas. Además, los parlamentarios tienen el privilegio de poder acceder a licitaciones públicas que ascienden a cientos de millones de dinares jordanos.
Cuestionar el control de la monarquía
La ley tributaria ratificada el 1 de enero de 2019 subraya la necesidad de una seria reestructuración política que aborde la desigual relación entre monarquía y gobierno civil, un tema clave para los manifestantes del Cuarto Círculo. El poder de la monarquía se impone reiteradamente cada vez que para responder a las reivindicaciones populares elimina al gobierno de turno adjudicándole un papel de válvula de escape y forzándole a ser el chivo expiatorio de las decisiones impopulares. La monarquía se antepone al gobierno y ningunea su autoridad. Sus poderes se incrementaron aún más con las enmiendas constitucionales de 2016 que otorgan al rey poderes ampliados que le autorizan a concentrar y controlar el poder judicial, la política exterior, la defensa y la seguridad.
Que la monarquía invalida a los gobiernos y toma decisiones por cuenta propia se ha vuelto a manifestar en las concesiones que ha hecho a los manifestantes en otros ámbitos de interés, por ejemplo, respecto a las controvertidas tierras en Baqora y Ghumar arrendadas al gobierno israelí bajo el Tratado de Paz de 1994. Aunque estaba previsto que el gobierno permitiera al Estado de Israel seguir utilizando esas tierras, el rey respondió a las protestas de octubre, contrarias a mantener el arrendamiento, poniendo fin de manera unilateral a las disposiciones que el propio Tratado establecía para cuando su contrato de arrendamiento de 25 años expirase el 25 de octubre.
Este ejemplo pone de relieve la tensión fundamental a la que están sometidas las relaciones entre el Estado y la sociedad jordana. Si el Tratado de Paz de 1994 entre Jordania e Israel fue negociado por el primer Ministro y su gabinete, es el rey el quien interviene reiterada y unilateralmente para resolver cuestiones que deberían ser competencia de cargos electos.
Aunque Abdulá II suele hacer referencia a su compromiso de devolver el poder al primer Ministro y a su gabinete en el futuro, sus acciones a lo largo de este período de agitación y disconformidad demuestran que la monarquía y las elites selectas se siguen reservando el poder real. Al incumplir sus promesas, el rey intenta limitar los términos del debate a la esfera económica, pero tanto la vieja oposición como los jóvenes manifestantes han llegado al consenso de que el cambio estructural no puede limitarse sólo a la economía. Sofyan, activista comunista desde los años setenta, cuando se prohibieron los partidos políticos, describe la situación como de secuestro de las instituciones. «El gobierno no tiene autoridad sobre las instituciones estatales […] Toda la autoridad está concentrada en las manos de un solo hombre. El rey es el único que toma las decisiones en este país» [8] La monarquía debe dar el primer paso para abrir la política parlamentaria jordana porque el rey «es el único individuo que puede decidir sobre la reforma. El gobierno no tiene autoridad». [9]
Tanto la disminución de los recursos estatales como la ampliación de las reivindicaciones de los manifestantes jordanos exigen una solución a una crisis político-económica. La voluntad y los recursos para mantener el viejo contrato social han menguado sin que haya surgido ninguna alternativa coherente. En cambio, el régimen parece atrapado bajo el peso político de su gran sector público, confinado por patrones de dependencia y distribución. Al mismo tiempo, a los pocos empresarios y capitalistas que se han beneficiado del nuevo status quo les interesa que el sistema parlamentario siga siendo débil porque ello les permite dirigir la política y saquear los recursos del Estado. Cualquier nuevo contrato social tendrá que establecer formas nuevas y más inclusivas de distribuir las prestaciones estatales y al mismo tiempo aumentar la capacidad fiscal. Una cambio que, mientras no exista la voluntad política de llevar a cabo reformas políticas tangibles e inclusivas, será una tarea titánica.
Ante un gobierno que ha sido diseñado para ser débil, frente a la cultura elitista del amiguismo y la corrupción, la ciudadanía jordana no está dispuesta a tener que pagar más impuestos. El antiguo sistema ya no funciona pero el camino a seguir exige que los dirigentes jordanos aborden la necesidad de reformas institucionales esenciales tanto en el sistema económico como en el sistema político que rige actualmente Jordania. Ningún nuevo contrato social entre gobernante y gobernados puede funcionar aumentando impuestos y retirando servicios públicos a unas clases bajas y medias ya depauperadas.
Notas:
1] Tariq Tell, The Social and Economic Origins of Monarchy in Jordan (Nueva York: Palgrave Macmillan, 2013).
2] Usamos seudónimos para proteger las identidades de los manifestantes y activistas que entrevistamos en las protestas celebradas en el Cuarto Círculo de Amán entre el 1 de diciembre de 2018 y el 10 de enero de 2019.
3] Entrevista, 13 de diciembre de 2018.
4] Entrevista, 6 de diciembre de 2018.
5] Entrevista, 6 de diciembre de 2018.
6] Entrevistas con Qasim, 1 de diciembre de 2018; Saed (activista), 1 de diciembre de 2018; Salim (activista de izquierdas), 1 de enero de 2019.
7] Entrevista, 13 de diciembre de 2018.
8] Entrevista, 1 de diciembre de 2018.
9] Entrevistas con Alaa (escritor), 1 de diciembre de 2018, e Isa, 20 de diciembre de 2018.
Fuente: https://merip.org/2019/02/making-the-economy-political-in-jordans-tax-revolts/