Actualmente se encuentra en trámite la ley de Responsabilidad Ambiental. Indudablemente la existencia de esta ley supone un paso importante y positivo en la protección del entorno, máxime cuando incluye una garantía financiera obligatoria. Pero, al hilo de esta ley, hay dos aspectos de especial importancia ambiental que no quedan reflejados y merecen ser señalados. […]
Actualmente se encuentra en trámite la ley de Responsabilidad Ambiental. Indudablemente la existencia de esta ley supone un paso importante y positivo en la protección del entorno, máxime cuando incluye una garantía financiera obligatoria.
Pero, al hilo de esta ley, hay dos aspectos de especial importancia ambiental que no quedan reflejados y merecen ser señalados. Se trata de la responsabilidad fuera del territorio español y de la necesidad de realizar auditorías públicas integrales y periódicas.
Efectivamente, en la actualidad las transnacionales españolas están siendo responsables de importantes impactos en territorios fuera de nuestras fronteras. Destacan las explotaciones petroleras de Repsol-YPF en el Parque Nacional Yasuní (Ecuador) o en Loma de la Lata (Argentina) ( [1] ), pero los casos son cada vez más numerosos, como se verá a continuación en los cuadros adjuntos.
Al igual que la legislación española ha juzgado casos de ciudadanos no españoles (argentinos, guatemaltecos), con más razón debería dotarse de un cuerpo jurídico que le permitiese buscar las responsabilidades internacionales de las acciones de sus nacionales en el extranjero.
Por otra parte, del mismo modo que las empresas y las administraciones realizan auditorías financieras todos los años, con mayor motivo deberían realizarlas a nivel ambiental y social sobre sus actividades. Estas auditorías públicas integrales permitirían delimitar la responsabilidad medioambiental de sus acciones y minimizar los daños sobre el entorno de las mismas.
De vacaciones en el Parque Nacional del Este (República Dominicana)
Juan José Hidalgo, propietario de la empresa Globalia, Air Europa y Viajes Halcón, ha conseguido la licencia para edificar un importante complejo hotelero de 400 habitaciones dentro del Parque Nacional del Este, área protegida de inestimable valor ecológico, cultural y arqueológico, actualmente en trámite de declaración como Patrimonio de la Humanidad.
En el proceso de consecución de esta licencia, las presiones de José Hidalgo han conseguido que cambiase la categoría de la zona. De Parque Nacional (categoría de protección II) el terreno pasó a ser Paisaje Protegido (categoría VI). Pero no sólo eso, sino que la edificación ha conseguido sortear la legalidad dominicana.
La compra de los terrenos en cuestión también se realizó de manera irregular, pues no es posible registrar títulos de tierras pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas sin una autorización previa de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ésta nunca fue otorgada.
Precisamente en la parcela adquirida por José Hidalgo se encuentra el Centro de Recepción de Visitantes del Parque Nacional del Este, cuyas instalaciones fueron financiadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional. Así pues, esta empresa turística española va a demoler una obra financiada por el Estado español dentro de un área protegida de la República Dominicana.
Presas en los ríos Bío-Bío, Baker y Pascua (Chile)
La presa de Ralco se encuentra en el río Bío-Bío. Fue inaugurada en 2004, después de más de diez años de conflictos permanentes y tras convertirse en un símbolo de las problemáticas asociadas a las grandes presas. En total se han inundado 3.500 hectáreas.
Endesa controla Enersis y Endesa Chile, la principal empresa generadora de electricidad de Chile. El conflicto se produjo entre Endesa, el Gobierno chileno y un conjunto de familias pahuenches, que finalmente tuvieron que firmar un acuerdo de permuta de sus tierras en un proceso lleno de irregularidades. La presa ha supuesto el desarraigo y relocalización de numerosas familias y miembros de las comunidades mapuche-pehuenche, cuya cultura y modo de vida estaba ligado al medio en el que vivían. Además de suponer la inundación de zonas consideradas como sagradas.
En el proceso se produjeron numerosas denuncias por las presiones realizadas por Endesa sobre l@s habitantes: sobornos, amenazas directas, elaboración de informes ambientales falsos… ( [2] ).
Actualmente hay decenas de dirigentes mapuches detenidos por participar en movilizaciones en defensa de sus tierras. Incluso se inauguró en el país el uso de «testigos sin rostro» en procesos contra indígenas para facilitar que los acusaran, principalmente de «terroristas». A pesar de las denuncias de agrupaciones indígenas, de grupos ecologistas, del Relator de las Naciones Unidas para Asuntos Indígenas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional y de la Federación Internacional de Derechos Humanos, el proyecto siguió su marcha.
Pero, no contenta con eso, Endesa anunció en septiembre de 2005 la construcción de cuatro centrales en los ríos Baker y Pascua. En el río Baker se hará una central con un área inundable de 5.600 hectáreas. Esto es, sencillamente, inaceptable en uno de los ecosistemas más ricos del mundo. Esa zona de Chile es reconocida como una de las pocas áreas que permanece inalterada y está catalogada como reserva natural. Cochrane, la tercera ciudad de la Patagonia, desaparecería bajo las aguas.
El salmón que te comes (Chile) ( [3] )
Pescanova es el proveedor líder de productos del mar en los cinco continentes. En Chile opera a través de PescaChile. Uno de sus principales negocios es la exportación de salmón. Pero la producción de salmón en Chile es muy agresiva social y ambientalmente:
– El salmón es un pez carnívoro, se necesitan entre 5-7 kg de pescado apto para consumo humano para obtener 1 kg de salmón, lo que provoca la sobreexplotación de los bancos de pesca locales.
– Es una especie exótica en Chile. Los escapes constantes (en octubre de 2004 se escaparon más de 1 millón de ejemplares) suponen una alteración intensa de los ecosistemas marinos debido a la falta de competidores del salmón y las enfermedades que genera.
– Los procesos de alimentación del salmón inducen la eutrofización de las aguas.
– Las condiciones de trabajo en PescaChile son las de una maquila (sueldos bajos, condicionalidad y escala de salarios en base a rendimientos productivos, prácticas antisindicales…). La región salmonera de Chile es cada vez más pobre. La mano de obra representa sólo el 4% del precio final del salmón exportado.
La luz que seca (Costa Rica) ( [4] )
La planta hidroeléctrica La Joya fue adjudicada a Unión Fenosa en 2002. A priori, este proyecto parecía más sostenible que otros: es a partir de una energía renovable, no tiene grandes dimensiones y reutiliza el agua de la presa Cachí. Pero las obras se complican porque, para trasladar el agua de Cachí, se tiene que construir un túnel que atraviesa una montaña donde hay una serie de nacientes de agua de los que se abastecen 6 comunidades. Desde que se iniciaron las obras del túnel las fuentes ubicadas en la línea de construcción han ido disminuyendo hasta secarse definitivamente. Unión Fenosa objeta que «se debe a la falta de lluvias» y l@s afectad@s argumentan que no es casualidad que los nacientes se hayan ido secando de forma cronológica al avance de las obras.
El estudio de impacto ambiental, realizado por una persona pagada directamente por Unión Fenosa, tuyo un resultado positivo. A pesar de ello, la compañía ha sido denunciada y obligada a tomar medidas de mitigación, que no están impidiendo que se sequen los manantiales.
La luz que mata (Colombia) ( [5] )
Unión Fenosa posee las empresas colombianas Electrocosta, Electricaribe, Energía Social y EPSA. Desde la compra de las dos primeras empresas y la creación de la tercera, Unión Fenosa ha sometido a barrios y municipios enteros a cortes masivos de energía para sancionar a l@s usuari@s moros@s (durante temporadas de cada 4 días, 3 sufren cortes de energía). Unión Fenosa ha elevado indiscriminadamente las tarifas, lo que ha supuesto que amplios sectores sociales queden marginados de este servicio. Así la compañía no presta servicio a por lo menos el 50% de la población a la que inicialmente estaba obligada. Los cortes de energía también ocasionan la suspensión en el servicio de agua por falta de bombeo. Las altas tarifas y los cortes masivos han provocado la suspensión de actividades educativas, de los servicios de salud y ha perjudicado las actividades económicas de la comunidad.
En lo laboral destaca que la plantilla bajó de 4.372 trabajadores/as a 1.604 (en 2004), con una política laboral que margina a l@s trabajadores/as sindicalizad@s. Es importante mencionar que los grupos paramilitares asesinaron al vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores y dirigente del Sindicato de Trabajadores Eléctricos. Él fue uno de los destacados sindicalistas que se opuso al proceso de privatización e investigó las sospechas de fraude y corrupción que había levantado el desembarco de la empresa española. En total 27 dirigentes sociales han sido asesinados durante el proceso de privatización del sector eléctrico en la Costa Caribe.
Por otro lado, EPSA posee la Central Hidroeléctrica de la Salvajina. La compañía quiere desviar el 90% del caudal del río Ovejas para realimentar el embalse y generar así más energía. Su impacto sobre las formas de vida de las comunidades rurales que viven en la región y los impactos al medio ambiente serían muy graves, según las comunidades.
Notas y referencias
[1] . Para más información ver El Ecologista 48 (verano 2006)
[2] . Consultar La deuda ecológica de Endesa en el Bío-Bío. Trabajo de investigación del Master de Sostenibilidad elaborado en la Universidad Politécnica de Cataluña. 2004.
[3] . Fuente: Ferrán García (Veterinarios Sin Fronteras): El puzzle del salmón en Chile y Salmones en Chile. El negocio de comerse el mar.
[4] . Fuente: Observatorio de las Multinacionales Españolas en América Latina (OMAL): Centroamérica encendida. Reformas y transnacionales españolas en el sector eléctrico, Icaria, 2005.
[5] . Fuentes: Observatorio de la Deuda en la Globalización . Unión Fenosa en Colombia. Una estrategia socialmente irresponsable. 2006. Y Ecologistas en Acción.
Luís González Reyes, coordinador de Ecologistas en Acción