Frente a los recortes sociales y la política de austeridad promovida por el Consejo Europeo y la Troika (FMI-BCE-CE) y aplicada hoy en España por el Gobierno del PP, en el marco de una gestión liberal-conservadora de la crisis, se han generado distintas respuestas sindicales y ciudadanas. Aquí se aborda, básicamente, la situación del año […]
Frente a los recortes sociales y la política de austeridad promovida por el Consejo Europeo y la Troika (FMI-BCE-CE) y aplicada hoy en España por el Gobierno del PP, en el marco de una gestión liberal-conservadora de la crisis, se han generado distintas respuestas sindicales y ciudadanas. Aquí se aborda, básicamente, la situación del año 2012, desde la victoria electoral de la derecha en las elecciones generales de noviembre de 2011, y hasta la actualidad2, aunque en las valoraciones generales se tendrá en cuenta la experiencia de todo este nuevo ciclo sociopolítico que comienza en el año 2010. Analiza las estrategias de los dos grandes sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) con un peso determinante en el conjunto del estado español.
Nada más tomar posesión en diciembre del año 2011, el poder ejecutivo del PP aprueba las primeras medidas de restricción presupuestarias y anuncia sus ‘reformas estructurales’, los nuevos planes de ajuste económico y medidas antisociales, todavía más duros que los del gobierno socialista anterior. El sindicalismo ha respondido con una estrategia con un doble componente: pacto y conflicto. Por un lado, el acuerdo general con las organizaciones empresariales, de enero de 2012, junto con un discurso justificativo del diálogo social. Por otro lado, se combina con una actuación de confrontación con las políticas de ajuste del Gobierno, promoviendo grandes movilizaciones globales (las huelgas generales de marzo y noviembre de 2012 y varias manifestaciones masivas) y numerosos conflictos sectoriales y locales.
Se analizan tres aspectos: 1) la política ambivalente de pacto y conflicto social; 2) las perspectivas abiertas con la erosión de la política de austeridad, y 3) el papel reivindicativo y sociopolítico del movimiento sindical.
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Una estrategia sindical doble: pacto y conflicto social
Es habitual en los sindicatos definir su estrategia como una combinación entre el acuerdo y la movilización, en los ámbitos de la empresa, sectoriales y locales y generales. Se interrelacionan los dos tipos básicos de acción sindical: la negociación y el conflicto sociolaboral a través de la movilización social y democrática3. Los mecanismos son dobles: por un lado, la activación de sus bases sociales, para aumentar su representatividad, su reconocimiento y su capacidad de presión ante sus interlocutores empresariales e institucionales; por otro lado, los recursos negociadores, mediadores y de participación en la negociación colectiva y las distintas instituciones. Esta doble acción sindical hace referencia a su dimensión reivindicativa, defender los intereses y conseguir mejoras para las clases trabajadoras, y su dimensión social, fortalecer su capacidad representativa y transformadora. Su objetivo global es combatir la crisis socioeconómica y sus efectos, promoviendo un cambio económico y sociopolítico hacia una democracia social avanzada, con empleo decente, derechos sociolaborales y Estado de bienestar, tal como se define en los programas de los grandes sindicatos (CCOO, 2013; UGT, 2013).
No obstante, con la crisis económica y de empleo y la aplicación generalizada de políticas regresivas de austeridad, con fuertes recortes sociolaborales, las dinámicas precedentes han cambiado. Han producido nuevos desequilibrios en las relaciones laborales y la capacidad contractual de los sindicatos. Afectan a sus estrategias, en particular a las combinaciones de esos dos tipos de acción sindical: la negociación y la movilización, el acuerdo y el conflicto, el pacto social o la huelga general. Al mismo tiempo, hay que integrar los distintos objetivos y prioridades: a corto y medio plazo, de carácter laboral y sociopolítico, o bien, el interés del conjunto de las clases trabajadoras, de determinados segmentos de la población y de la estructura sindical y los distintos movimientos sociales y representantes políticos.
Por tanto, el problema no viene de la existencia de esos dos componentes -negociación y movilización-, siempre presentes, sino del énfasis en cada uno de ellos y su interrelación, según cada ámbito y contexto. Así, aparte de revisar la retórica sindical más o menos ambigua de la necesaria combinación de ambos, se trata de precisar el peso de cada aspecto en cada momento y el contenido, el sentido y el apoyo social de cada actuación. Aquí el análisis se centra en los hechos más relevantes y de conjunto del movimiento sindical para señalar sus consecuencias y explicar a qué intereses o dinámicas obedecen y qué relación tienen con las estrategias o los programas y objetivos generales.
El sentido de las estrategias colectivas
Conviene aludir a los cambios en los equilibrios de las fuerzas sociales en presencia para precisar el alcance y significado de las estrategias colectivas. El concepto ‘resistencias’ sociales o colectivas se adecúa a la nueva realidad y los caminos inmediatos a recorrer. Por un lado, el diálogo social es poco operativo. El contenido de los grandes acuerdos generales alcanzados últimamente (pensiones -2011- y negociación colectiva -2010 y 2012-) es, cuando menos, problemático y han tenido dificultades para su legitimidad social. Por otro lado, las protestas colectivas no suelen conseguir mejoras materiales inmediatas, aunque son freno al empeoramiento impuesto y generan la deslegitimación de sus gestores gubernamentales, para promover el cambio de políticas e instituciones. Constituyen un impacto sociopolítico fundamental que permite erosionar esa política, modularla y crear las condiciones para su transformación sustantiva. Es un resultado también inmediato y práctico, sobre todo sociopolítico, de cambio cultural y de mentalidades, de solidaridad en las relaciones interpersonales y conformación de tejido asociativo de base. Pero esa dimensión social, muy real, es más difícil de evaluar al no cristalizar en reformas inmediatas. La dinámica es diferente a la de los periodos de expansión económica, avance del Estado de bienestar, desarrollo institucional democrático o incremento progresivo de los derechos civiles y sociales, con procesos de mejoras materiales y políticas para el conjunto de la sociedad.
En el análisis de la protesta social, en la acción de los movimientos sociales, incluido el sindicalismo, hay que combinar su dimensión social o expresiva y su dimensión reivindicativa o sustantiva. Ambas están interrelacionadas, son transformadoras y ofrecen resultados concretos e inmediatos, pero la primera es, sobre todo, en el ámbito de la conciencia social y la constitución de fuerzas sociales, y la segunda en la mejora de condiciones o derechos de la gente (Antón, 2006).
Por tanto, el sindicalismo y las fuerzas progresistas están en un ciclo ‘defensivo’. Su principal función es impedir retrocesos en las condiciones y los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía. No obstante, esa posición no necesariamente es defender el statu quo, sino que es imprescindible completarla con un proyecto social y democrático, de transformación progresista. En ese sentido, sí que hay alternativas (Antón, 2009; Arias y Costas, 2011; Navarro et al., 2011 y 2012; Ramoneda, 2012; Stiglitz, 2012; Torres, 2011).
En este ciclo la acción sindical y sociopolítica tiene un mayor componente crítico, de denuncia y rechazo a las políticas de austeridad y el déficit democrático de la gestión regresiva de la clase política. Los resultados se miden más por el freno a las medidas antisociales y autoritarias que por los avances netos conseguidos. Puede conseguir mejoras relativas respecto de los planes regresivos, y porfía en su derrota. Pero, a pesar de la masividad e intensidad de la protesta social, todavía no es capaz de impedir la aplicación del grueso de las medidas; las condiciones socioeconómicas e institucionales finales son peores respecto a las de antes de la crisis. El nivel de movilización social es insuficiente para doblegar a los poderosos adversarios y, entre los sectores más comprometidos, deja un sabor de impotencia. Los de arriba imponen el empobrecimiento y la pérdida de derechos de los de abajo (y de en medio).
Sin embargo, siempre cabe la idea de que sin resistencia y deslegitimación de esa política, el bloque de poder liberal-conservador se hubiera atrevido (o intentaría más adelante) a nuevos y más profundos procesos regresivos para la sociedad y mayor apropiación de poder y riquezas para las élites. Por tanto, la actividad cívica y la protesta social también tienen un impacto directo en las condiciones inmediatas de la gente, frenando o suavizando los planes más agresivos e impopulares. Es el grado de eficacia esperable sobre los resultados reivindicativos en una situación defensiva para la mayoría ciudadana con una gran desigualdad de poder.
Al mismo tiempo, la acción sociopolítica de la ciudadanía indignada, incluida la movilización sindical, y la reafirmación democrática de la sociedad, es la mejor forma de influir y restar credibilidad social a estas medidas. Y, sobre todo, asegura las bases alternativas para los avances o las reformas progresistas, la regeneración del sistema político y la renovación y el fortalecimiento de las izquierdas y grupos alternativos, sociales y políticos. La evaluación de la acción sociopolítica se hace más compleja y está sometida a su propia especificidad y referencias: articular un campo social progresista y democrático, con una orientación transformadora fuerte, socioeconómica y de renovación política.
La acción sindical y la función de los sindicatos se legitiman por los logros sustantivos alcanzados en su doble finalidad: avances reivindicativos (o freno a los retrocesos) y capacidad representativa y transformadora. Los representantes sindicales son medios imprescindibles para defender las condiciones y demandas de sus bases sociales y de la mayoría de la sociedad. Los derechos sindicales y la representatividad y la operatividad de las estructuras de los sindicatos son instrumentos necesarios en el complejo proceso de mediación sociolaboral, que también requiere adecuados instrumentos organizativos, de información y asesoramiento. La actual ofensiva de la política de austeridad, además de imponer un retroceso en las condiciones y derechos sociolaborales de la mayoría de la sociedad, también pretende debilitar la función reivindicativa, social, representativa y dinamizadora de los sindicatos y limitar su capacidad contractual y transformadora. Defender esos derechos sindicales, reafirmar el papel del sindicalismo, se convierte en un objetivo adicional. La idea de ‘salvar al sindicato’ puede sintetizar el interés legítimo de la representación sindical. No obstante, también se corre otro peligro: priorizar la defensa del estatus de los aparatos de los grandes sindicatos, o lo que es peor intercambiar concesiones de derechos más generales de la población trabajadora para intentar garantizar su estabilidad y sus privilegios (Antón, 2010). Es cuando aparece el riesgo de la sustitución de los fines por los medios (Offe, 1988) y la disociación entre interés del sindicato (de la burocracia sindical) e intereses de sus bases sociales y la sociedad, en general.
Así, como se explicará más adelante, existen deficiencias de legitimidad social, particularmente, para determinadas actuaciones de las cúpulas sindicales que no sintonizan con sectores significativos de la ciudadanía. Por tanto, es fundamental la renovación profunda de los sindicatos para reforzar su legitimidad, su capacidad articuladora y su eficacia reivindicativa. Pero, primero, analicemos sus actuaciones más significativas.
Un pacto de recorte salarial y laboral, sin contrapartidas
El Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva -AENC-, firmado en enero de 2012 por la patronal CEOE-Cepyme y las direcciones de CCOO y UGT, para el período 2012-14, supone un recorte de la capacidad adquisitiva de los salarios (en torno a punto y medio anual), un retroceso laboral con mayor flexibilidad interna y menor capacidad reguladora y contractual de los sindicatos. Tiene sentido volver sobre sus implicaciones cuando se debate sobre la reedición de un nuevo acuerdo similar.
No existían contrapartidas significativas para trabajadores y trabajadoras y no ha permitido generar empleo. No apostaba por una salida justa de la crisis sino que consolidaba la austeridad salarial a una parte: las capas asalariadas. No era un acuerdo equitativo, ya que no se exigía a los empresarios ninguna renuncia sustantiva ni ningún compromiso firme por la creación de empleo, la regulación de los beneficios empresariales y los precios. Hacía recaer nuevos sacrificios a las clases trabajadoras junto con una mayor subordinación laboral. Era un paso más en la consolidación de la capacidad empresarial para imponer sus objetivos e intereses de maximizar sus beneficios, abaratar costes laborales y disponer una mano de obra más dócil, con la vana esperanza de que ésa era la vía para asegurar la inversión y el crecimiento económico y del empleo. Se basaba en el discurso neoliberal de culpabilizar a los salarios y las condiciones laborales de la crisis y que su retroceso es inevitable e imprescindible para salir de ella. Suponía, por tanto, afianzar la pasividad en el mundo laboral en un ámbito fundamental de la acción sindical como es la negociación colectiva y constituía un retroceso cultural y de la capacidad crítica y alternativa de las estructuras sindicales.
Las direcciones de los grandes sindicatos, con el pacto de recorte salarial llevaron al sindicalismo a un callejón sin salida para la defensa de los derechos sociolaborales y su propia capacidad contractual, como se ha podido comprobar tras más de dos años de su aplicación. Tampoco ha conseguido consolidar el estatus de los propios aparatos sindicales, ni la estabilidad de las funciones contractuales de sus estructuras intermedias. Además, en el contexto del comienzo de la ofensiva de ajustes regresivos del nuevo gobierno de la derecha, tampoco han servido para suavizar esa estrategia. Las concesiones de las cúpulas de los sindicatos en materia salarial y de garantía de paz social en la negociación colectiva no son suficientes para condicionar la agenda del nuevo Gobierno que, inmediatamente, aprobó una agresiva reforma laboral. Más que un freno a las políticas de ajuste, ese acuerdo permitió su desarrollo. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios, aun con la ventaja de la limitada inflación de los precios, viene derivada de la mayor capacidad de presión empresarial, derivada de la crisis del empleo y el desequilibrio impuesto en las relaciones laborales por las dos reformas laborales, particularmente la última del Gobierno del PP, que se aprobó a continuación. Pero también tiene su parte de responsabilidad ese acuerdo.
Por tanto, ha constituido un doble fracaso: para defender los derechos laborales y para ‘salvar el sindicato’. Aunque les generó cierto reconocimiento institucional, era muy frágil y temporal, y condicionado a continuar con esa disponibilidad colaboradora con las políticas regresivas. Y eso es insostenible para mantener una legitimidad relevante entre sus bases sociales y el grueso de la ciudadanía.
Huelga general de marzo contra la reforma laboral4
El Gobierno del PP, tras sus primeras medidas de restricción presupuestaria y el acuerdo de la negociación colectiva comentado, aprueba e impone, con su mayoría parlamentaria, una reforma laboral profundamente regresiva (CC.OO, 2012).
Los sindicatos deciden organizar una respuesta masiva y contundente. La huelga general del 29 de marzo de 2012 es un paso clave contra la ofensiva regresiva del Gobierno del PP. Fue una actuación acertada de los sindicatos, que han demostrado ser agentes sociales fundamentales para encauzar el rechazo popular y frenar la involución social. Ha tenido un impacto social positivo. Reabre nuevas posibilidades y escenarios para continuar la acción sindical y ciudadana contra la política de recortes y por los derechos sociolaborales y una gestión más justa de la crisis. Era una tarea conjunta del movimiento sindical y la izquierda social y política, que se enfrentan a diversas dificultades y limitaciones (Antón, 2012a, Mientras Tanto, 2012).
Este proceso de huelga general constituyó una prueba de la acción colectiva progresista y la reafirmación democrática de una amplia izquierda social o ciudadanía crítica. Al tercio de esa ciudadanía, más implicada activamente en la movilización contra los recortes sociales, se sumó la simpatía y la solidaridad del tercio intermedio, más pasivo y ambivalente en la huelga general del 29 de septiembre de 2010. La persistencia y el refuerzo de la resistencia de ese primer bloque social fue determinante para ensanchar la oposición social a esta política regresiva y restarle credibilidad ciudadana. Fue una respuesta contundente de una ciudadanía activa y un paso sustancial para fortalecer la oposición popular a esas políticas antisociales y deslegitimar a sus gestores. Se ha extendido una mayor comprensión ciudadana hacia los justos objetivos de este conflicto social, factor clave para debilitar y revertir esta política socioeconómica y laboral regresiva. Pese a las dificultades evidentes para forzar la retirada inmediata de la reforma laboral, consiguió quitarle legitimidad y credibilidad social, y refuerza las condiciones sociopolíticas para obtener su abolición.
En definitiva, el proceso de la huelga general del 29 de marzo permitió una expresión colectiva masiva de la ciudadanía contra la ‘agresiva’ reforma laboral y la política de profundos recortes sociolaborales del Gobierno del PP. La amplia participación trabajadora y ciudadana constituye un paso imprescindible para frenar su ofensiva antisocial, erosiona su legitimidad y refuerza a la izquierda social y el movimiento sindical en su demanda de empleo decente y plenos derechos sociales y laborales (Fernández Toxo, 2012).
14-N: Crece la legitimidad de la huelga general
El Gobierno del PP, durante los primeros meses de su mandato, reforzó y amplió las medidas antisociales de ajuste y austeridad, llevadas a cabo por el anterior Gobierno socialista desde mayo de 2010. El Consejo de Ministros del 13 de julio del año 2012 aprobó un nuevo conjunto de medidas de ajuste. Tienen un carácter profundamente antisocial y reducen derechos sociales en tres áreas: protección al desempleo, servicios públicos y condiciones salariales y laborales de los empleados públicos.
Los sindicatos, con el apoyo y la participación de la Cumbre Social de organizaciones y grupos sociales progresistas, convocan otra huelga general para el día 14 de noviembre de 2012 (Antón, 2012c). Es la tercera en poco más de dos años, en esta etapa de aplicación de políticas de ajuste y austeridad contestadas por la oposición sindical y la indignación ciudadana. Manifiesta el rechazo sindical y cívico a la política de recortes sociales, la persistencia del paro, el empobrecimiento masivo de la población y la menor protección social. Denuncia estas graves consecuencias sociales (Nos dejan sin futuro), exige responsabilidades a los causantes (Hay culpables) y propone otra política (Hay soluciones), tal como expresan sus lemas. Es un cauce para la expresión democrática y pacífica de la ciudadanía contra la gestión antisocial del Gobierno del PP y las élites económicas y financieras, y reclama medidas más justas.
Su blanco directo no es estrictamente laboral, como en las dos anteriores, septiembre de 2010 y marzo de 2012, en que fueron determinantes las regresivas reformas laborales. Ahora, afecta a los derechos sociales del conjunto de las clases trabajadoras y la mayoría de la sociedad. Tiene una dimensión social más amplia y se sitúa en el marco europeo del rechazo de las políticas liberal-conservadoras dominantes.
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Perspectivas abiertas: La erosión de la política de austeridad
Tras el análisis de las actuaciones más relevantes del sindicalismo se explican los efectos de deslegitimación de la política de austeridad.
Repercusión de la movilización ciudadana
En estos cinco años de crisis económica y sus graves consecuencias sociales y los cuatro años desde el comienzo de los planes de ajuste y austeridad, se han generado importantes resistencias sindicales y ciudadanas, protagonizadas por el sindicalismo, el movimiento 15-M (y sus derivados) y otros grupos sociales y políticos progresistas, a veces con falta de sintonía pero con elementos convergentes. El proceso sociopolítico, con diversos altibajos y componentes ambivalentes y de fragilidad, ha sido de consolidación y refuerzo de un campo social relevante contra esa dinámica regresiva, con un respaldo popular mayoritario a sus objetivos contra los recortes sociolaborales. Incluso la simpatía hacia el movimiento 15-M, en los años 2011 y 2012, según varias encuestas de opinión, llega a los dos tercios de la ciudadanía, que contrasta con la desconfianza mayoritaria hacia las élites políticas y financieras.
Esta movilización general, aun con ese cierto incremento participativo, no consigue impedir, de forma inmediata, las políticas de recortes sociales adoptadas por el Gobierno del PP, que cuenta con un respaldo parlamentario mayoritario y el aval de la Unión Europea. Igualmente, visto desde el plano europeo, todavía no existen fuerzas sociales suficientes en los países periféricos y menos en los países centrales, para imprimir un giro de la política liberal-conservadora impulsada por Alemania y dominante en las instituciones europeas. Las movilizaciones sindicales planteadas en el centro y norte de Europa reflejan cierta solidaridad y oposición a las políticas de austeridad de la Unión Europea, son un primer paso, pero son muy limitadas. Existen todavía importantes límites e insuficiencias de los sectores y agentes sociales que reclaman otra orientación, más equitativa, solidaria y respetuosa con la ciudadanía. Comparado con el gran poder económico, mediático e institucional que ampara esas políticas europeas, la capacidad ciudadana y de las izquierdas para forzar un cambio sustancial y rápido, es débil.
No obstante, como vemos en España y otros países del sur europeo, es creciente y muy amplio el proceso de deslegitimación de esas medidas regresivas y de desconfianza hacia las élites gestoras. Ello supone una erosión relevante de esa gestión antisocial de la crisis y pone de manifiesto el déficit democrático de las grandes instituciones y las élites políticas y económicas. Junto con la evidencia del fracaso de la actual política de austeridad para garantizar el empleo decente y los derechos sociales de la ciudadanía, ese desgaste de su legitimidad y esa presión social por el giro hacia una salida de la crisis más justa y democrática supone un factor significativo para frenar esa dinámica y abrir un horizonte de cambio. Es ya un impacto inmediato positivo y relevante.
El éxito de los resultados de esta dinámica de movilización sindical y ciudadana hay que medirlo también por su significado respecto de su trayectoria y su perspectiva, en el doble sentido de configuración de una ciudadanía crítica y activa y el impulso hacia un cambio de prioridades en la política económica, en defensa del empleo decente y un avanzado modelo social, con una gestión política más democrática, que tenga en cuenta la opinión de la mayoría ciudadana. Implica la democratización de las instituciones públicas, la mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, en la política en sentido amplio, así como la regulación de los mercados desde la soberanía popular y sus instituciones representativas.
Estos procesos de movilización sindical y ciudadana pueden ser un paso en ese recorrido, no definitivo ni completamente sólido, pero sí justo, necesario y relevante. Sus efectos inmediatos conllevan un mayor desgaste social de la política de ajustes regresivos, una menor credibilidad de las opciones conservadoras, un freno a medidas impopulares. La dimensión de la participación de la ciudadanía incide en la mayor firmeza y determinación en la pugna social y democrática por promover y culminar un cambio de ciclo sociopolítico y de estrategias económicas, a definir por los sindicatos y los distintos agentes sociales y políticos, cuyo devenir y recomposición también se verán afectados. Será otro elemento significativo que incida en ese aspecto, a considerar en otro momento.
En definitiva, el movimiento sindical, como fuerza relevante en estos años en la movilización social, y el conjunto de sectores progresistas y la izquierda social y política, sigue en una encrucijada estratégica: 1) adaptarse con resignación, aceptando esta grave situación socioeconómica y contemporizando con los duros ajustes, sin una diferenciación clara contra esta deriva antisocial y con déficit democrático, intentando sobrevivir con críticas débiles, pasividad social y un mínimo de legitimidad ciudadana; 2) consolidar una apuesta de confrontación contra la política de austeridad y por el empleo decente y los derechos sociolaborales con un horizonte de unificar y ampliar la activación de sus bases sociales y del conjunto de fuerzas ciudadanas progresistas que pueda culminar en un proceso de conflictividad general hasta asegurar una salida justa de la crisis (y el modelo de la huelga general del 14-D-1988, convenientemente renovado sigue vigente). En la realidad reciente ha tenido más peso la segunda, pero con limitaciones y elementos de la primera, que han cobrado peso últimamente. El futuro dirá en que proporciones se combinan las dos tendencias y cómo se conforma una dinámica intermedia o mixta.
Rechazo social a los recortes
En la sociedad se están generando tendencias sociales ambivalentes. Por un lado, impotencia, resignación, miedo, adaptación fragmentada y jerarquizada, así como reequilibrios competitivos de los grupos de poder nacional y las distintas capas medias y trabajadoras. Por otro lado, respuestas colectivas progresistas, en dos niveles que vamos a explicar.
En un primer nivel, aparece la disconformidad social con la política de austeridad, desde la deslegitimación pasiva y la indignación ciudadana frente a sus medidas más impopulares y sus gestores, tal como indican numerosas encuestas de opinión. Así, según diversos estudios de Metroscopia, más del 80% de la sociedad critica a los líderes de los grandes partidos políticos del bipartidismo por su distanciamiento de las preferencias de la ciudadanía en la gestión de la crisis, siendo, junto con los bancos, la institución en la que menos confían; al contrario, las instituciones mejor valoradas -en torno al 90%- son la sanidad y la enseñanza pública.
Según un estudio de la Fundación BBVA, publicado el año pasado (ver diario El País, 5-4-2013), el Gobierno debería aumentar el gasto público en sanidad (77,5% de los ciudadanos españoles), atención a mayores (72,8%), atención a los parados (69%) y educación (65,1%); paralelamente, para los países de la UE, los porcentajes respectivos son: 67,3%, 59,1%, 40,8% y 52,8%; el nivel medio europeo en exigencia de refuerzo del gasto público social es también alto pero algo inferior al español, particularmente en protección al desempleo. Por otro lado, en España, solo en torno a un 1% de la población (0,7%, 0,3%, 1,0% y 1,2%) está de acuerdo con la disminución del gasto público en esas materias (recortes sociales); el resto, entre un 21% (sanidad) y un 33% (educación), prefiere mantenerlo (30% y 42%, respectivamente, en la UE). Igualmente, la gran mayoría de españoles (80,5%) prefiere una Seguridad Social amplia, aunque haya que pagar altos impuestos, siendo la media europea algo inferior (66,2%). Esas diferencias de opinión se pueden explicar porque el gasto social europeo es bastante más elevado y, especialmente, el nivel de desempleo y el déficit de su cobertura protectora son muy inferiores, por lo que el sector de la población europea que prefiere mantener (y no aumentar) el gasto público social (particularmente en atención a los parados) es algo superior respecto del de nuestro país. Lo que está claro en la opinión de la ciudadanía española y europea es su amplia oposición a los recortes sociales y la exigencia mayoritaria (entre dos tercios y tres cuartas partes) de reforzar la calidad de los principales servicios públicos y el nivel de las prestaciones sociales que configuran los Estados de bienestar europeos, aumentando el gasto público social, aunque exista una parte significativa (entre una cuarta parte y un tercio) que solo quiera mantener ese gasto público social.
En un segundo nivel, se han expresado resistencias sociales y protestas colectivas, masivas, pacíficas y democráticas. Todo ello con un peso significativo de valores solidarios y de justicia social, así como con exigencias de cambio hacia medidas socioeconómicas más equitativas y mayor cultura democrática.
En España, a la altura del otoño de 2012, se llevaban más de dos años de una respuesta popular activa, con altibajos. Desde la huelga general del 29 de septiembre de 2010 (y los antecedentes de las amplias manifestaciones sindicales de enero y febrero de ese año contra el plan gubernamental inicial de recorte de las pensiones y las movilizaciones contra los ajustes de mayo) hasta las huelgas generales del 29 de marzo (con las grandes manifestaciones anteriores -19 de febrero- y posteriores -19 de julio-) y el 14 de noviembre (y la gran manifestación del 15 de septiembre).
Al mismo tiempo, ha emergido otra dinámica paralela de protesta colectiva, expresiva de la indignación ciudadana y la exigencia de mejor democracia, representada por el movimiento 15-M (o similares y derivados). Desde la gran manifestación inicial en esa fecha y las siguientes acampadas y procesos asamblearios hasta las grandes manifestaciones del 15 de octubre de 2011, diversas actividades locales, la gran movilización del 12 de mayo de 2012 y las del 23 de febrero y el 12 de mayo de 2013, para terminar en ese mismo año con la del 23 de noviembre, convocada por la Cumbre Social y con un importante papel de los sindicatos, y en ese año, la del 22 de marzo, con la Marcha de la dignidad.
Este breve recorrido da un indicio de la existencia de la expresión colectiva de una masiva ciudadanía activa, que manifiesta su indignación de forma pública y plantea un cambio de rumbo. Es la base para fortalecer un campo social, sindical y político que apueste por impedir esta política de recortes sociales y pueda empujar por una gestión de la crisis más justa y democrática y una salida más equitativa.
Limitado prestigio de los sindicatos
Por último, conviene citar otro fenómeno que condiciona la respuesta ciudadana y el sistema de representación: la desconfianza social en los líderes políticos (CIS y Metroscopia).
Especialmente preocupante es el poco prestigio de los sindicatos que, según las mismas encuestas de opinión, se queda en un apoyo escaso del 29% de la población. En la percepción de la gente, los sindicatos, al igual que los partidos políticos, son fundamentalmente sus aparatos y sus cúpulas, no el conjunto del movimiento sindical. En este caso, la alta burocracia sindical no cuenta con una gran confianza popular, aunque se pueda deducir que es algo más superior entre la población asalariada y, particularmente, en las grandes empresas donde se concentran los núcleos sindicales fundamentales.
Las direcciones sindicales, como se ha comentado, han cometido algunos errores estratégicos, como el aval al recorte de los derechos de las pensiones (enero de 2011) y la firma con las organizaciones empresariales de los pactos para la negociación colectiva con pérdida de poder adquisitivo de los salarios (enero de 2012), así como, vinculado con esos acuerdos generales, la correspondiente desactivación de la presión sindical, particularmente tras las expectativas del 29-S, para mantener la oposición a esta política (Así no; Rectificación ya). La sospecha extendida entre sectores indignados es que las grandes concesiones de la mayoría de los dirigentes sindicales al recorte de las pensiones futuras eran a cambio de la contrapartida de una supuesta estabilidad para las altas estructuras de los grandes sindicatos, que pretenderían blindarla con el compromiso de una reforma consensuada de la negociación colectiva. Su colaboración con los recortes gubernamentales de los derechos de las pensiones tiene dificultades de legitimación. Los intereses corporativos del aparato sindical (el medio) se pondrían por delante de la función de representar los intereses de las clases trabajadoras (el fin). Es el pretexto utilizado por una parte de la opinión indignada para meterlos, injustificadamente, en el mismo saco que la clase política gestora de los recortes. Esa relativa desafección de sectores de la izquierda social y la ciudadanía indignada hacia las estructuras sindicales se acumula a la ofensiva cultural de la derecha mediática y política, intentando presentarlas como obsoletas y corporativas, cuando todavía son el instrumento principal de defensa de las clases trabajadoras, existente en las empresas y en el marco más general.
El sindicalismo tiene una amplia representatividad, con cerca de tres millones de afiliados y seis millones de votantes y articulan la representación de la mayoría de los quince millones de asalariados en la negociación colectiva y el diálogo social. Los representantes directos de trabajadores y trabajadoras realizan, normalmente, una ardua tarea en las empresas de asesoramiento y defensa de sus representados frente a la coacción empresarial. Además, a pesar de esos errores de estrategia sindical o de distintas prácticas burocráticas, los sindicatos han promovido, con el arrope de múltiples grupos sociales y distintos altibajos, la más amplia contestación social en España de los últimos tiempos, con tres huelgas generales (entre cuatro y cinco millones de participantes), grandes manifestaciones (entre uno y dos millones) y movilizaciones y conflictos sectoriales y ciudadanos masivos (como en enseñanza y sanidad). Son instrumentos fundamentales para defender a las clases trabajadoras y promover el cambio social (Antón, 2006; Baylos, 2012; Benito, 2012; Trentín, 2012).
El sindicalismo sigue en una encrucijada estratégica. Tiene el reto de fortalecer la oposición a estas políticas de ajuste duro y austeridad, defender los derechos sociales y laborales de las clases trabajadoras y estimular un amplio proceso participativo que asegure un cambio social progresista. No obstante, existe un desequilibrio entre, por un lado, la amplia capacidad de movilización y articulación social del sindicalismo y la gran representatividad de sus representantes directos en las empresas (más de trescientos mil delegados y delegadas) y, por otro lado, la débil legitimidad ciudadana de sus dirigentes y aparatos, aun cuando mantengan la confianza de gran parte de sus estructuras de base.
En esos dos aspectos, capacidad movilizadora y legitimidad, existe una diferencia respecto al otro gran movimiento, el 15-M. En este caso, su capacidad de movilización social ha demostrado ser brillante, oportuna y contundente, no solo en las redes sociales sino en las calles, alcanzando entre medio millón y un millón de personas activas. No obstante, la legitimidad de este movimiento ciudadano y los grupos de activistas que lo encabezan es muy superior a la de los dirigentes sindicales, alcanzando tanto en mayo de 2011 cuanto en mayo de 2012 a más del 60% de apoyo ciudadano. Es difícil prever el devenir de este movimiento, las últimas movilizaciones de septiembre de 2012 en adelante (Rodea el Congreso…) cuentan con varias decenas de miles de personas, con una participación más amplia en las manifestaciones del año 2013 (23-F, 12-M, 23-N) y 2014 (22-M). Las dificultades para su vertebración organizativa y la continuidad de una gran actividad movilizadora y de denuncia son muchas. Pero, globalmente, su orientación crítica, social y democrática y sus métodos pacíficos y expresivos de presión frente a las grandes instituciones políticas y económicas, cuentan con la simpatía de la mayoría de la sociedad.
Como dato ilustrativo complementario, según Metroscopia (diario El País, 17 de marzo de 2013), para defender los intereses de las personas en riesgo de desahucio el 81% de la población confiaría en la Plataforma de Afectado por la Hipoteca y el 76% en las ONGs de defensa de los desfavorecidos, mientras NO confiaría en el actual Gobierno el 87%, ni en el principal partido de la oposición el 86% (78% de los propios votantes del PSOE). La acción colectiva de esos movimientos sociales cuenta con una gran legitimidad ciudadana.
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El papel reivindicativo y sociopolítico del movimiento sindical
Aquí se explican dos aspectos que condicionan la respuesta del sindicalismo y su dimensión reivindicativa y sociopolítica: la insuficiencia de la estrategia de diálogo social y la conveniencia de una oposición firme a la involución sociolaboral.
Fracaso del diálogo social
En los últimos años, junto con el paro masivo y las graves consecuencias sociales producidos por la prolongada crisis económica, se consolidan y generalizan las políticas de ajuste económico y austeridad para las clases trabajadoras en España y la UE, particularmente, desde el Consejo europeo de mayo del año 2010. Al recorte de condiciones y derechos sociolaborales de la ciudadanía se suma la apuesta liberal por el desequilibrio en las relaciones laborales, con refuerzo del poder empresarial y debilitamiento de los sindicatos. La imposición gubernamental de esas políticas regresivas, con el apoyo del poder económico y financiero, conlleva el fracaso del sistema de diálogo social como vía de freno a esas medidas y marco para establecer una política equilibrada y compartida frente a la crisis.
La tradición del movimiento sindical ha combinado en diferentes momentos una doble estrategia basada en el conflicto social y el acuerdo general, en la movilización sindical y sociopolítica y en la negociación y el diálogo institucional. La combinación de esos dos elementos básicos está condicionada por las estrategias y la posición de las contrapartes (Gobiernos y organizaciones empresariales), así como por las expectativas de avance en los objetivos reivindicativos fundamentales para trabajadores y trabajadoras y la ciudadanía: mejoras sociolaborales y de empleo sustantivas, y fortalecimiento de la participación popular y, específicamente, del sindicalismo como instrumento de representación de intereses y mediación de propuestas y reivindicaciones de sus bases sociales. La acción sindical es un medio fundamental para conseguir resultados concretos en los dos planos: avances reivindicativos; mejorar la capacidad representativa, movilizadora y contractual del sindicalismo. En condiciones defensivas, se puede formular como freno al deterioro de las condiciones en los dos ámbitos con una acción firme y continuada que modifique esa situación desventajosa.
En los últimos años la estrategia sindical de diálogo social ha materializado tres grandes pactos generales: Acuerdo para la negociación colectiva del año 2010; acuerdo social y económico con el aval a la reforma de las pensiones del año 2011, y nuevo acuerdo para la negociación colectiva del año 2012, antes comentado. Ninguno de ellos ha supuesto avances sustantivos ni mejoras significativas para trabajadores y trabajadoras. Los supuestos compromisos de las contrapartes a los sacrificios salariales y de pensiones acordados, también se han incumplido, y las arduas negociaciones posteriores han fracasado.
En el primer caso, no evitó la ruptura del diálogo social sobre la reforma laboral y con el beneplácito de la patronal el Gobierno del PSOE impuso su regresiva reforma laboral, a la que hubo que contestar con la huelga general del 29-S, exigiendo su rectificación y la consiguiente ILP.
En el segundo caso, la mayoría de las direcciones sindicales, aún con una ligera suavización respecto del plan inicial, colaboró con un recorte sustancial de los derechos de pensiones, con importantes dificultades de legitimación social. La mayoría ciudadana estaba y está en contra de las dos condiciones de aplicación mayoritaria para acceder a una pensión completa: la edad legal de jubilación a los 67 años y el aumento de cotización de 35 a 37 años; las consecuencias son, entre otras, la correspondiente penalización de casi un 20% (15% + 4,5%) respecto de los derechos actuales del 100%, en los casos más ordinarios según la edad (65 años) y cotización (35 años). Ese gran sacrificio para los asalariados ha sido cuantificado oficialmente como de 3,5 puntos del PIB (35.000 millones de euros anuales) cuando se apliquen íntegramente esas medidas.
Pero, además, también fue incumplida la contrapartida gubernamental de consensuar la siguiente reforma de la negociación colectiva. Por tanto, el acuerdo sindical con el retroceso en los derechos de las pensiones tampoco evitó la imposición unilateral por el Gobierno del PSOE de otra reforma atentatoria de los derechos y equilibrios contractuales en la negociación colectiva. Hubo que constatar esa trampa y contestar esa nueva agresión, junto con un distanciamiento a la política gubernamental y europea que se reafirmaban en las políticas de austeridad (reforma constitucional) y, más tarde, ya con la derecha en el Gobierno, en mayores y profundas reformas regresivas.
En el tercer caso, el acuerdo firmado en enero de 2012 para la negociación colectiva, además de aceptar y favorecer la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la desactivación de las exigencias reivindicativas en los convenios colectivos, tampoco evitó la ruptura de la negociación institucional sobre las normas reguladoras de la negociación colectiva. El Gobierno del PP aplicó una dura y agresiva reforma, la de mayor trascendencia en estas décadas, para debilitar los derechos de la población asalariada y desequilibrar todavía más las relaciones laborales en beneficio del poder empresarial y en perjuicio de la representación sindical y la capacidad defensiva en las empresas. Hubo que contestar con la huelga general del 29-M.
Las tres grandes reformas han constituido un fracaso en los dos planos: retroceso de condiciones y derechos sociolaborales, y debilitamiento de la capacidad contractual del sindicalismo (reforma laboral y de la negociación colectiva) o de su legitimidad social (reforma de las pensiones). Los intentos negociadores en torno a ellas no las han modificado y han fracasado. Siguen pendientes los objetivos de revertir esos retrocesos: garantías laborales, equilibrios en las relaciones laborales y derechos de jubilación (65+35).
Combinado con esos pactos globales se han promovido tres grandes huelgas generales (una por curso), con importante participación y mayor apoyo popular a sus objetivos. Han sido procesos de reafirmación del sindicalismo y aumento de su legitimidad social, imprescindibles tras las evidencias de las fuertes agresiones gubernamentales, su incumplimiento de las promesas anteriores y el fracaso de la negociación. Han expresado el otro componente fundamental de la acción sindical. La firme voluntad sindical y la masiva contestación popular contra medidas impuestas e impopulares. Es verdad que tampoco han conseguido sus objetivos reivindicativos inmediatos de echar atrás las respectivas reformas laborales. Pero han señalado el camino para ello, han consolidado una opinión ciudadana contra los recortes sociales y laborales y en defensa de un empleo decente, han debilitado la credibilidad gubernamental, y apuntan a una rectificación de esa política regresiva. Suponen también una relegitimación de la actuación representativa y de liderazgo del sindicalismo, aspecto crucial ante los intentos conservadores de su marginación.
Firmeza reivindicativa por el cambio de la política socioeconómica y laboral
Existe un contexto de hegemonía de las políticas regresivas y fuerte poder institucional y patronal. Junto con la continuidad del paro masivo y las nuevas brechas sociales, las medidas regresivas que se están aplicando, todavía van a tener efectos sociales y sindicales más perniciosos. Pretenden una salida regresiva de la crisis y la subordinación de las capas populares, junto con marginación del sindicalismo y la neutralización de la indignación ciudadana.
La estrategia sindical de diálogo social o acuerdos generales no ha ofrecido soluciones a los grandes problemas y objetivos externos (reivindicativos) e internos (capacidad representativa y contractual). Tampoco ha servido, significativamente, en un sentido defensivo, como veto o freno a dinámicas mucho más agresivas.
La acción sindical fundamental no pasa por la prioridad de un diálogo social subordinado y de colaboración con esa dinámica. La pasividad o simple inercia tampoco es suficiente. La experiencia de las tres huelgas generales ha expresado los límites de participación y de resultados reivindicativos, aunque ha permitido ampliar el apoyo social a los objetivos y la representatividad de los propios sindicatos. Igualmente, las importantes movilizaciones sectoriales en diversos ámbitos sectoriales y territoriales (como la enseñanza en Madrid o los empleados públicos en Cataluña) han demostrado el amplio respaldo a las iniciativas sindicales, aun cuando sean lejanos o parciales los frutos reivindicativos. En su conjunto, se han puesto de manifiesto las dificultades sindicales para garantizar los derechos sociolaborales y evitar la involución social. La realidad de la crisis socioeconómica y de empleo y las regresivas políticas gubernamentales son un obstáculo para avanzar en una salida equitativa y progresista de la crisis. Pero ha quedado claro que la política sindical de colaboración o pasividad con los recortes de derechos tiene efectos perniciosos para la población trabajadora y el propio movimiento sindical, y que el distanciamiento y la oposición a los mismos, condicionan su aplicación y facilitan un mayor prestigio y legitimación del sindicalismo, palanca desde la cual se posibilita el avance posterior.
Los próximos años no aventuran un deseo gubernamental y de las instituciones europeas de un cambio sustancial hacia una salida más justa y equitativa de la crisis. Esa es la alternativa que el sindicalismo pretende conseguir en defensa de un modelo social, laboral, democrático y productivo progresista. Para ello, sería necesaria una acción sindical firme y prolongada de activación de todos los recursos laborales y sindicales para revertir esa tendencia dominante y abrir una dinámica de cambio de esas políticas y el reequilibrio en las relaciones laborales. Los sindicatos son agentes representativos fundamentales para condicionar esa orientación. Su reconocimiento institucional y el impulso negociador deben estar basados en los resultados de mejoras reivindicativas para las clases trabajadoras, en el cuestionamiento de los retrocesos.
Supone impugnar el acuerdo de la negociación colectiva e impulsar la acción reivindicativa en la negociación colectiva y frente a las reestructuraciones empresariales. Es preciso que los sindicatos promuevan una firme acción sindical y sociopolítica, junto con otros agentes y movimientos sociales, particularmente contra los recortes sociales y del Estado de bienestar, asegurando la calidad de los servicios públicos, una protección social plena y los derechos de las pensiones. Se trata de enmarcar esa acción sindical en un proceso de activación sindical y movilización social contra las medidas agresivas más relevantes y, en primer lugar, por la abolición de las reformas laborales impuestas. Para ello es necesaria una estrategia global, continuada y prolongada, basada en la firmeza para exigir la reorientación de la política socioeconómica y laboral y en defensa de los intereses y derechos de trabajadores y trabajadoras que, además, refuerce al propio sindicalismo y la acción democrática de la ciudadanía.
En definitiva, el sindicalismo, junto con diversos grupos sociales, ha sido capaz de activar un amplio movimiento sociopolítico contra la austeridad y constituye una fuerza social clave para defender a las clases trabajadoras y promover un cambio de rumbo. Pero ha cometido algunos errores que han debilitado su legitimidad social y su capacidad transformadora. Y sus inercias organizativas dificultan una mejor vinculación con significativos segmentos de la sociedad. A los sindicatos se les puede pedir más: evitar actuaciones erróneas, incrementar su dinamismo y firmeza en la acción sindical y renovar sus dinámicas organizativas y sus discursos. Así se fortalecerá su doble dimensión reivindicativa y social.
Notas:
1 Una versión inicial de este texto fue presentada como Comunicación en el XI Congreso español de Sociología, especialidad de Sociología del Trabajo, Madrid, julio de 2013.
2 El análisis detallado de las resistencias sociales en los años anteriores está en Antón (2011), y una valoración respecto del papel de la ciudadanía activa en este ciclo de la protesta social en Antón (2013).
3 Los dos objetivos generales aprobados por el X Congreso de CCOO (2013), recogidos en su lema, son «combatir la crisis y renovar el sindicato»; su concreción en el primer Consejo Confederal es: Restablecer la relación de fuerzas, recuperar el diálogo social y mantener la movilización democrática. Renovar el sindicato, dando respuesta a los desafíos de la actual coyuntura social y política (Fernández Toxo, 2013). En el caso de UGT el lema de su 41º Congreso es más genérico: La unión por el trabajo. Acción y solidaridad (UGT, 2013).
4 Un análisis detallado de la reforma laboral y esta huelga general y su repercusión sociopolítica se expone en la Comunicación presentada en la II reunión Intercongresual del Comité de Sociología del Trabajo de la Federación Española de Sociología, Bilbao, junio de 2012, publicada en Antón (2012a).
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Antonio Antón. Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
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