Hace unos días se conmemoraba el día contra la trata. Una reclamación que reivindica la lucha contra el trabajo forzoso o esclavo y otras fórmulas de limitación a la libre decisión de las personas sobre su vida, como el matrimonio infantil, que por definición es no consentido.
En todos los países ocurren casos que se pueden calificar así. En el nuestro es frecuente que se destapen casos de temporeros, fábricas clandestinas o trabajo doméstico con asalariados sin papeles que desarrollan largas jornadas laborales, sin protección social y remuneraciones que impiden tener vida y alojamientos decentes, cuando no son suministrados por los patrones en lugares sin condiciones. También, sería el caso de la prostitución. Por último, con más dificultad de detección, está el matrimonio forzado de niñas que suele ocurrir fuera de nuestro país, pero que cuenta con la complicidad de padres o cónyuge que habitan entre nosotros.
Después de estas consideraciones, está el derecho y la obligación social de dotar de igualdad de oportunidades para los niños y que éstos, en su edad madura, puedan elegir lo que quieren ser de mayor. Es en este sentido con el que queremos reclamar el derecho de las niñas de los reyes de España, Felipe de Borbón y Leticia Ortiz de que puedan elegir, que sepan que pueden y deben elegir. Que sus padres, Las Cortes, España no pueden obligarlas a ser una cosa que no quieran. Que sus padres, pero también el Gobierno, Las Cortes, sus profesores, sus amigos y conocidos les informen que pueden (y deben) tener una vida normal, elegir a sus amigos, parejas y tener la profesión y estudios que quieran. Que no están obligadas a nada.
Y que, por favor, sean libres para trabajar como los comunes mortales para ganarse la vida y contribuir al bien común. No podemos consentir el saber que estamos condenando a unas niñas a un planteamiento de vida marcado por la baraja o predestinadas por un apellido, sea zapatero, obispo o borbón y no hacer nada y que las instituciones, sean gremiales, teológicas o atávicas, como la monarquía, sean las que determinen el futuro de unas niñas.
Que sus padres o las instituciones, aunque esté escrito en la piedra de la Constitución, no dibujen sus vidas. Ya tendrían como padres o si se consideran instituciones democráticas que haber modificado sus instrucciones o leyes para no fosilizar el trabajo forzoso esclavo real. Es un deber cívico la inexistencia de leyes esclavistas, sean para el trabajo forzoso esclavo o real.
Esto tiene que ocurrir y, en todo caso, ellas mismas pueden y deben repudiar el determinismo real si sus mayores y nosotros no tenemos valor, por no se sabe qué miedo, a redactar el mañana de nuestra convivencia institucional.
Ellas agradecerán su libre decisión y nosotros, la ciudadanía, también.