Como cada 22 de julio, esta jornada internacional de resistencia pacífica sirve de herramienta de solidaridad con las comunidades afectadas que por todo el mundo luchan contra las consecuencias socioambientales de las actividades extractivas a gran escala. La megaminería tiene múltiples efectos y una norma de inicio que es la división social, pero supone, igualmente, […]
Como cada 22 de julio, esta jornada internacional de resistencia pacífica sirve de herramienta de solidaridad con las comunidades afectadas que por todo el mundo luchan contra las consecuencias socioambientales de las actividades extractivas a gran escala.
La megaminería tiene múltiples efectos y una norma de inicio que es la división social, pero supone, igualmente, graves alteraciones en el paisaje y la destrucción irreversible de su biodiversidad por el triple impacto que esta actividad desarrolla sobre aire, agua y suelos. Finalmente, se trata de la tarea industrial que más residuos genera y una de las que más energía y agua consume. Por eso, no puede hablarse de la minería de gran porte como una actividad «sostenible» bajo ninguna perspectiva, ni ambiental, ni social.
El factor clave para su prohibición está siendo la reacción de las comunidades y su presión al legislador, y lo que hace tan sólo unas décadas parecía imposible se ha convertido en una realidad palpable. La megaminería a cielo abierto, por ejemplo, ya ha sido prohibida, entre otros, en países y regiones como Turquía (1997), República Checa (2000), Nueva Gales del Sur (Australia, 2000), Colorado (Estados Unidos, 2002), Alemania (2002) y Costa Rica (2002), así como ocho provincias argentinas (la última Tierra del Fuego en 2011).
Los Tratados de Libre Comercio, un cabayo de Troya para las grandes corporaciones del sector extractivo
La megaminería ha encontrado en los tratados de libre comercio como el TTIP, TISA o CETA sus principales aliados. Estos acuerdos redirigen el sistema hacia un nuevo tipo de economía colonial puramente especulativa, con una limitación del control efectivo de las multinacionales por parte de los estados, en un contexto en el que cualquier tipo de litigio entre países y corporaciones habrán de dirimirse a través de tribunales internacionales de arbitraje, que funcionan como entes privados que en última instancia terminan por beneficiar al capital transnacional que defienden los grandes conglomerados empresariales.
Como la megaminería, los tratados de libre comercio implican la mayor amenaza de la historia para el medio ambiente y los ecosistemas por el aumento exponencial de la presión sobre los recursos naturales y su favorecimiento de proyectos extractivos de alto impacto, tanto sobre el sistema natural como las comunidades, por eso ahora es el momento de actuar.
La Plataforma Salvemos Cabana forma parte de la campaña NO al TTIP, que coordina a 480 organizaciones sociales de todo el Estado. Más información: www.noalttip.blogspot.com.es