En España, desde la llegada de la Transición, rige como una norma no escrita que las decisiones más importantes de la política española, y en especial las referidas a la política exterior, han de contar siempre con un consenso de las principales fuerzas políticas e incluso de los diferentes poderes del Estado.
Sin embargo desde que Marruecos, en su táctica de presión y acoso a España, mandó a Ceuta a más de 10.000 inmigrantes y acto seguido consiguió a través del software Pegassus espiar los teléfonos de Sánchez, Robles, Laya y Planas, parece que logró extraer bastante información comprometedora de sus terminales móviles. Desde entonces las tornas han cambiado y de golpe y porrazo Sánchez y su mediocre ministro de Exteriores han liquidado el consenso en la política exterior del Estado español.
El primer paso con el que Sánchez destrozó ese pacto de Estado es la famosa carta de pleitesía enviada al sátrapa Mohamed VI hace justo ahora un año.
Aquella decisión fue reprobada por todas las fuerzas políticas españolas, por las dos cámaras parlamentarias de España, por la mayoría de instituciones medias españolas y por la sociedad civil en general.
A pesar del rechazó unánime de la decisión de Sánchez y Albares, éstos al parecer pretenden continuar actuando por su cuenta y riesgo, tomando decisiones personales muy alejadas de la opinión, el sentir y el interés de la mayoría de los españoles. Estas decisiones peregrinas, infantiles, prescindibles y superfluas, ponen en peligro la convivencia en la zona del norte de África, perjudicando gravemente los intereses de España en esa estratégica zona, además de hipotecar las decisiones futuras de la política española en el Margreb, El sucesor de Sánchez tendrá que lidiar con un enorme marrón y para arreglarlo tendrá que hacer muchos malabares.
Según ha trascendido estos días, el dúo Sánchez/Albares pretende seguir actuando en solitario concediendo al régimen marroquí el espacio aéreo del Sáhara Occidental y negociando la delimitación de las aguas canario-saharauis.
Para los mas profanos en el asunto hay que recordar que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo inscrito como tal en las Naciones Unidas y cuya administración aún corresponde al Estado español. Aunque España lo niegue, el único trámite legal realizado por España para desvincularse de su territorio de ultramar el antiguo Sahara Español, es una carta dirigida a la ONU anunciando su retirada del territorio. No obstante, el derecho internacional es claro y taxativo en los referente a la descolonización de los territorios coloniales, «ninguna metrópoli puede por sí sola desvincularse de un territorio colonial, necesariamente, tiene que cumplir con el proceso de descolonización establecido en las cartas de las Naciones Unidas que obliga a las potencias administradoras a propiciar la libre determinación de los pueblos y la supervisión de ese proceso por parte de las Naciones Unidas, además de velar por los intereses culturales, políticos y económicos de los pueblos bajo su administración».
Por desgracia, y de forma negligente, España quiso lavarse las manos y no cumplió ninguno de los criterios establecidos por las normas y leyes internacionales. Y aún peor, persiste en su empeño de desentenderse de la asunción de las responsabilidades contraídas con el pueblo saharaui como consecuencia del ilegal abandono perpetrado por el tardofranquismo y la corona de los Borbones.
Ningún país está habilitado ni autorizado para acordar aspectos que correspondan a la soberanía de un territorio no autónomo, así que los intentos de Sánchez/Albares y la dictadura marroquí caerán en saco roto, porque no tendrán ningún tipo de validez.
Lo que significa que la deriva del dúo Sánchez /Albares entregando competencias exclusivas de la soberanía española al régimen marroquí es una violación flagrante del derecho internacional y de las cartas de las Naciones Unidas, a lo que hay que añadir el quebrantamiento de la voluntad del pueblo español al tomar decisiones que afectan la soberanía nacional sin consultar a los representantes y órganos legítimos de los pueblos de España.
Las organizaciones y partidos políticos, así como los órganos competentes del Estado y la sociedad civil, no pueden ni deben bajo ningún concepto permitir está deriva personalista que vulnera la soberanía española. Estas decisiones sin consenso pueden constituir una grave amenaza a la integridad territorial del Estado español. Qué será lo siguiente?, ¿Ceuta y Melia?, ¿las Canarias?, ¿el Monte Trópic?
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