La minería aun es una actividad que genera graves consecuencias al medio ambiente y a las comunidades que viven en áreas de próximas de las explotadas. Actualmente, según informaciones del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal), por lo menos 118 conflictos en la región están relacionados a la minería. Para unir esfuerzos contra […]
La minería aun es una actividad que genera graves consecuencias al medio ambiente y a las comunidades que viven en áreas de próximas de las explotadas. Actualmente, según informaciones del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal), por lo menos 118 conflictos en la región están relacionados a la minería. Para unir esfuerzos contra la explotación minera, más de 40 entidades y organizaciones colombianas formaron, el pasado lunes (22), la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional.
Según comunicado, fuentes oficiales informaron a la Red que, al final del año pasado, el gobierno colombiano entregó cerca de 5 millones de hectáreas en concesión a las transnacionales mineras. «Mientras que la inversión extranjera en minería entre los años 2002 y 2009, aumentó más del 500%, la contribución para el empleo se redujo», explica.
En razón de situación, organizaciones, movimientos sociales y entidades colombianas resolvieron unir fuerzas contra la explotación extranjera del país y formar la Red. Además de la lucha contra la minería transnacional, la Red también tiene como banderas: la lucha contra las leyes de despojo; la defensa de la vida, la permanencia en el territorio y la soberanía nacional.
La actividad minera en el país no es animadora. Según informaciones de Ocmal, 13 de los 118 conflictos mineros en América Latina, están en Colombia, siendo la mayoría de ellos relacionados a la violación de los derechos humanos. Por lo menos 17 comunidades colombianas son afectadas por 30 proyectos mineros en todo el país.
Prueba de esto, es que de acuerdo con informaciones de Internacional Peace Observatory (IPO), «88 % de las violaciones a los derechos humanos ocurren en el 34% de los municipios colombianos que tienen la industria minero-energética, 87 de cada 100 desplazados forzados, provienen de estas zonas; 89 de cada 100 afro-descendientes son asesinados en estos municipios, 82 de cada 100 sindicalistas son asesinados en estas regiones, en promedio se asesina un sindicalista cada cinco días».
Según IPO, la naturaleza también sufre las consecuencias de la minería, ya que las empresas, para realizar actividades, abren caminos para el transporte de materiales, desvían el curso de los ríos, destruyen florestas con la fauna y la flora y contaminan el medio ambiente con el polvo y productos químicos.
A pesar de las graves consecuencias para el medio ambiente y de las violaciones a los derechos humanos de colombianas y colombianos, muchas transnacionales están resguardadas por las propias leyes del país. Unas de ellas por ejemplo, es la ley 685, de 20001, que según IPO, después de aprobada, consiguió que las actividades se expandiesen en un 300% en el país.
Esta Ley de acuerdo con informaciones del IPO, declara de interés social la minería. O sea «Ningún título puede oponerse a ella, ni los títulos indígenas, ni lo títulos de los afros, ni de los campesinos, ninguno, inclusive aunque la tierra tenga otros destinos y usos, estos deben abandonarse, las tierras deben quedar libre para ser utilizas en la extracción de minerales».
Traducción: Ricardo Zúniga
Fuente: http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=45413