El veterano docente e investigador en Formación Profesional, José Luis Carretero, analiza las alarmas que la joven Ley Orgánica de FP despierta entre la comunidad educativa.
El pasado 18 de julio quedó registrado en el BOE el Decreto Ley
659/2023 que desarrolla la ordenación del Sistema de Formación
Profesional. Así quedaba reglamentada la nueva Ley de Formación
Profesional, de marzo de 2022. Una ley que viene señalada desde
profesionales y sindicatos por profundizar en el modelo de la FP Dual,
celebrado por partidos y patronal pero que despierta dudas en cuanto al
desplazamiento del protagonismo desde los centros de formación a la
empresa, y lo que supone este nuevo modelo respecto a los derechos
laborales de los futuros profesionales.
José Luis Carretero lleva 18 años trabajando como docente en Formación Profesional. Su especialidad, Formación y Orientación Laboral, es fundamental como puente entre el centro educativo y el mercado laboral al que el alumnado saldrá, impaciente por encontrar su sitio y expuesto a un ecosistema precario y difícil para quienes recién empiezan. Pertenece asimismo a Profol, la Asociación Nacional de profesores de esta materia y, en paralelo a su actividad laboral, ha formado parte del Centro de Innovación y Formación las Acacias, así como de otros grupos de investigación, como FOL investigacción.
En los últimos años hemos asistido a una especie de boom de la Formación Profesional, en el que se ha dejado atrás en gran medida todo discurso desvalorizante, y se ha querido presentar esta opción como la apuesta más segura para la inserción laboral.
Precisamente estamos en un momento de transformación. Si el panorama de la FP ha cambiado en los últimos años, vas a ver cómo va a cambiar muchísimo más, pues el año pasado se aprobó la Ley Orgánica. Hace pocos meses, por otro lado, se publicó el borrador del futuro Real Decreto que desarrollará esa Ley. Ha habido todo un desarrollo que ha implicado que la Formación Profesional ya no se considere el patito feo del sistema educativo, pero sobre todo se ha metido mucho dinero. Desde Europa consideran que lo que necesita el sistema económico productivo europeo no es quizás tanta gente que estudia en la universidad y que tenga luego puestos de dirección, sino profesionales, cuadros medios de las empresas que puedan ser técnicos bien formados, que desarrollen el sistema productivo con una base de innovación y de productividad mayor. Es en este sentido que se está impulsando la Formación Profesional.
¿Y cuáles serían los elementos fundamentales de este cambio de paradigma?
La nueva Ley Orgánica integra todos los sistemas de Formación Profesional, tanto el sistema reglado, que es el sistema de centros públicos o privados, como el sistema de la Formación Profesional continua, que es el que se da en las empresas mediante bonificaciones por parte del Estado. Por último, tenemos el sistema de Formación Profesional para el empleo, que es el que ofrece el servicio público de empleo. Estos tres subsistemas se van a integrar en un único sistema, lo que implica fundamentalmente que va a haber un reconocimiento cruzado de las competencias.
¿Qué consecuencias tiene este reconocimiento cruzado?
Se elabora un mapa muy amplio de competencias que se van a poder ir certificando, ya sea por la práctica laboral, por la realización de estudios en el sistema educativo, o por la realización de cursos o cursillos en la formación continua y en la formación para el empleo. Esto, sobre todo, puede implicar una transformación muy radical del sistema educativo, pues contempla que se puedan dar formaciones y certificaciones de competencias o de parte de competencias, no ya de ciclos formativos concretos.
En ese sistema de certificación cruzada lo que nos encontramos es una mayor facilidad para que los alumnos o futuros trabajadores, puedan tener una determinada cualificación. Pero, al mismo tiempo, lo que nos tememos es que el sistema público educativo será colonizado por una dinámica muy parecida a la que hay en la formación continua o en la formación para el empleo, donde proliferan una multitud de pequeñas consultorías extrañas que nadie sabe de dónde han salido. Lo que nos alarma es que se produzca una privatización encubierta del sistema público, de las labores que hoy día realiza el sistema educativo en la Formación Profesional, por la vía de la certificación de toda una serie de titulitos que te pueda dar una pequeña consultoría privada.
La Formación dual, central en la nueva ley, parece generar entusiasmo y múltiples reticencias al mismo tiempo
Esta FP dual se le vende mucho a los alumnos como una maravilla y al fin y al cabo se trata de una buena idea en abstracto, plantea que los alumnos tengan un buen tiempo de formación y un tiempo de prácticas y de estancia en las empresas al mismo tiempo que se hace la formación. Esto en principio suena muy bien: la integración entre la Formación Profesional y la actividad productiva es una necesidad tanto para la Formación Profesional como para el sistema productivo.
Si estuviera bien hecha, la FP dual hasta conectaría con las tradiciones de la educación libertaria en el sentido de que la educación tiene que ser integral, no tiene que ser únicamente teórica. Ha de ser una educación efectiva, cultural, que tenga que ver con la realización de cosas prácticas, con el trabajo físico incluso. Pero claro, el problema fundamental es que no estamos en una sociedad libertaria, ni en una sociedad con una economía autogestionaria sino que esta FP se pone en práctica en una sociedad capitalista como la actual.
¿Y no es una buena solución en esta sociedad capitalista?
Bueno, se nos pretende decir que se va a imitar el modelo nórdico, el modelo alemán de Formación Profesional dual que aumenta en la nueva Ley de Ordenación de la Formación Profesional las horas que los chavales llaman prácticas, que en realidad es el módulo de formación en centros de trabajo. Este aumento se va a hacer de forma acelerada, y esto implica una serie de contradicciones a las que tendremos que estar muy atentos.
Creo que se ha cogido a una parte importante de la juventud y se la está condenando a una especie de minoría de edad laboral durante mucho tiempo. Es decir, una de las formas de huida del derecho del trabajo que se han ensayado en las últimas décadas por parte de los sectores empresariales, al hilo del desarrollo del neoliberalismo, ha sido precisamente esa dinámica de centrarse en las zonas de frontera entre el derecho del trabajo y otras cosas. Dentro de estas otras cosas están los falsos autónomos, las plataformas colaborativas, y está también todo el tema del trabajo-formación.
Se han multiplicado las formas de becas, de prácticums en la universidad y en la Formación Profesional. Esto puede parecer que tiene un sentido desde un punto de vista abstracto, pero luego cuando lo llevas a lo concreto tienes a un montón de chavales trabajando sin que sus derechos laborales se vean respetados. Una fuerza de trabajo sin derechos, barata. Este es uno de los problemas que puede generar la Formación Profesional dual.
¿Qué mecanismos fallan para que se den estas situaciones?
Como decía, el sistema está inspirado en países como Alemania, pero allí está implantada fundamentalmente en grandes empresas industriales, donde hay mucho control sindical, y esto hay que tenerlo presente. Se trata de un control sindical absoluto de lo que se está haciendo por parte de los alumnos en las empresas, mientras aquí la capacidad de tener un control sobre lo que hacen realmente los chavales es mucho más limitada.
Esto se debe, primero, a que el tejido productivo es muy distinto. No estamos hablando normalmente de grandes empresas. En algunos casos sí, pero en muchos casos las implicadas son pequeñas empresas donde la relación con el alumno-trabajador es mucho más directa. Por otro lado, los tutores de empresa tampoco están homologados, mientras en Alemania las personas que dentro de la empresa tutorizan al alumno que está en prácticas, tienen que estar homologadas con un sistema público, algo que en España no existe, como tampoco existe un banco público de empresas fiables.
Otro de los elementos de la dual es el tema de la polivalencia de los aprendizajes, sobre todo en sectores donde la variación es muy grande. Por ejemplo, en un sector como la hostelería, a lo mejor lo que aprendas en el VIPS no te va a servir tanto como para Burger King o para otro sitio. Pasar gran parte del ciclo haciendo prácticas en una empresa, limita la polivalencia del aprendizaje, algo importante para una FP de ambición integral. En realidad, la ley establece la posibilidad de que tú hagas las prácticas no en una sola empresa, sino en varias, pero ya veremos si eso luego de verdad se puede implementar.
¿Qué se ha previsto para impedir que el estudiantado de FP devenga mano de obra barata?
Sobre el papel hay dos modelos: está el modelo general, que es muy parecido al actual pero con más horas de prácticas. En este modelo los alumnos seguirían sin cobrar nada o cobrando únicamente una beca en el caso de que la empresa la de. Por otro lado está el modelo intensivo donde las prácticas son mucho más tiempo. Bajo esta posibilidad, los alumnos, a partir de una determinada fecha que se establece en la propia ley, tendrían que tener un contrato laboral de formación en alternancia de los que ha creado la última reforma laboral de diciembre de 2021. Este contrato sería una mejora, sería llegar a alguna parte, aunque sigue siendo un contrato con menos derechos que un contrato normal y corriente.
El problema en este sentido es que aún no hay nada claro. Paralelamente se está negociando el estatuto del becario, que también puede representar mejoras estableciendo un suelo mínimo de condiciones para ese trabajo- formación del que hablaba. Pero de nuevo la cuestión es: ¿se va a poder implementar? Es decir, ¿vamos a poder convencer a algunas empresas de que realmente hagan ese tipo de contratos a alumnos que ahora tienen gratis? Ya veremos.
Existe una preocupación extendida en torno a la eventual privatización de la FP.
Es una preocupación con fundamento: todo apunta a que esto se va a convertir en un gran coto de caza para las empresas privadas, y sobre todo para los fondos de inversión, que ya están invirtiendo en academias privadas y centros de FP privados. Ya no se trata de la Iglesia por un lado —que toda la vida ha tenido su sector de enseñanza concertada y privada muy fuerte— y pequeños centros privados o academias de profesores que se acaban convirtiendo en centros privados. Aquí están entrando los grandes fondos de inversión a saco. Se están quedando con grandes operadores de la Formación Profesional privada. Yo creo que la tendencia va hacia ahí sobre todo en sitios como la Comunidad de Madrid.
¿La ley introduce salvaguardias para evitar este proceso de privatización?
La ley no opera sobre eso, lo que hace es facilitar ese proceso de certificación cruzada, descomponer los títulos en competencias y que luego se puedan ir convalidando de una manera dispersa. Al permitir eso lo que estás haciendo es generar la posibilidad de que esa competencia tú la hagas en la academia no sé qué, en el centro no sé cuantitos, y que al final te acabes sacando el título con unas cuantas de esas competencias.
Así se multiplicará el número de titulados pero se pierde la coherencia y la concepción integral de la titulación. Creo que es un plus añadido que desaparece muchas veces en ese tipo de concepciones, la titulación no es simplemente una sumatoria de una serie de competencias, sino que es también necesario un trabajo de integración, de visión global y holística de esa profesión. No basta simplemente con saber cocinar tal cosa o tal cosa, sino que tendrás que tener una visión general de lo que es el mundo de la hostelería en general, por decirlo de alguna manera, incluso una visión crítica y global sobre de qué estás hablando, de a qué te vas a dedicar.