Trece años después de que se impulsara la construcción de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia, la iniciativa arranca por fin. Lo que se consideraba un macroproyecto estratégico y esencial para el futuro económico del País Valenciano no parece, debido a la demora, que fuera tan urgente. Pero hay algo en […]
Trece años después de que se impulsara la construcción de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia, la iniciativa arranca por fin. Lo que se consideraba un macroproyecto estratégico y esencial para el futuro económico del País Valenciano no parece, debido a la demora, que fuera tan urgente. Pero hay algo en lo que no es posible dar marcha atrás: el suelo de huerta de la pedanía de la Punta, arrasado para implantar la gran área logística vinculada al puerto.
A mediados de enero de 2011, se anunció que SEPES, la empresa estatal propietaria de los terrenos de la ZAL, cerraba la venta de 10 hectáreas de terreno a la sociedad VPI Logística, participada por el Puerto, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia. Esta entidad arrendará ahora el suelo, en forma de parcelas, a las empresas interesadas en instalarse en la ZAL.
Más allá de estas operaciones preliminares, los grandes perjudicados de la ZAL quedaron perfectamente retratados hace más de una década. Por una parte, la ciudad de Valencia y sus ciudadanos, que pierden 65 hectáreas de tierra de huerta fértil (sobre la que se implanta la zona logística); y, más directamente, los 200 vecinos que vieron demoler sus alquerías en aras de un supuesto interés general.
Como en la mayor parte de los «Grandes Proyectos» en el País Valenciano, el consenso es casi absoluto. La derecha económica -y especialmente la Autoridad Portuaria y la patronal valenciana-, el PP (a cargo de las instituciones locales y autonómicas) y el PSOE (desde el gobierno central) han visto siempre la ZAL como una iniciativa económicamente vital. Convertiría el Puerto de Valencia, se decía para vender el producto, en el primero del Mediterráneo, con lo que superaría al de Barcelona.
Y a la huerta le quedan pocas opciones cuando hay grandes operaciones en juego. Ya en 1988, el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia declaró la huerta de La Punta «suelo no urbanizable de especial protección agrícola», fórmula que abría la puerta a una futura reclasificación de los terrenos para usos logísticos. De hecho, es lo que ocurrió años después.
Emplazada en el sureste de la ciudad de Valencia, entre el barrio de Natzaret y el nuevo cauce del río Túria, La Punta era una pedanía de huerta y alquerías con posibilidades de convertirse -si no se hubiera proyectado la ZAL- en uno de los grandes «pulmones verdes» de Valencia. Su proximidad con el Parque Natural de l’Albufera hubiera aumentado, incluso, las prestaciones ambientales en beneficio de la ciudad.
Esto hubiera sucedido en condiciones normales. Pero según el economista de la Universitat de Valencia, Rafael Bernat, «Valencia ha vivido tradicionalmente de espaldas a ese gran patrimonio cultural y paisajístico que es la huerta; sólo ha estado valorada desde una visión folclórica y neorruralista, razón por la que continúa siendo la gran desconocida para la gran mayoría de los ciudadanos».
El Plan General de Valencia, que se halla en fase de revisión, continúa por la misma senda. En opinión del coordinador de Esquerra Unida en la ciudad de Valencia, Amadeu Sanchis, «el tratamiento que recibe la huerta de La Punta por parte del Ayuntamiento de Rita Barberá no es ninguna excepción, sino que responde a un modelo de ciudad desarrollista al más puro estilo franquista; de hecho, el nuevo Plan General también propone la reclasificación de otras zonas de huerta, como el entorno del Campus de la Universidad Politécnica; lo único que importa es el beneficio a corto plazo».
Sanchis explica que «el error de la ZAL está ya en su misma concepción». «Incluso a partir de criterios netamente capitalistas, alternativas que se plantearon en su día se rechazaron incomprensiblemente; por ejemplo, la ubicación en Sagunto, que hubiera aliviado un área afectada por procesos de desindustrialización y evitado, así, la destrucción de la huerta de La Punta».
Ahora, cuando los poderes fácticos de la ciudad han apostado decididamente por un modelo de ocio, turismo y grandes eventos -como la Copa América y la Fórmula 1- la ZAL no parece tan urgente ni prioritaria. Incluso la construcción de infraestructuras para albergar los grandes proyectos, como ha ocurrido con el circuito de Fórmula 1, estrangulan el crecimiento del puerto.
El nuevo modelo de ciudad ofrece evidentes contradicciones con la realidad de la ZAL, un proyecto que se enmarca en un paradigma industrial y mercantil. Tal vez por esta razón, la zona logística no ha dado sus primeros pasos hasta enero de 2011, cuando en 2003 ya estaban derribadas todas las alquerías de la huerta y en 2006 los terrenos donde está prevista la ZAL habían sido urbanizados.
«Se aseguró que hacía falta una gigantesca área logística para que el Puerto de Valencia se convirtiera en el mayor del Mediterráneo. La parálisis de más de una década resulta de una incoherencia absoluta, incluso desde el punto de vista de los defensores de la actuación. Y lo peor es que les saldrá gratis», concluye Rafael Bernat.
La Punta y la épica de la resistencia
La resistencia en la huerta de La Punta ha representado una de las batallas más duras y abnegadas que los movimientos sociales han planteado en la ciudad de Valencia en la última década. Se luchó por unas necesidades muy básicas, la tierra y las alquerías, ante un enemigo de un potencial muy superior: la Autoridad Portuaria (uno de los grandes poderes fácticos de la ciudad) y las administraciones estatal, autonómica y local (en manos del PP y del PSOE).
Entre 2000 y 2003 se derribaron 200 alquerías. A los vecinos que allí residían les quitaron sus raíces a cambio de compensaciones irrisorias, que en ningún caso redimían la injusticia. La resistencia asumió un carácter épico. Pero los vecinos no estaban solos. Grupos de jóvenes prestaron su apoyo en la batalla ocupando casas y cultivando las tierras para mantener viva la huerta. Aunque la convivencia no resultó siempre fácil, por las diferencias generacionales e ideológicas, se compartían objetivos.
El documental «A Tornallom», brillantemente dirigido por Enric Peris y Miguel Castro, deja para la posteridad un vívido testimonio de los hechos, con imágenes de las excavadoras, custodiadas por la policía antidisturbios, demoliendo alquerías; la desobediencia a la autoridad en los techados de las casas y sobre las máquinas, o los desalojos y las detenciones. Un grito de rabia para la memoria en la capital de los «grandes eventos».
Con la perspectiva que da el tiempo, Carmen González, presidenta de la Asociación de Vecinos la Unificadora de La Punta, recuerda cómo la huerta fue víctima de la idea de «un progreso entendido como asfalto; de la imposición de un modelo de ciudad donde se diluyen las relaciones personales en los grandes centros comerciales, y ni siquiera se respetan los orígenes y los vínculos culturales».
En la huerta de La Punta se vivieron situaciones delirantes. En octubre de 2002, según la denuncia del colectivo «Per l’Horta», un grupo organizado de quincalleros empieza a atemorizar a los vecinos y saquear sistemáticamente alquerías y barracas, pese a la presencia continua de la policía nacional en la pedanía. Algunos vecinos se vieron forzados a abandonar sus hogares por las amenazas.
En todo el proceso de expropiaciones, desahucios y demoliciones, los propietarios de las barracas y de las tierras denunciaron flagrantes irregularidades, recogidas en el informe «El desalojo forzoso de los vecinos de La Punta: una violación grave de los Derechos Fundamentales», elaborado por la profesora de la Universitat de València, Rut Mestre, y entregado a Amnistía Internacional.
La oposición a pie de obra no dio resultados. Pero tampoco las vías más institucionales. Cuando «Per l’Horta» presentó en las Cortes Valencianas una Iniciativa Legislativa Popular, avalada con 118.000 firmas, planteando una moratoria para la construcción en tierras de huerta (con especial mención a La Punta), esta fue rechazada por el PP.
En la batalla de La Punta se demostró sobre todo algo. Que el suelo de huerta se considera más una zona estratégica para los negocios (junto al puerto, a un kilómetro de la Ciudad de las Ciencias y de lleno en el circuito de Fórmula 1) que un paisaje y un modo de vida tradicional que deban preservarse, por hallarse en vías de extinción.
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