Las Cortes Generales representantes del pueblo soberano, aprueba leyes para que el pueblo no conozca algunas interioridades de acontecimientos históricos o los actos de determinados personajes, lo que es una barbaridad democrática, pero sigue habiendo materias clasificadas para proteger hechos, mediante una ley anterior a la Constitución.
La Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales (reformada en octubre de 1978), establece un conjunto de medidas para evitar que trascienda el conocimiento de lo que debe permanecer secreto, señalando normas severas que impidan la generalización de calificaciones que tienen carácter excepcional. Pueden ser declaradas materias clasificadas los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado.
Franco la firmó la ley en 1968, celoso de los efectos internos que podía tener una universidad española en subversión. Sirvió para ocultar decenas de crímenes de Estado. En estos tiempos en los que el gobierno señala la necesidad de abordar la regeneración democrática, recordamos que el avance en derechos en España encuentra en esta ley un cerrojo que restringe indebidamente el derecho a la información, la transparencia y la posibilidad de investigar y esclarecer violaciones de derechos humanos.
Recientemente, la Comisión de secretos oficiales del Congreso, ha admitido la petición formulada por Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz del Grupo Plurinacional Sumar para que comparezca la secretaria de Estado directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para informar sobre las cantidades de dinero público para silenciar relaciones sentimentales del rey emérito Don Juan Carlos, así como su uso concreto y motivaciones.
Vivimos en un país de secretos, salvo que afecte al pueblo llano o la vida de algunos personajes populares, cuyo techo se convierte en cristal, por la presión de algunos medios. El año pasado, el Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa, para fijar un periodo de desclasificación automática (25 años para materias secretas y 10 para las reservadas), atribuyendo al Consejo de Ministros la facultad de clasificación.
El Gobierno del PP en octubre de 2015, ya había rechazado desclasificar documentos de entre 1931 y 1968, porque no se consideraba prioritario y por la falta de medios técnicos y económicos para llevar a cabo tal ardua tarea del estudio de miles de documentos sobre la Guerra Civil y la primera etapa del franquismo que fueron clasificados secretos en 1968. Es bochornoso que a estas alturas, los investigadores se vean obligados a acudir a Reino Unido o Francia para conocer hechos de la historia de España.
Esta semana se cumplen cuarenta y cuatro años del 23F de 1981, el golpe de Estado, que dieron los facciosos. Hay más sombras que luces sobre lo ocurrido y más responsables de los que aparecen. Hasta siete secretos del 23F y la Transición podrían quedar a la luz si se modifica la ley de secretos.
«¿Adolfo Suárez propuso al rey Juan Carlos revocar su dimisión un día después del 23F? ¿Nos salvó el rey de un golpe que el mismo había puesto en marcha? ¿Felipe González estaba al tanto de la Operación Armada y aceptó ser vicepresidente de un general? ¿Qué nombres, acciones, relaciones y documentación recabaron los servicios secretos españoles en su investigación? ¿Hasta dónde había implicados mandos y cargos de la época, incluidos los del Cesid? ¿Algún servicio secreto extranjero conocía los planes de ETA para atentar contra Luis Carrero Blanco? ¿Existe en el CNI un archivo llamado Jano con el seguimiento a 8.000 personajes que tenían o podían tener en el futuro una proyección pública?»
El golpe de Estado se dio en nombre del rey y a sus órdenes y lo argumento en el artículo El rey fue uno de los responsables y en una serie de artículos sobre el trágico y bochornoso acontecimiento. «Para Suárez estaba claro que el alma del 23-F era el Rey», en opinión de Pilar Urbano. El rey parece que insistió «¡A mi dádmelo hecho!» (El Rey y su secreto, Jesús Palacios). Estaba previsto que a la llegada de Armada, varios diputados lo avalaran, entre ellos Fraga, Sánchez Terán, Herrero de Miñón, Enrique Múgica, Peces Barba y José Luis Álvarez. En la historia de España, la monarquía siempre se ha restaurado o instaurado mediante golpe de Estado. Se consiguió lo que pretendía: el rey y la monarquía consolidados; la democracia fortalecida; el desarrollo del estado autonómico paralizado; y la política de Suárez reconducida.
El desaparecido Diario16, dejó algunas preguntas, que junto con las que yo mismo hago en Preguntas con respuesta incorporada, que siguen teniendo plena vigencia y en si mismas encierran respuestas sobre lo ocurrido:
¿Qué quiso decir Suárez en su despedida televisiva, con: No quiero que la democracia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España?
¿Por qué no se investigó a El Alcázar, cuando el día antes publicaba: «Todo dispuesto para la sesión del lunes, Antes de que suenen las 18.30 horas»? o a la revista «Spic» del mes de febrero, donde un tal Otis escribía: «No es cierto que yo pretenda dar un golpe militar el lunes 23 de febrero por la tarde… ¡Además, no sé!»?
¿Por qué el Consejo de Guerra que juzgó a los implicados condenó al general Armada a seis años de prisión y el Supremo elevó la pena a 30 años, como a Tejero y Milans?
¿Por qué no se investigó el asalto al Gobierno Militar de Madrid con intervención de elementos ultraderechistas?; ¿Por qué no se investigó quién era la autoridad, «militar por supuesto», que anunció el capitán Muñecas desde la tribuna del Congreso?
La diputada Carmen Echave, declaró a El Correo Español: «Cuando me condujeron los guardias al despacho del vicepresidente del Congreso, me prohibieron encender la luz. «Es por su seguridad. No le conviene ver quiénes están ahí». Nadie lo investigó».
¿Por qué el Gobierno español no protestó ante el de EEUU por la frase despectiva de su secretario de Estado, Alexander Haig ¿«Es un asunto interno de los españoles»? Para Santiago Carrillo, estaba claro que la CIA estaba al corriente de los preparativos del golpe, así como el embajador de Estados Unidos en España. Parece que también el Vaticano había sido informado y la Conferencia Episcopal española.
Posiblemente la mayoría de las pruebas documentales y cintas con imágenes y sonidos habrán sido eliminadas por órdenes de destrucción masiva. Habrá que esperar a la desclasificación de los documentos para conocer algo más sobre el caso, aunque ideas tenemos.
Tras más de 50 años con una ley franquista aún en vigor, hay que reclamar una nueva Ley de Secretos Oficiales. Hasta ahora, en España todos los gobiernos han utilizado la ley sobre secretos oficiales de manera abusiva, restringiendo en ocasiones o incluso poniendo un total candado al derecho de las personas a acceder a la información.
Esta ley mantiene bajo llave aún hoy temas fundamentales de derechos humanos como son los crímenes del franquismo, la venta de armas a países que cometen crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, el espionaje a activistas, periodistas o representantes políticos, o las infiltraciones policiales en movimientos sociales.
En estos tiempos en los que el gobierno señala la necesidad de abordar la regeneración democrática, Amnistía Internacional recuerda que el avance en derechos en España encuentra en esta ley un cerrojo que restringe indebidamente el derecho a la información, la transparencia y la posibilidad de investigar y esclarecer violaciones de derechos humanos.
Es hora de abrir el candado de los secretos oficiales. Por una nueva Ley de Secretos Oficiales que garantice que las violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario dejen de ser secreto.
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