Hace unos días me quedé frente al televisor mirando uno de esos programas de debate donde la gente llama y da su opinión. En una de las llamadas, alguien que se identificaba como empresario venía a decir que los inmigrantes eran unos flojos, que pedían muchos permisos y, a pesar de que les ofrecía unas […]
Hace unos días me quedé frente al televisor mirando uno de esos programas de debate donde la gente llama y da su opinión.
En una de las llamadas, alguien que se identificaba como empresario venía a decir que los inmigrantes eran unos flojos, que pedían muchos permisos y, a pesar de que les ofrecía unas condiciones laborales del copetín de la baraja, ninguno le duraba más de seis meses.
Otra de las llamadas, la de una mujer, aseguraba que en su trabajo los inmigrantes tenían muchos privilegios y, sabía ella de buena tinta que algunos cobraban dos sueldos.
De un tiempo a esta parte, es cada vez mas frecuente escuchar este tipo de opiniones de una manera casi generalizada, y que, a mi modo de ver, tienen su origen en dos hechos preocupantes.
El primero, que me parece el más terrible, es el sentimiento de profunda insolidaridad que parece estar instalándose en sectores cada vez más amplios de la sociedad. El segundo tiene mucho que ver con el desconocimiento que existe en cuanto a las políticas de extranjería, a cómo funcionan, y cuáles son sus efectos.
Tal vez convenga recordar que desde el año 1985 existe una Ley Orgánica llamada de Extranjería que regula la entrada, salida y permanencia de las personas extranjeras extra-comunitarias. Dicha Ley ha sido reformada en varias ocasiones; la última modificación hecha por el Partido Popular, la actual 14/2003 entró en vigor el 23 de diciembre de ese año.
La Ley de Extranjería la venimos rechazando desde sus inicios por estar basada en principios de discriminación; es xenófoba y racista; produce gran sufrimiento y, en ocasiones, consecuencias dramáticas en personas inmigrantes.
Para que una persona extra-comunitaria pueda cruzar «nuestras fronteras», tiene que venir de un país que no necesite visado de entrada, que cada vez son menos, y cada vez es más larga la lista de los que sí necesitan, 134, incluidos la totalidad de los 52 estados africanos.
(Si éstos pudiesen venir en ferry, se habría evitado la tragedia: personas colgadas de una alambrada muertos por disparos; abandonados en el desierto sin agua para que mueran; ahogados que vomita el mar; 10.765 muertos y desaparecidos desde 1989, escalofriante balance; muertos que tienen que pesar en cada una de nuestras conciencias «democráticas»).
Cuando alguien consigue pisar el «paraíso europeo» y quiere quedarse de manera «legal», tiene que encontrar a una persona que le haga una oferta de empleo y, si la encuentra, tiene que marcharse rápidamente a su país a esperar, mientras ese empleador gestiona su permiso de trabajo. Este empleador o empleadora empezará por que el INEM le certifique que no hay ningún nacional que quiera ese puesto de trabajo, o mirar el catálogo trimestral de puestos de difícil cobertura donde se publican los trabajos que no queremos hacer los y las nacionales. Con la certificación positiva, podrá solicitar el permiso en la Dependencia de Trabajo de la Delegación o Subdelegación de la provincia. Cuando le contesten (entre 4 y 6 meses), si es afirmativa, se la mandará al inmigrante que está esperando en su país, para que, a su vez, pueda solicitar el visado de trabajo en la Embajada o Consulado correspondiente; con ese visado de trabajo ya puede venir a trabajar. Cuando llegue, tiene que pedir el permiso para residir. Este primer paso es el inicio de una larga carrera de obstáculos que suele durar varios años.
Para poder renovar ese permiso, tiene que sumar las cotizaciones necesarias; si se le termina el contrato de trabajo y le ofrecen otro, no podrá cambiar de sector de actividad o de provincia.
Si no puede renovar ese permiso, no podrá abordar la reagrupación familiar con su mujer o su marido o sus hijos. Si tiene que viajar a su país por muerte de sus padres, hermanos… tiene que cuidar las fechas y solicitar Autorización de Regreso antes de marcharse. Si cambia de domicilio, tiene la obligación de notificárselo a la Policía.
El colmo de la desesperación son los ultrajes y atropellos por parte de embajadas y consulados, donde les niegan de manera sistemática y sin motivo aparente visados de reagrupaciones de sus mujeres e hijos. Lagos y Accra se llevan la palma en denuncias al Defensor del Pueblo, pero no son las únicas.
Se les exige papeles y más papeles que les obligan a andar de un lado a otro perdiendo el tiempo, haciendo colas, sufriendo humillaciones por parte de diferentes funcionarios.
Se les somete a una sangría económica constante, pagando cada trámite, legalización de documentos, envíos de poderes, en ministerios, notarías…
Y todo ello lo sobrellevan con la esperanza de normalizar una vida digna; con tal de no perder el dichoso permiso; de no volver a la irregularidad; de no ser de nuevo un «sin papeles» a merced de algunos empresarios sin escrúpulos (denuncias por estafa, petición de tres a seis mil euros por un contrato) que en el mejor de los casos les pagan mal por largas jornadas de 12 ó 14 horas; o no les pagan y les amenazan con denunciarles.
Obligados a vivir con el miedo constante a ser detenidos y deportados a sus países de origen.
Así es la Ley de Extranjería, un conjunto de normas sin sentido que urge cambiar por unas políticas más justas y acordes a la realidad. Y no podemos pasar la pelota de la responsabilidad a los representantes políticos, y los políticos escudarse en la ciudadanía; ésta es una tarea de todas y cada una de las personas que formamos la sociedad de acogida.
No es justo pretender que vengan de manera «ordenada» cuando y como nos conviene, y luego darles la patada. No podemos ser tan hipócritas de acogernos sólo a los beneficios que aportan: al desarrollo y crecimiento económico, cultural y social del país, y obviar que, al margen de ventajas e inconvenientes, son seres humanos con derechos y necesidades, como cualquiera de nosotros y nosotras.
Se nos llena la boca de «interculturalidad», «integración» y zarandajas por el estilo, cuando no son iguales ante la Ley.
Dejemos de ver la inmigración como un «problema». Sólo es un fenómeno natural tan antiguo como la Historia. Las «invasiones», las «avalanchas» son una idea totalmente falsa. Sólo el 2,9% de la población mundial es inmigrante; en Europa equivale al 6,4% de la población total.
Pero más allá de cifras u otras consideraciones, la mayor estupidez es negar la evidencia de los hechos. Por tanto, un poquito de solidaridad será un elemento clave, si de verdad queremos articular una sociedad con menos injusticias y desigualdades.