«Menos del uno por ciento de las mujeres y niñas viven en países con niveles altos de empoderamiento femenino y una reducida brecha de género», dice el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en la conclusión de un informe.
Es discutible el concepto de empoderamiento que utilizan los organismos internacionales, pues en muchos casos se reduce a limitada participación que no repercute en la toma de decisiones, pero es irrefutable que ninguna mujer o niña vive en una realidad social donde la brecha de género haya sido irreversiblemente borrada.
No hay pleno reconocimiento a la condición humana del ente llamado mujer.
Además de sacar cuentas cada 8 de marzo, hay que decir que el desconocimiento de la condición humana tiene derivadas repugnantes como la discusión en los medios sobre la justeza de la impunidad en casos de abuso sexual a niñas.
En plataformas internacionales y en medios de comunicación corporativos de Colombia, de Panamá, de Honduras, de Guatemala y de República Dominicana, para solo citar algunos ejemplos, reconocidos analistas discuten cómo preservar la inserción en el espectáculo o en el ejercicio profesional de personas involucradas en operaciones de compra y venta de niños (sobre todo de niñas) para explotación sexual.
Los dividendos son para empresarios y el objeto de compra y venta, cuando se quiere disfrazar la operación, procede de los sectores menos favorecidos de la población. Se percibe el sello de clase en el tratamiento de cada caso.
Se discute públicamente sobre el posible destino de las entradas en divisas, como si no revistiera gravedad la conversión en mercancía sexual de una jovencita. ¿Cabe en ese contexto el término humanidad? De dignidad, está claro, no se puede hablar.
Indignante es también el uso de ciertas palabras cuando se habla de las menores abusadas. En más de un medio de República Dominicana, por ejemplo, se ha dicho que Esmeralda Richiez, la jovencita que en febrero del año pasado murió desangrada (por aborto clandestino o por práctica sexual violenta) era amante del docente acusado del hecho.
¿Es tan difícil tipificar como violación la relación de un docente con una menor de 16 años?
La legislación no borra la cultura centenaria. Por eso hablan de ese modo analistas y seudoanalistas con sucios intereses.
Con la influencia de los medios corporativos, intelectuales e intelectualoides asumen sin criticidad en las redes sociales un vocabulario ofensivo, soez. Se refieren a las menores abusadas con el término `menol`, indicando con sorna que tienen experiencia sexual. Así defienden a los violadores (deportistas millonarios, cantantes que pueden llenar sus bolsillos y los de sus manejadores, o funcionarios civiles y militares que comercian con todo).
En ese ambiente, tiene mucho menor costo político seguir manteniendo el aborto como crimen, desconocer la violación sexual cuando se produce dentro del matrimonio, e incluso intentar revertir viejas conquistas.
EN LA SOCIEDAD DE CLASES…
La lucha por el reconocimiento de la condición humana de las mujeres no está divorciada de la lucha por desmontar la sociedad de clases. Es parte importante en ella.
Hoy, cuando la clase dominante se apega al populismo integrándolo a su estrategia para preservar los privilegios, se desdoblan sus servidores en santurrones y descarados comerciantes, pero en realidad son los mismos traficantes de todo.
Los hechos, sin embargo, descorren el velo de la mentira.
En Honduras, en junio pasado, más de cuarenta mujeres (cuarenta y una según algunas crónicas y cuarenta y seis según otras) fueron asesinadas en una cárcel. Eran mujeres de maras que murieron en reyerta, se destaca también.
¿Qué son, ahora, si no difuntas sin nombre, pobres muertas y, más que eso, muertas pobres? Esto sucede en la Centroamérica explotada y tutelada por el imperialismo, en el país donde en el año 2009 el Comando Sur dirigió un golpe de Estado.
Y, como de aniversario se trata, se recuerda que, en Guatemala, el 8 de marzo del año 2017 murieron calcinadas cuarenta y una jovencitas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
A las de Guatemala las mató el incendio y a las de Honduras las mató el cuchillo, pero muertas son, y muertas pobres, en hechos que el poder mediático niega que tengan carácter de clase.
Están comprometidos los medios a negar que existe una política de exterminio de delincuentes mediante la cual la clase dominante elimina a quienes, en lugar de vender barata su fuerza de trabajo, se convierten en infractores de las leyes vigentes.
No es casual que se borrara en los tribunales dominicanos la tinta empleada para documentar el caso de las siete jovencitas fallecidas en agosto de 1995 en un incendio en el Instituto Preparatorio de Menores Féminas de Santo Domingo. ¿Con qué dinero sería pagado el reclamo por la muerte de una niña de la calle, o de siete niñas? Es una crónica de horror, pero retrata una realidad no superada.
El populismo machista defiende el patriarcado destacando la participación de mujeres en hechos condenables y la reprochable postura de otras que, como la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, han tomado decisiones autoritarias con sello de clase en sociedades marcadas por la desigualdad y la exclusión.
No hay que ceder a esta manipulación. El nombre femenino en el cargo de mayor jerarquía no transforma por sí mismo las instituciones.
No deja de ser el Comando Sur un organismo militar de violencia imperialista porque sea su jefa Laura Jane Richardson, y es dictadora y golpista Dina Boluarte en Perú, como exponente de un bloque de potencias serviles y criminales es Ursula von der Leyen.
Y en la delincuencia común, como en la delincuencia política, no es posible exculpar a quien compra favores sexuales o abusa de menores con la mención de un nombre femenino en el entramado de comercialización, así se trate de la madre de la víctima. Una adolescente no es justamente vendida por el hecho de que la venda su madre o algún otro familiar cercano, hombre o mujer.
La búsqueda de la verdad en cada caso es obstaculizada por medios y por gobiernos que han prostituido el sufragio, criminalizado la pobreza e impedido el ejercicio de derechos fundamentales. El esencialismo de algunos comentaristas es un recurso para continuar reproduciendo antivalores.
La asunción del feminismo es compromiso con la igualdad, contra el racismo, contra el fascismo, contra la segregación. No se puede olvidar a la mujer refugiada, a la migrante que no puede obtener los documentos requeridos por los organismos represivos a nivel regional y global, a la parturienta que busca atención en condición de indocumentada en hospitales carentes de higiene, de equipos y de medicamentos, a la refugiada que, a cualquier edad, es víctima de trata porque el sistema económico no la reconoce como vendedora de fuerza de trabajo.
Clara Zetkin (1857-1933), la preclara feminista nacida en Sajonia, entendió que no se pueden separar la lucha por la liberación de las mujeres y la lucha por el desmonte de la sociedad de clases. En un artículo escrito en 1889 apuntó: “La cuestión de la plena emancipación de la mujer, por lo tanto, resulta ser en última y decisiva instancia, ante todo una cuestión económica, que está siempre en la conexión más íntima con la cuestión de los trabajadores y puede ser finalmente resuelta sólo en relación con ella. La causa de las mujeres y la causa de los trabajadores son inseparables y encontrarán su solución final sólo en una sociedad socialista, basada en la emancipación del trabajo de los capitalistas”.
Enriquecer y actualizar el aporte teórico de mujeres como Zetkin y Rosa Luxemburgo, contemporánea de Zetkin y militante por la igualdad, y enfrentar con inteligencia la campaña de antivalores que sustenta la parte más recalcitrante del poder mediático, es un deber que debe asumir hoy el movimiento feminista y toda persona que propugne por el reconocimiento de la mujer como ser humano de pleno derecho… Hablar de humanidad es también hablar de conciencia.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.